Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, calificó al video del segundo ataque contra una embarcación en el Caribe en septiembre pasado como “una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público”.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Un comité del Congreso de Estados Unidos (EU) se reunió esta semana a puerta cerrada para revisar las imágenes de un ataque militar contra un presunto barco usado por supuestos narcotraficantes para cruzar el Caribe en septiembre pasado, y el video posterior de un segundo ataque que hizo estallar a dos sobrevivientes, un posible crimen de guerra que, según el Washington Post, resultó de la orden verbal de Pete Hegseth, Secretario de Guerra.
“¡Matarlos a todos!”, dijo Hegseth, según la prensa estadounidense. Este segundo ataque es una ejecución extrajudicial grave incluso en tiempos de guerra. La Casa Blanca han negado que Hegseth diera la orden, pero después de ver el video, Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, lo llamó “una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público”.
“Para ser claros: ese ataque de septiembre no fue un incidente aislado. Trump ya ha ordenado más de veinte ataques mortales contra supuestos barcos narcotraficantes procedentes de Venezuela, matando a unas ochenta y tres personas. Su administración aún no ha publicado la justificación legal en la que se basa el Pentágono para los ataques, ni pruebas que respalden sus afirmaciones de que los muertos eran, de hecho, narcotraficantes. Incluso si lo fueran —como señaló el jueves por la mañana el congresista republicano Mike Turner, de Ohio, expresidente del Comité de Inteligencia—, el narcotráfico no está sujeto a la pena de muerte extrajudicial por misil. Aunque la muerte de dos hombres indefensos que quedaron flotando en el agua durante el ataque de septiembre ha causado sensación en los días posteriores a la exclusiva del Post, toda la campaña militar en sí misma es indignante”, escribió Susan B. Glasser, redactora de The New Yorker con sede en Washington.
Dem Rep Jim Himes describes people k*lled in drug boat second strike as “two terrified men...guys that probably didn’t have a lot of economic opportunity."
They actually want you to feel sorry for the narco-terrorists. pic.twitter.com/jwmcpQTIL2
— Western Lensman (@WesternLensman) December 5, 2025
“Centrarse en los náufragos es una distracción, ya que sugiere que todo lo demás antes y después de ese ataque fue legítimo”, dijo Ryan Goodman, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York y exabogado del Pentágono. “Incluso bajo el derecho de los conflictos armados, todos eran civiles, y no estamos en un conflicto armado. En cualquier caso, todo fue asesinato”.
El lunes, detalla Glasser, “al mismo tiempo que Estados Unidos condena a muerte a un grupo de sujetos en lanchas rápidas, que podrían ser narcotraficantes o no, y amenaza con destituir al Presidente de Venezuela por sus vínculos con los sujetos en las embarcaciones, que podrían ser ciertos o no, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado por el Departamento de Justicia por tráfico de drogas a una escala verdaderamente épica, salió libre gracias a un indulto de Trump. ‘¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguiríamos a [Nicolás] Maduro por traficar drogas a Estados Unidos?’, preguntó Bill Cassidy, Senador republicano de Luisiana. Buena pregunta. ¿Es esta la tan esperada Doctrina Trump?”
Este viernes, The New York Times dice que mientras el Congreso analiza los detalles de un ataque posterior que mató a los sobrevivientes del primer ataque de Trump, el 2 de septiembre, “un asunto mucho más amplio corre el riesgo de perderse: si Trump y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han provocado que los militares cometan crímenes en una veintena de ataques”.
El almirante Frank M. Bradley, quien comandó la operación del 2 de septiembre, mostró el jueves a los legisladores un video del ataque. La sesión informativa formó parte de un esfuerzo del Congreso para comprender su decisión de ordenar un segundo ataque y determinar si los sobrevivientes del primero permanecieron en la lucha o si técnicamente naufragaron, lo que convierte en crimen de guerra matarlos.
“Han surgido narrativas cambiantes desde el Pentágono, cada una redefiniendo el análisis. Pero todos los escenarios consisten en comparar las acciones de presuntos narcotraficantes con actividades de combate tradicionales. Las comparaciones son, en el mejor de los casos, forzadas, según los expertos legales, porque las leyes de la guerra no fueron escritas para una situación de narcotráfico ni se ajustan a ella”, agrega el Times.
“El debate sobre cuándo un tripulante náufrago pierde la protección contra un ataque no tiene sentido”, le dijo al diario estadounidense Geoffrey S. Corn, exasesor principal del Ejército en cuestiones de derecho de la guerra. “El verdadero problema radica en la dudosa y legalmente excesiva afirmación de que Estados Unidos está justificado en ejercer su autoridad en tiempos de guerra contra un problema criminal”.
Hace dos días, The Wall Street Journal difundió que Pete Hegseth sorprendió a las autoridades de Washington a mediados de octubre cuando anunció que el jefe “de cuatro estrellas” de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe se retiraba menos de un año después de asumir el cargo. “Pero según dos funcionarios del Pentágono, Hegseth solicitó la renuncia del almirante Alvin Holsey, una destitución de facto que culminó meses de discordia entre Hegseth y el oficial”.
Alvin Holsey es afrodescendiente.
La discordia comenzó días después de la investidura del Presidente Trump en enero y se intensificó meses después, cuando Holsey expresó sus inquietudes iniciales sobre la legalidad de los ataques letales contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe, según exfuncionarios que hablaron con el diario.
No mucho después, Hegseth anunció que Holsey se retiraría.
“La acción de Hegseth, que no había sido informada previamente, arroja nueva luz sobre una controversia creciente sobre la legalidad de la campaña militar en el Caribe y plantea preguntas sobre si se está escuchando a los militares preocupados por los ataques. Si bien Hegseth ha destituido a varios líderes militares de alto rango desde que asumió el Pentágono, la destitución de un comandante durante una operación militar en desarrollo fue una decisión extraordinaria, señalan legisladores y expertos”, dice The Wall Sreet Journal.
“Que [Holsey] se vaya en este momento en particular, en el punto álgido de lo que el Pentágono considera la acción central en nuestro hemisferio, es sencillamente impactante”, le dijo al diario económico Todd Robinson, quien se desempeñó como secretario adjunto para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley hasta enero.
Nadie parece dudar, al menos fuera de la Casa Blanca, que los ataques a barcos en el Caribe son no sólo crueles, sino ilegales.
