ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES
En uno de los videos que circulan en redes sociales, una mujer que documenta los hechos expresa su enojo al reconocer entre los perros muertos a una hembra que pretendía adoptar.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- La ejecución a balazos de al menos seis perros en el municipio de Juchipila desató indignación entre ciudadanos, rescatistas y organizaciones defensoras de animales, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara los cuerpos de tres de los canes asesinados y se atribuyera la responsabilidad a mandos de la Policía Municipal.
De acuerdo con el rescatista de animales Eric Ponce, existía una instrucción previa del Alcalde José María Castro Félix para reubicar a perros en situación de calle con reportes de agresividad hacia una zona alejada, específicamente el basurero municipal, con el objetivo de proteger a la población sin causar daño a los animales.
Sin embargo, señaló que bajo las órdenes del director de la Policía Municipal, Pedro Humberto de la Cruz Valbaneda, y con la participación de dos oficiales identificados como Osiris y “El Cachetes”, se habría llevado a cabo una captura indiscriminada de perros, incluidos animales con dueño, de talla pequeña y sin antecedentes de agresividad, para posteriormente ejecutarlos con armas de fuego.
En uno de los videos que circulan en redes sociales, una mujer que documenta los hechos expresa su enojo al reconocer entre los perros muertos a una hembra que pretendía adoptar. En la grabación, dice que las autoridades le prometieron que los animales iban a ser trasladados sin sufrir maltrato y responsabiliza directamente a órdenes provenientes del Gobierno municipal.
A este testimonio se suma un audio en el que otra mujer relata haber presenciado, alrededor de las dos de la madrugada, cómo policías municipales se llevaban a varios perros que se encontraban resguardados en un portal junto a un hombre. Según su versión, los elementos afirmaron que los canes se llevarían al rastro para “cuidar” el lugar, aunque reconoce que uno de ellos no era agresivo. La testigo describe que los animales fueron sometidos de manera violenta, utilizando mecates para levantarlos y arrojarlos a la patrulla, lo que calificó como un acto “horrible” y carente de humanidad.
El caso generó reacciones inmediatas de asociaciones de protección animal y de legisladoras locales. La subcoordinadora estatal de Dignidad y Bienestar Animal ODM Zacatecas, Mallemy Pérez, sostuvo que, de acuerdo con reportes ciudadanos, la acción se habría ejecutado bajo órdenes del propio municipio, con el argumento de atender la problemática de perros en condición de calle.
Posteriormente, en el Congreso de Zacatecas, diputadas de distintos grupos parlamentarios, acompañadas por activistas, exigieron justicia y sanciones. La legisladora del Partido Verde, Lyndiana Bugarín Cortés, calificó los hechos como inaceptables y sostuvo que deben castigarse si se comprueba que existió una orden para matar a los animales. En tanto, la Diputada de Morena, Maribel Villalpando Haro, llamó a la Fiscalía General de Justicia del Estado a atraer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.
Por su parte, Sergio Montoya, de la asociación civil Search Rescata, lamentó que en Zacatecas persistan prácticas de maltrato extremo contra perros en situación de calle, particularmente en municipios donde dijo que se recurre a matanzas indiscriminadas como método para controlar la sobrepoblación canina.
Ante la presión social, el Alcalde de Juchipila, José María Castro Félix, se deslindó públicamente de los hechos. A través de un comunicado, afirmó que no tenía conocimiento de lo ocurrido y aseguró que jamás autorizaría ni toleraría acciones que atenten contra la vida y el bienestar animal.
Asimismo, anunció el inicio de una investigación interna y advirtió que, de comprobarse la participación de personal del ayuntamiento, los responsables serán separados de su cargo y puestos a disposición de la autoridad competente.
Mientras tanto, rescatistas y ciudadanos han advertido que, de no esclarecerse los hechos y sancionarse a los responsables, el silencio de las autoridades podría interpretarse como complicidad, por lo que insistieron en que el caso no quede impune.
