Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa interpuso una segunda demanda de acción colectiva contra Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre, propiedad del multimillonario Germán Larrea, para exigir que repare el daño causado a las personas afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto del año pasado.
"Esta segunda acción colectiva se basa en la protección de derechos humanos individuales y busca se reparen los daños provocados a personas físicas o morales que vieron afectada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego, la materia prima para producir alimentos así como la enfermedad y muerte de ganado", detalla un comunicado. La reparación debe ser mediante la indemnización determinada por el juez a cargo del caso.
La medida jurídica, respaldada por la firma de 86 personas directamente afectadas, fue presentada el pasado 17 de junio ante la Jueza VIII de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Emma Gaspar Santana.
El año pasado, la misma asociación, dirigida por el abogado David Álvarez Bernal, junto con el abogado Luis Pérez de Acha, promovió la primera demanda en defensa del derecho de vivir en un medio ambiente sano.
Los problemas comunes que comparten los habitantes afectados es que todos ellos viven o tienen sus negocios, propiedades o posesiones en los municipios de Hermosillo, Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huepac y San Felipe de Jesús, del estado de Sonora, por donde fluyen los ríos contaminados por el derrame tóxico.
Esta segunda acción colectiva, expone el comunicado, significa la posibilidad de obtener, mediante un solo juicio de fácil acceso, la protección de su salud y patrimonio y además estimula a las empresas demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad ambiental.
“La importancia de la demanda radica en que la reparación del daño solicitado a Grupo México, se aplicará directamente a los afectados por el derrame de los tóxicos, tanto a los firmantes como a los interesados en sumarse a esta Acción Colectiva; sólo requerimos nos escriban al correo electrónico [email protected] para integrarlos al expediente y reciban la indemnización correspondiente”, explicó el director de la asociación demandante.
Los actos de contaminación provocados por la empresa de Larrea han afectado aproximadamente a 22 mil personas físicas y morales en los ocho municipios de Sonora y han traído como consecuencia, entre otros daños, que los niveles de contaminación del agua de los ríos y otros cuerpos de agua con los que se relacionan, se encuentren por arriba de los permitidos por la Norma Oficial Mexicana "Salud Ambiental".
De acuerdo con una nota publicada en SinEmbargo, Leopoldo Santos, investigador de El Colegio de Sonora, recuerda que cuando ocurrió el derrame, un grupo de médicos expertos recomendó a Grupo México tomar medidas extremas para proteger a la población afectada.
El investigador aseguró que las personas que viven a la orilla del río, enfermaron porque la compañía tardó seis días en lanzar la alerta del derrame.
Miles de personas siguieron con su vida normal y tuvieron contacto con el agua contaminada. A 10 meses del derrame, la población, aunque tienen alguna noción de que el río está contaminado, sigue bebiendo de los pozos que se alimentan del afluente, por falta de recursos económicos para comparar agua embotelladas.
La asociación Acciones Colectivas de Sinaloa concluye en que cualquier impacto negativo o daño ambiental que sufra el ecosistema en donde viven, trabajan y tienen sus negocios los miembros la colectividad repercute necesariamente en su desarrollo como seres humanos, afecta su patrimonio y su salud.
MUERTE Y CORRUPCIÓN SALPICAN A GRUPO MÉXICO
Grupo México es visto ahora en otros países latinoamericanos y en Europa como símbolo de corrupción, impunidad, muerte y destrucción. Pero esto no es reciente: desde la década de los setenta, la empresa de Germán Larrea Mota Velasco ha sido acusada penalmente y denunciada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y laborales de México y Estados Unidos por sus constantes violaciones a las garantías de los trabajadores, de las comunidades y de la salud de las personas.
Actualmente en Perú se enfrenta contra manifestaciones de pobladores de la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa, quienes temen ser afectados ambientalmente por el proyecto minero de la compañía Southern Copper, una de las mayores productoras mundiales de cobre y parte de Grupo México. Hasta el momento las protestas han causado la muerte de cuatro personas y cientos de heridos, así como la implementación de Estado de Emergencia por parte del gobierno peruano.
En España, además, Grupo México es acusado de corrupción en relación con la adjudicación de la concesión de la mina de Aznalcóllar, ubicada en Andalucía, España. Ante las sospechas, la jueza Patricia Fernández paralizó la concesión e investiga las presuntas irregularidades.
