Jesús Eugenio Uriostegui García, actual Oficial Mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue secretario y funcionario en distintas áreas cuando Ángel Aguirre Rivero gobernó por primera vez el estado de Guerrero, de acuerdo con el portal de transparencia del mismo organismo.
Uriostegui García, quien ha trabajado estrechamente con el mandatario, tiene poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la institución pública, según el mismo sitio. Fuentes consultadas indicaron que Uriostegui podría no representar un conflicto de interés, aunque sí un dilema ético.
El gobernador Aguirre Rivero fue denunciado ante la CNDH por “violaciones graves a los derechos humanos, privación de la vida de dos estudiantes, tortura a 15 personas y 24 detenidos”, luego de que el pasado 12 de diciembre la policía reprimió una manifestación de integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Chilpancingo, Guerrero.
Este lunes, la Comisión indicó que existen elementos para considerar que hubo graves violaciones a las garantías individuales durante el enfrentamiento entre policías y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero.
Aguirre se convirtió en el primer gobernador en la historia moderna de México que es citado por un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en este caso Raúl Plascencia Villanueva– con base en las nuevas atribuciones que le confirió la reforma constitucional en esa materia, para esclarecer esos hechos.
Proceso planteó que, en 2007, cuando el actual titular la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia era Primer Visitador y brazo derecho del entonces ombudsman José Luis Soberanes Fernández, tenía a un sobrino de su segunda esposa, Jesús Eugenio Urióstegui García, trabajando como director de área en la Dirección General de Presuntos Desaparecidos (Predes).
Uriostegui García se desempeñó en Guerrero como coordinador general de los Foros Regionales de Desarrollo Integral de la Juventud; coordinador en la capital del estado de la Secretaría de la Juventud; secretario auxiliar del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; subdirector en la Empresa “Asesores y Consultores Profesionales; Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios del OPD Colegio de Bachilleres; secretario privado del Director General del OPD Colegio de Bachilleres; secretario particular del Director General del OPD Colegio de Bachilleres; directivo del plantel No. 1 del OPD Colegio de Bachilleres.
Todos estos cargos fueron ejercidos en la administración 1996-1999, periodo en el que Ángel Heladio Aguirre Rivero suplió el 12 de marzo de 1996 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quién solicitó licencia para separarse de su cargo como consecuencia a la Matanza de Aguas Blancas, donde campesinos fueron asesinados por agentes de la policía estatal. El gobernador sustituto terminó el periodo constitucional de gobierno el 31 de marzo de 1999.
Dentro de la CNDH, Uriostegui se ha desempeñado como jefe de Departamento de la Segunda Visitaduría General; secretario particular del Director General de Presuntos Desaparecidos; visitador adjunto de la Segunda Visitaduría General; director de Área de la Segunda Visitaduría General; director del Área de Presuntos Desaparecidos de la Primera Visitaduría General; director general adjunto de Vinculación con Organismo Públicos de Derechos Humanos, de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo; director general de Enlace y Desarrollo con Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y, actualmente, se desempeña como Oficial Mayor.
Informe preliminar de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, indicó este lunes que existen elementos para considerar que hubo graves violaciones a las garantías individuales durante el enfrentamiento entre policías y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, el pasado 12 de diciembre.
Durante la presentación del informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, el ombudsman planteó que derivado de las evidencias se concluye que de manera arbitraria fueron detenidas 24 personas, al tiempo que enfatizó que el uso de la fuerza siempre debe ser el último recurso.
El informe señala que participaron 175 policías, de los cuales 67 portaban armas de fuego. "Se observó que la muerte de los dos estudiantes fueron de una causa violenta por la trayectoria de los disparos que hacen suponer que dichos disparos fueron de poniente a oriente particularmente de la policía ministerial y policía estatal preventiva", detalló Plascencia.
Previamente, en una entrevista en Radio Red, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis García López Guerrero informó que los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad en los hechos acontecidos el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol donde fallecieron dos estudiantes y posteriormente el despachador de una gasolinería.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el visitador dijo que la averiguación previa consta de 2 mil páginas, mientras que el informe que ellos laboraron de 6 mil, por lo que el informe completo lo entregarán en los próximos dos meses.
