Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recomendó al Gobierno del Distrito Federal y a los estatales reconocer formalmente a Uber y Cabify como una nueva categoría o modalidad de transporte para la prestación de servicios.
En un comunicado, expuso que la tecnología e innovación de estas aplicaciones brindan confiabilidad y seguridad personal para los usuarios al permitir conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo; certidumbre sobre el cobro y método de pago ya que la ruta automática impide desviarse indebidamente para acumular una mayor tarifa, así como confort y conveniencia.
En suma, "para la COFECE se trata de un nuevo producto en el mercado".
Este servicio de transporte es utilizado por segmentos de la población que cuentan con acceso a medios de pago electrónicos y dispositivos de comunicación inteligentes, y ha generado cierta migración de usuarios de taxis. Incluso, algunos estudios internacionales sugieren que pudieran ser una alternativa al uso del automóvil particular.
Ante ello, el gremio de taxis se ha unido contra ellos en ocasiones de manera violenta. El Washington Post reportó, por ejemplo, que algunos conductores de Uber han tomado precauciones en su navegación a través de una ciudad cada vez más hostil. Algunos han instalado cristales tintados o vestido con ropa de calle más informal. También ocultan sus celulares para aparecer como conductores normales.
En respuesta a la COFECE, la empresa Cabify reafirmó su compromiso en México "para seguir ofreciendo una alternativa de movilidad segura y confiable que esté enfocada 100 por ciento en beneficio del ciudadano".
En respuesta a la oposición de los taxistas por representar una "competencia desleal e ilegal", la COFECE sugirió al gobierno que el marco jurídico se limite a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia.
"Se deberían evitar restricciones a la competencia como autorizar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como placas especiales, y regular los esquemas tarifarios que actualmente son determinados por los proveedores en función de la oferta y demanda del mercado", detalló.
Asimismo, consideró necesario que se obligue a acreditar la existencia de seguros de cobertura amplia para que exista responsabilidad frente a los usuarios, o mediante la revisión de las capacidades y antecedentes de los conductores.
Sobre ello, el CEO de Cabify en México, Ricardo Weder, aseguró que la compañía revisa las capacidades y antecedentes de los conductores, tienen seguros de cobertura amplia, además de ser los únicos en el mercado en contar con seguro de responsabilidad civil para los pasajeros.
En mayo pasado, cuando miles de taxistas se manifestaron en calles de la capital contra estas aplicaciones, la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal anunció operativos contra el transporte irregular en general, sin señalar únicamente a estos nuevos servicios.
El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, adelantó que se organizarán foros con organizaciones de taxistas y empresas privadas con el fin de lograr un consenso y normatividad.
El pasado 28 de abril, miembros del grupo Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) denunciaron que el gobierno capitalino ha actuado con omisión e impunidad ante las empresas de Uber, Cabify y unidades “pirata”, puesto que desde hace al menos dos años no se ha hecho nada a pesar de que, dijeron, han brindado un servicio público de forma ilegal, ya que no cuentan con la regulación oficial, lo cual -aseguraron- pondría en riesgo la seguridad de los usuarios.
Los concesionarios detallaron que los taxistas piratas y las unidades de Uber y Cabify incumplen las leyes y normas al imponer sus tarifas, usar carros fuera de la antigüedad permitida, no cuentan con seguro para servicio público, cromática, entre otras reglas que se estipulan en la ley de tránsito e incluso los requisitos para operar una unidad de transporte civil.
