La investigación contra Duarte se sostiene en diversas denuncias presentadas desde 2016 respecto a desvíos de recursos destinados a sectores clave como salud y obras públicas.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El gobierno de Guatemala otorgó a las autoridades mexicanas el permiso para formular nuevas imputaciones contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien permanece preso en el Reclusorio Norte desde 2017.
Funcionarios federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) habría judicializado recientemente una nueva carpeta relacionada con presuntos desvíos de recursos federales ocurridos durante su administración, de diciembre de 2010 a octubre de 2016.
La causa penal fue llevada ante un Juez hace aproximadamente una semana, con fecha fijada para audiencia inicial. No obstante, la diligencia no pudo celebrarse debido a que la defensa legal de Duarte informó que su cliente se encontraba enfermo de COVID-19 y no asistió a la cita procesal.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la investigación se sostiene en diversas denuncias presentadas desde 2016 respecto a desvíos de recursos destinados a sectores clave como salud y obras públicas. Las autoridades afirmaron que “las denuncias advertían irregularidades en la adquisición de insumos médicos y en el ejercicio de programas federales”.
El Ministerio Público Federal solicitó desde hace meses al gobierno guatemalteco la autorización para agregar cargos, ya que Duarte de Ochoa fue extraditado desde ese país y los tratados internacionales impiden acusarlo de delitos adicionales sin la aprobación previa de las autoridades que concedieron la entrega.
Javier Duarte fue considerado prófugo de la justicia desde octubre de 2016, cuando abandonó Veracruz días antes de concluir su mandato. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en un hotel de Panajachel, Guatemala, con base en una orden internacional de localización y aprehensión.
Tras rechazar la posibilidad de entrega voluntaria, el exmandatario enfrentó un proceso judicial en Guatemala, país que autorizó la extradición el 17 de julio de 2017. Desde entonces, permanece privado de la libertad en territorio mexicano.
En semanas recientes, la defensa de Duarte promovió que el exgobernador pudiera cumplir en libertad vigilada los últimos cuatro meses de su condena. Sin embargo, la petición fue desechada por Ángela Zamorano Herrera, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La juzgadora argumentó que el beneficio no era procedente debido a que Duarte enfrenta aún una acusación pendiente por el delito de desaparición forzada. Además, señaló que el sentenciado “no acreditó el cumplimiento del plan de actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas” dentro del penal, requisito indispensable para solicitar ese tipo de beneficios penitenciarios.
