Ciudad de México, 27 de feb (SinEmbargo).- La mentada lista de desaparecidos que ofreció la Secretaría de Gobernación está en vías de desaparecer. No es oficial; es decir, no se considera definitiva por el gobierno federal. No incluye las desapariciones forzadas, esas que denunció Human Right Watch. Los panistas sostienen que se trata de un simple registro de “personas no localizadas”, mientras que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos dio un número ayer, que no cuadra con otros datos publicados.
"Nosotros no estamos en la guerra de cifras", dijo el Senador panista Roberto Gil Zuarth sobre el dato de desaparecidos durante la administración de Felipe Calderón que dio ayer la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón.
De acuerdo con la cifra de la Segob, hay 26 mil 121 desaparecidos, de los cuales 20 mil 915 están relacionadas con averiguaciones previas y actas circunstanciadas, mientras que 5 mil 206 casos se encuentran pendientes de validación.
Sin embargo, Gil Zuarth respondió que "la base de datos no aporta, bajo ninguna modalidad, una cifra de personas desaparecidas, sino que únicamente se trata de registros de personas no localizadas. La diferencia es fundamental, dado que las circunstancias y los participantes en términos de la ley y los tratados internacionales, son diametralmente diferentes".
"La Secretaría de Gobernación ha precisado con toda claridad que la base de datos a la que aludió en días pasados integra registros de personas no localizadas a partir de información entregada por las procuradurías estatales. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia se trata de una base de datos que integre o concentre casos de desapariciones forzadas”, dijo
Héctor Larios Córdova, Senador del PAN, dijo que el 90 por ciento de los casos son responsabilidad de los estados y no precisamente de la administración encabezada por Calderón.“Fue el Presidente Calderón el que, mediante decreto, creó Províctima", agregó.
"La afirmación que pudiera hacerse de que lo que tratamos es de exculpar al anterior Gobierno Federal no tiene ningún sustento, porque no hay responsabilidad del Presidente Calderón, era responsabilidad de los gobernadores de los estados y se quiere personalizar en una autoridad”, dijo.
La administración anterior, desde el segundo semestre de 2011, estableció mediante decreto presidencial, la Procuraduría Social para Atención a Víctimas, en cuyas funciones está integrar expedientes y apoyar a las víctimas para la localización de personas desaparecidas o no localizadas.
También estableció, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un protocolo de localización de personas no localizadas. Un protocolo que vincula a todas las autoridades estatales, a los gobernadores, ministerios públicos y presidentes municipales.
En abril de 2012, el Congreso de la Unión, a instancias del Ejecutivo federal, aprobó una ley que establece el registro de personas desaparecidas no localizadas, ausentes o extraviadas. Es una ley vigente que ordena a distintas dependencias integrar bases de datos. Todas son acciones del gobierno anterior, de la administración del presidente Calderón con el propósito de no solamente localizar a las personas desaparecidas o no localizadas, sino, sobre todo, dar plena satisfacción a los derechos de las víctimas y de sus familiares.
VÍCTIMAS, LA PRIORIDAD
Angélica de la Peña, Senadora del PRD y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que "si bien los números no son oficiales, se está planteando buscar un contexto de oficialidad que permita tener un padrón totalmente certificable"
“Yo creo que tiene que ser contemplado por encima de las diferentes posiciones partidistas y pensemos en la gente común y corriente que llega a las oficinas de todo mundo a pedir ayuda, a pedir apoyo para encontrar a su familiar que ha sido desaparecido, que ha sido desaparecido en circunstancias a veces no claras, a veces en el contexto de situaciones de agresiones en donde están vinculados agentes del Estado o aparentemente por agentes del Estado, porque también se ha comprobado que a veces utilizan uniformes oficiales o frente a agentes del crimen organizado e incluso también del ámbito local”, dijo.
Y añadió “yo no creo que sea correcto que sigamos mandando escusas respecto de que esto compete al ámbito federal y esto compete al ámbito local. Lo que necesita la gente es que haya un enfoque nacional, un compromiso por parte de todo el Estado, que incluya también municipios de tal forma que tengamos posibilidades de darle certidumbre a esta preocupación que tiene años en cada una de estas familias que no encuentran un eco sobre su problema”.
El Senador Gil Zuarth finalizó " lo que queremos es que no solamente la autoridad cuente con una base de datos oficial que le permita satisfacción a la demanda de los ciudadanos, de las víctimas, sino también que cada caso quede resuelto”.
LAS OTRAS CIFRAS
El dato que dio Lía Limón se acerca a los que ofreció la organización civil mexicana Propuesta Cívica AC, que publicó en diciembre pasado en el rotativo Los Ángeles Time una base de datos extraída de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que registraba 20 mil 852 desaparecidos.
También se acerca a los datos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y el diario estadounidense The Washington Post: 25 mil desaparecidos.
Distante se encuentra la organización Human Rights Watchs que documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Calderón. “En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”, dijo en un comunicado.
Hasta su último informe -en marzo de 2012-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había registrado 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes entre 2006 y 2012. Pero presentó un aumento de cuatro desapariciones forzadas en 2006 a 346 en 2010.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal mantenía en 2 mil 44 casos los registros de personas extraviadas o desaparecidas. Las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) eran de 4 mil 800 expedientes, en tanto la Procuraduría capitalina reportaba 5 mil 229 personas extraviadas en todo México.
