Órgano administrativo justifica camionetas blindadas de SCJN; se ahorraron 1,098 mdp

La Corte aseguró que la compra de las camionetas respondió a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) justificó el viernes la entrega de camionetas nuevas y blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya compra formó parte de una modificación al esquema de arrendamiento de vehículos con el que se adquirieron 571 unidades. Según la institución del Poder Judicial de la Federación (PJF), con esta medida se ahorraron mil 98 millones de pesos en el periodo 2026 y 2028.

Por medio de un comunicado hecho público cerca de las 00:00 horas, el OAJ indicó que entre 20222 y 2025 el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN "operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles", y que mantener ese tipo de contratación "habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia".

En este sentido, se "optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF, lo que equivale a una inversión 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en los años 2026 al 2028".

📣 El #OAJ informa sobre la sustitución del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación

📌 El Pleno ha adoptado medidas concretas de racionalización del gasto y, en ese marco, se inscribe la sustitución del parque vehicular del #PJF que presentaba fallas recurrentes,… pic.twitter.com/G7vYGDpUPm

— OAJ (@OAJ_Mex) January 24, 2026

El OAJ argumentó que "desde la integración del nuevo PJF, una de las prioridades institucionales ha sido la reducción del gasto público y el uso más eficiente de los recursos" y por ello se han "adoptado medidas concretas de racionalización del gasto, incluyendo homologaciones salariales y la eliminación de prestaciones injustificadas y no relacionadas con la labor institucional para los niveles superiores [...] En ese marco, se inscribe la sustitución del parque vehicular del PJF que presentaba fallas recurrentes, orientada además con criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos".

Sheinbaum pide a la SCJN informar sobre las camionetas

El mismo viernes por la mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la SCJN informar sobre la compra de nueve camionetas blindadas para garantizar la seguridad de las ministras y ministros, pero reveló que la medida representó un ahorro de más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta por dicha compra.

"La Secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración, el órgano de administración, el informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos, en este proceso. Esa es la nota que dieron, obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición", pidió la mandataria federal desde su conferencia matutina en Veracruz.

Por su parte, la SCJN emitió un comunicado en el que aclaró que renovó la flota vehicular de las ministras y ministros "con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional". Se trata de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee que, de acuerdo con un comunicado oficial, sustituirán una flotilla que ya no garantizaba la seguridad de las y los ministros.

Según la SCJN, "esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales".