Rosalinda Ávalos irrumpió el Congreso de San Luis Potosí para exhibir que Sabas Santiago Ipiña, un aspirante a juez en las próximas elecciones judiciales, está siendo investigado por su presunta relación con el homicidio de sus hijos, Carlos de 20 años y Daniela de 18 años, en 2020. La madre logró que el Legislativo lo excluyera pero este caso va más allá, han pasado 4 años y aunque hay varios funcionarios públicos detenidos, el proceso contra los responsables está estancado.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- “Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”, preguntó Rosalinda Ávalos en medio de la sesión del Comité de Evaluación del Congreso de San Luis Potosí al escuchar que Sabas Santiago Ipiña sería candidato a juez de oralidad penal en la entidad en la elección judicial del 1 de junio próximo, expolicía acusado de estar involucrado en el homicidio de sus hijos, Carlos y Daniela, de 20 y 18 años, en 2020 y que siguen sin justicia.
Días después de la denuncia que hizo Rosalinda, policía de investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí y activista desde hace 4 años, el Congreso de SLP le confirmó que, tras “revisar bien” el perfil de Ipiña, el expolicía –que fue compañero de Ávalos– no estaría en la boleta.
A pocos meses de la elección de personas juzgadoras, criticada por unos y aclamada por otros, esto fue lo que dio a conocer el caso de Carlos y Daniela, pero detrás hay 4 años de lucha y un sinfín de trabas para el acceso a la justicia. Además, la madre teme por su seguridad y la de su hija mayor, pues a quienes se enfrenta son funcionarios públicos y todo comenzó como una represalia.
“Yo decía: ¿cómo va esta persona llegar a ser juez?, preocupada por mi caso porque su intención era manipular el proceso pues dentro de los nueve imputados que están por el homicidio de mis hijos está su compadre Miguel N, alias El Mickey, y está el jefe de de célula de La Pila del Cártel Jalisco, donde inició todo esto, y es su amigo”, dijo en entrevista con SinEmbargo Rosalinda.
El caso en San Luis Potosí
En 2020, Rosalinda fue asignada a la delegación de La Pila –una de las zonas más conflictivas de la capital San Luis Potosí, donde se habían disparado el robo de vehículos y de asaltos con violencia–, por parte de la Fiscalía de SLP y estaba investigando al llamado Cartel de la Ministerial, una presunta red de policías ministeriales que trabajaba en colaboración con el crimen organizado.
Allí, durante un rondín de rutina, ubicó una camioneta con reporte de robo y tras una breve persecución logró detener a los tripulantes: eran dos de sus compañeros de la Fiscalía –Ulises N, alias El Kiko, y Miguel N, alias El Micky, hoy detenidos por el asesinato de sus hijos–. Ella trató de escalar el caso a sus superiores pero no tuvo éxito, y empezó a recibir amenazas.
“El 11 de septiembre del 2020 yo vi a mis compañeros que traían una camioneta robada, les di seguimiento y estos dos son a quienes señaló ahora como imputados, Miguel N y Ulises N, cercanos a Sabas Santiago Ipiña.
Entonces, pues de ahí se desató todo esto y para el 21 de septiembre siguiente recibí un mensaje de texto a mi celular de amenazas. Yo informé de todo esto a mis superiores desde el momento que sucedió, pero por ser mujer no me hicieron caso”, comentó.
“No tuve la protección institucional que debía haber tenido como elemento amenazado por la delincuencia organizada, ellos [sus jefes] fueron omisos, Castillo Celestino [Director de la policía Ministerial del Estado] y el ahora comisario Juan Alejandro Menchaca Soto. Hay tarjetas informativas que lo acreditan y ellos hicieron caso omiso”.
Las amenazas contra Rosalinda por intentar combatir al llamado Cartel de la Ministerial se concretaron el 11 de noviembre de 2020 cuando tres hombres entraron por la fuerza en su casa, en el municipio Soledad de Graciano Sánchez, al este de la capital, y dispararon contra sus hijos. Los dejaron en la entrada de su casa, al interior de su auto.
Murieron Carlos, que estudiaba para ser chef, y Daniela, estudiante de arquitectura. En el ataque también resultó herida la hija mayor de Ávalos, quien recibió una bala en el brazo y hasta la fecha lucha contra las secuelas.
La investigación apunta a que policías ministeriales [Rosalinda señala que uno de estos policías habría sido Sabas] a bordo de una patrulla indicaron cuál era la casa y otros dos civiles en motocicleta vigilaron mientras se producía el ataque.
Actualmente, hay nueve personas vinculadas a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cuatro expolicías y cinco civiles, pero por el evidente conflicto de interés, Rosalinda pide que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso.
“Llegaron hasta mi domicilio, ¿quién les dijo dónde yo vivía? Pues los mismos policías, él [Ipiña]. Por hacer bien mi trabajo, mataron a dos de mis hijos. Sabas Santiago Ipiña participó”, declaró Ávalos en el Congreso.
Los implicados
Sabas Santiago Ipiña trabajaba en la Dirección General de Métodos dentro de la Fiscalía de San Luis Potosí como jefe del grupo de combate al narcomenudeo. Luego de lo ocurrido con Rosalinda, en 2021 se inhabilitó por una lesión y se jubiló en 2023, cuando empezó a litigar como abogado defensor de varios detenidos acusados de crimen organizado y ser parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.
A raíz de las convocatorias para la elección judicial, Ipiña se registró para ser juez de oralidad penal: el Comité del Poder Ejecutivo lo rechazó por no cumplir con el requisito de haber sido abogado litigante por al menos cinco años, pero el Comité del Legislativo lo colocó como uno de los mejor evaluados, por lo que obtenía pase directo a la elección, sin pasar por la tómbola.
"No puede ser, si tiene la denuncia, si yo lo señalo por nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación en mi carpeta y en la denuncia, ¿por qué? Es lo malo de esta reforma [la Judicial] está siendo hecha al vapor y mal entonces pensé que al menos debían saber quién era esta persona, que no era idónea”, comentó la señora Rosalinda.
La presidenta del Comité de Evaluación, Esther Maldonado Castillo recibió la denuncia y días después, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado le informó que Ipiña había sido eliminado de la lista.
Actualmente, la policía de investigación sigue dos procesos penales abiertos: por el homicidio de dos de sus hijos y el otro contra 21 servidores públicos de la Fiscalía de San Luis Potosí. Por la primera carpeta, están detenidas nueve personas; Roberto Carlos N, alias El Meteoro o El Cometa; Evaristo N, conocido como El Tolo; dos sicarios y José Guadalupe N, todos del Cartel Jalisco. Así como los policías Saúl N , Miguel N, Brallan N y Juan Carlos N.
En la segunda carpeta, la agente señala a 21 funcionarios con vínculos con el cartel, entre ellos Sabas Santiago Ipiña. Dejarlo fuera de la boleta de la elección judicial trajo visibilidad a su caso a nivel nacional y, por lo mismo, que la Fiscalía reactivara las diligencias aunque también Rosalinda se siente vulnerable: “esperando que no me vaya a pasar nada pero, de todas maneras, ya esta en video mi denuncia”.
