Urge reforma para castigar con cárcel a funcionarios corruptos: Nueva Alianza

México, 12 Feb. (Notimex).- El diputado por Nueva Alianza, Gerardo del Mazo Morales, destacó que es urgente castigar con cárcel sin derecho a fianza a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción en el país.

Lo anterior, tras señalar en entrevista que México se ubica en la posición número 100, de entre 183 países considerados en el Indice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparencia Internacional (TI).

El legislador precisó que Nueva Alianza insistirá en la aprobación de reformas que beneficien de manera directa a la sociedad, como es el caso de esta iniciativa que plantea reformar el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para castigar los delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, concusión.

Asimismo que se sancionen el uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito.

Además, propuso que estos ilícitos sean considerados como delitos graves y puedan ser sancionados con penas de prisión y no solamente se inhabilite a los funcionarios de sus cargos por un tiempo, dijo en entrevista.

De acuerdo con el informe de labores 2010 de la Secretaría de la Función Pública, en la presente administración se han capturado en flagrancia a 55 servidores públicos realizando actos de cohecho o extorsión, señaló.

Tan sólo en lo que va de este año dijo que se han denunciado a 464 personas por este tipo de delitos, lo que ocasionó que 915 servidores públicos hayan sido inhabilitados.

Además, la propia Secretaría de la Función Pública ha admitido que a pesar de que todas las denuncias están bien integradas, no se puede castigar enérgicamente y con penas severas a los servidores públicos, ya que la mayoría de los delitos que cometen generalmente alcanzan fianza.

Por tales causas, Del Mazo Morales urgió modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que en los últimos años la corrupción en el país ha establecido márgenes de maniobra de muchos funcionarios públicos.

También, abundó, las denuncias al respecto se han incrementado significativamente, pues pasaron de 115 acusaciones en 2009 a mil 779 en 2010.

“Como legisladores tenemos el deber de simplificar y dar claridad a las disposiciones existentes y otorgar certeza jurídica para que se pueda sancionar con eficacia a los servidores públicos que hayan hecho de la corrupción un modo de vida”, puntualizó.