La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en evidencia una verdad incómoda: reconocer a los animales en la Constitución no basta si el Congreso no cumple con su obligación de expedir una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.
Hace apenas unos años, pensar que los animales, todos los animales, serían reconocidos en nuestra Constitución como seres sintientes y sujetos de protección parecía un sueño lejano. Hoy esa visión está inscrita en el texto supremo de nuestra nación. Sin embargo, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos obliga a ver con claridad: el simple reconocimiento constitucional no basta si no se acompaña de leyes claras, de voluntad política y de una cultura jurídica que entienda qué significa proteger de verdad a los animales.
El pasado 3 de febrero, la SCJN votó en un caso que, en teoría, debería haber sido un gesto contundente de respaldo a la protección animal. En la práctica, se convirtió en una señal preocupante de que, sin una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, el mandato constitucional puede quedar en el papel.
La Corte, en su mayoría, declaró inconstitucionales varias fracciones de un reglamento del municipio de Tepic, Nayarit, que prohibían las peleas de animales. La ministra Loretta Ortiz, en su voto decisivo, sostuvo que la reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal “aún no está delimitada por una ley reglamentaria”, y por ello los instrumentos locales no pudieron aplicarse plenamente. El argumento principal de la mayoría fue que, sin una ley general que ordene la materia, la distribución de competencias entre las órdenes de gobierno no estaba suficientemente definida.
Este fallo es más que un tropiezo técnico: es un recordatorio de que las conquistas jurídicas no se consolidan solas. Reconocer en la Constitución que los animales son seres que sienten y merecen protección, como se ha hecho en México, es un avance sin precedentes en el continente. Sin embargo, como lo mostró este caso, el significado de ese reconocimiento depende de la calidad de las leyes que lo hagan operativo y del entendimiento que tengan jueces, legisladores y órganos administrativos sobre el alcance de esa protección.
Es urgente recordar que esta decisión no ocurre en un vacío. Orgánicamente, en México ha habido avances importantes: diversas entidades han legislado para sancionar el maltrato y la crueldad animal, y la SCJN incluso ha respaldado la constitucionalidad de normas que penalizan estas conductas cuando están bien formuladas y no vulneran derechos humanos, aclarando que maltrato y crueldad no son conceptos vagos, sino jurídicamente evaluables caso por caso.
Pero ahí radica el desafío: el reconocimiento de que los animales sienten dolor y merecen protección no es suficiente si las leyes siguen siendo fragmentadas, incompletas o sujetas a interpretaciones judiciales limitadas.
¿Qué significa esto para la lucha por los animales?
Primero, nos obliga a ser más estratégicos. La protección animal no puede depender de sentencias aisladas ni de la sensibilidad de una mayoría de magistrados. Requiere una Ley General de Protección Animal robusta, con criterios claros, mecanismos de implementación y sanciones contundentes que integren estándares de bienestar, sancionen prácticas crueles, especialmente en explotaciones como la ganadería industrial, las jaulas, los transportes y los mataderos, y abran espacios para la educación y la prevención sistemática del sufrimiento.
Segundo, nos recuerda que la pedagogía no termina en las escuelas ni en las campañas públicas: debemos hacer pedagogía incluso con jueces y legisladores. No es suficiente establecer normas si quienes las interpretan y aplican desconocen la ciencia del sufrimiento animal o los principios éticos que sustentan la protección legal de todos los animales.
Tercero, esta decisión subraya la importancia de que la sociedad civil organizada no abandone el terreno jurídico. Los activistas deben estar en los pasillos de los congresos, en los tribunales, en los medios y en cada discusión pública para hacer visible la incongruencia entre lo que establece la Constitución y lo que ocurre en la vida real de millones de animales.
Una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar
La omisión del Congreso de la Unión, que todavía no expide una Ley General de Protección y Bienestar Animal pese al mandato constitucional, no es solo un vacío legal: es una falla política y moral que tiene consecuencias concretas para la vida de los animales en México.
Como activistas, como ciudadanos, como sociedad, debemos aprovechar este momento para articular con fuerza una agenda que obligue a los poderes públicos a cumplir no solo con la letra, sino también con el espíritu de la Constitución. Las vidas que esperan justicia, desde los animales de compañía hasta los más invisibilizados de la ganadería industrial, no pueden esperar más.
Igualdad Animal impulsa la Ley General de Protección Animal en el Congreso
La protección animal no puede seguir siendo una aspiración noble sin efectos reales. Tenemos que transformar avances simbólicos en estructuras institucionales sólidas, en leyes operativas y en una cultura jurídica que entienda que proteger a los animales es proteger nuestra propia humanidad.
El mandato constitucional está. Ahora necesitamos la voluntad política, la claridad jurídica y la presión social para que se materialice.
