Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Acompañados por dirigentes de la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), pobladores de Ajalpan, Puebla, anunciaron que presentarán una denuncia por haber sido agredidos "con balas de goma y madera por granaderos estatales" el pasado 27 de mayo, durante una manifestación donde exigieron seguridad y servicios como agua potable.
El hecho ocasionó heridas en cinco personas, entre ellas, un niño de 12 años que se vio obligado a salir de Ajalpan ante las intimidaciones hacia su familia, plantearon a la prensa. También dijeron que callaron estos hechos por temor a las represalias del gobierno estatal, que comanda Rafael Moreno Valle.
No denunciaron antes, dijeron, debido a que varios pobladores del lugar fueron detenidos y otros más sufrieron represión por parte de algunos funcionarios municipales.
En una conferencia de prensa, los habitantes del municipio acusaron de "represión" al Gobernador Rafael Moreno Valle y subrayaron que las medidas policiacas pudieron provocar muertes como sucedió el 9 de julio en el operativo de San Bernardino Chalchihuapan, por el cual falleció el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo tras recibir el impacto de un objeto aún no determinado.
Demandaron que antes de organizar la protesta pacífica, exigieron sus peticiones al Diputado local Eukid Castañón Herrera; no obstante, el legislador les respondió de manera negativa mediante un oficio.
Además señalaron al líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, como responsable de los actos represivos.
Como prueba de la represión denunciada, los pobladores mostraron a los medios de comunicación los artefactos que identificaron como balas de goma y de madera. Sin embargo, las víctimas dudan de la imparcialidad de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
En agosto pasado, el gobierno de Puebla, que preside Rafael Moreno Valle Rosas, mandó la orden de dejar bajo reserva por siete años toda la información del desalojo del 9 de julio pasado que implementaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y que dejó a nueve ciudadanos heridos de gravedad y al menor José Luis Tehuatlie Tamayo con impactos en la cabeza que, 10 días después, le costaron la vida.
De acuerdo con información de Un1ón Puebla, y de diarios locales, la administración morenovallista calificó --por un día-- como reservada la información sobre cuántos uniformados acudieron a controlar la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, en un tramo de la carretera Puebla-Atlixco, así como el nombre del funcionario que estuvo al frente del operativo.
En medio de las protestas en contra del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a un mes de haber sido promulgadas las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, las radios comunitarias –que fueron allanadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– mantienen la lucha por seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, pese al constante acoso que, denuncian, cometen las autoridades estatales y federales para impedir que “la voz del pueblo” se escuche.
