El 17 de abril de 2025 ocurrió un derrame químico en la planta de Ternium, ubicada en San Nicolás, Monterrey, Nuevo León. Este incidente afectó directamente al arroyo La Talaverna, que atraviesa los municipios de Apodaca, Pesquería y Guadalupe.
Los compuestos derramados fueron agua ácida y cloruro ferroso. La primera, producto de residuos industriales, es altamente corrosiva, capaz de destruir metales, alterar ecosistemas y resultar letal para humanos y animales. Por su parte, el cloruro ferroso es tóxico para los organismos acuáticos, altera el pH del agua, daña la capacidad respiratoria de los seres vivos (incluyendo flora) e incluso forma sedimentos que sofocan el lecho acuático. Al oxidarse, se vuelve aún más corrosivo, amplificando los daños ambientales.
La contaminación avanzó devastando todo a su paso. Las muertes visibles incluyeron tortugas, gallinas, borregos y cabras. Sin embargo, también murieron peces y todo ser vivo que habitaba o consumía agua del arroyo. El desastre abarcó más de 11 kilómetros y se vertieron aproximadamente 400 mil litros de químicos.
Aunque algunas zonas fueron parcialmente limpiadas, otras, especialmente en Apodaca, han sido completamente ignoradas. La Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo León impuso una multa de apenas unos millones de pesos, sanción mínima frente a la magnitud del daño. La respuesta gubernamental ha sido superficial, limitada a la atención mediática de corto plazo.
Justicia
El 29 de abril, Ternium afirmó que la coloración rojiza del agua, provocada por el óxido ferroso, no representaba un riesgo para la salud ni para el medio ambiente. ¿Cómo pueden sostener tal afirmación cuando los hechos demuestran que todo ser vivo que entró en contacto con el agua murió?
Aunque la empresa aseguró haber tomado acciones inmediatas, el gobierno otorgó un plazo de cinco días hábiles para presentar un plan de remediación. Ese plazo venció sin resultados ni avances tangibles.
Y no es un caso aislado. Este mismo año, otra planta de Ternium en Puebla fue clausurada temporalmente por verter residuos tóxicos al río Atoyac, repitiendo el mismo patrón de impunidad y negligencia.
Las tortugas de concha blanda afectadas, son una especie protegida, lo cual califica este incidente como ecocidio y aunque existe suficiente respaldo legal para clausurar a esta empresa, quedará impune y el daño ya está hecho. Las vidas de seres que a nadie le importan ya han sido tomadas, esto debería de causar indignación nacional.
Este desastre ambiental no debe quedar en el olvido ni en la impunidad. El daño causado por Ternium no es sólo un problema ecológico: es una tragedia ética, social y de salud pública. Exigimos justicia, restauración del ecosistema y medidas reales para evitar que estas catástrofes se repitan. La vida no puede seguir siendo el costo de la negligencia industrial y la indiferencia gubernamental.
