Ciudad de México, 20 de ene (SinEmbargo).– En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 correspondiente al ramo 36 de Seguridad Pública, el Gobierno federal contempló “impulsar Programas de Reinserción y Medidas Alternativas a la Prisión para evitar la saturación de espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones penitenciarias federales, propiciando las condiciones necesarias para que 42 mil 500 sentenciados del fuero federal cumplan su sentencia en libertad”.
Esto significa que en el sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto se pretenderá liberar a 12 mil reos por delitos federales para su reinserción social e impulsar programas de medidas alternativas de prisión a fin de evitar que los penales se saturen, indica este domingo el periódico Milenio.
“Se tiene programado preparar a 12 mil internos del fuero federal para su liberación y reinserción social en un entorno despresurizado, de seguridad profesional y de respeto a la normatividad y a los derechos humanos”, señala el capítulo de objetivos, indicadores y metas del Programa del Sistema Federal Penitenciario.
Con esta medida, las autoridades buscan crear condiciones para que 42 mil 500 reos que ya han sido sentenciados cumplan su condena en libertad.
De 239 mil 760 presos que había en el país, 189 mil 133 (78.9 por ciento) corresponden a delitos del orden común y 50 mil 627 (21 por ciento) del fuero federal, detalla el diario.
Además en el presupuesto de 2013, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) —que en algunos meses estará bajo el mando de la Secretaría de Gobernación— incluyó en su programa E004 el tema de las penas alternativas a la prisión.
La extinta SSP, de la cual era titular Genaro García Luna, informó el año pasado que la sobrepoblación penitenciaria ascendía a 26.2 por ciento, que 58.7 por ciento del total de reos estaba sentenciado y 41.3 por ciento aún estaban sujetos a proceso.
En 2012, ese mismo programa se explicó por el gobierno federal como el de impulso a un nuevo modelo penitenciario centrado en la reinserción social en condiciones seguras, confiables y humanas para la sociedad, el personal penitenciario y los internos.
