Mérida, 21 Ene. (Notimex).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitarán una revisión del marco normativo vigente para que se sancione a quien use la denuncia anónima para engañar a la autoridad.
Ello, después de que una mujer fingió ser secuestrada el pasado fin de semana y pagó sólo una sanción de 5 mil pesos por haber mentido a las autoridades.
En un comunicado, ambas dependencias recalcaron la importancia de la denuncia anónima y sostuvieron que ésta se protegerá con la revisión legal que correrá a cargo de la Consejería Jurídica estatal.
"El objetivo de la revisión del marco normativo es que en su momento se envíe ante el Congreso del Estado, lo que permitirá blindar a nuestra entidad del uso inadecuado e irresponsable de los números de emergencia y evitar que se repitan estos sucesos", puntualizaron.
El pasado fin de semana, Lorena del Carmen González Fernández planeó la propagación de su supuesto secuestro, lo que derivó en el despliegue de un vasto número de agentes de la SSP, de la Fiscalía General del Estado e integrantes de la Unidad Antisecuestros por toda la entidad.
La víspera, la causante del movimiento afrontó la integración de una averiguación previa por falsedad de declaraciones, lo que propició que permaneciera varias horas en la fiscalía, la cual abandonó tras pagar una caución de 5 mil pesos que le impuso el Ministerio Público.
No obstante, las autoridades dieron a conocer que pese a obtener la libertad, se dará continuidad a las investigaciones previas contra la mujer por presuntos hechos delictivos.
Ante lo sucedido, las dependencias insistieron en la trascendencia de la denuncia anónima que se maneja a través del número gratuito 089 y el de emergencias 066, lo que permite una comunicación directa y segura con los habitantes de nuestra entidad.
"Desde su puesta en marcha, la denuncia anónima permite a las autoridades atender un sinnúmero de casos que han sido investigados, con lo que se abona a la participación de los habitantes, lo que mantiene a Yucatán como la entidad más segura del país", indicaron.
El engaño generó gastos que aún son evaluados, además de una alerta de seguridad en la entidad que incluyó el despliegue de cientos de policías y decenas de patrullas, "con lo que se perturbó la calma en comisarías, centros comerciales, hoteles y diversos puntos estratégicos de nuestro territorio", lamentaron.
Con el planteamiento ante la Consejería Jurídica se pretende evitar que en un acto de irresponsabilidad se incurra en situaciones falsas que, al final, derivan en una distracción de las labores de seguridad, poniendo en riesgo al resto de los habitantes, añadieron.
