El sacerdote colombiano Leonel Narváez expuso que en su país de origen se negoció con los criminales para terminar con la violencia, por lo que ahora Garfias Merlos, Arzobispo de Guerrero expuso que no se debe descartar esta medida, pues "los delincuentes también son ciudadanos".
Por Mariana Labastida
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo/ElSur).- Los obispos de Guerrero consideraron necesario crear una “gran plataforma” para la reconstrucción del tejido social con una agenda común entre gobierno, iglesias, instituciones, organismos e incluso con los delincuentes, privilegiando la palabra como herramienta social y política.
"Abrir un diálogo incluso con los delincuentes, que también son parte de la sociedad", indicó el Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merelos, en un comunicado en el que además se informó que los obispos se reunirían con el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En dicho comunicado, los obispos aseguran que el cambio de gobierno en el estado abre “la gran esperanza” para reemprender la ruta que conduzca a una vida “digna, justa y en paz”.
Expusieron que el nuevo gobierno inicia en “medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”, pues Guerrero es el estado más violento del país, y “esta grave situación ha llevado a la polarización, la confrontación, la marginación, la desesperanza e incluso a buscar justicia por propia mano”.
Ante la “grave” situación, los obispos urgen a la creación de una plataforma social “gobierno, Estado, iglesias y todas las instituciones y organismos civiles” para trabajar en la reconstrucción del tejido social, el Estado de derecho, el fortalecimiento de las instituciones y elaborar un plan de desarrollo integral y sustentable para el estado.
“Urge una gran plataforma social que, superando las agendas particulares, nos plantee una agenda común para el bienestar y desarrollo de los y las guerrerenses”, expone el comunicado.
Los obispos enfatizaron que se requiere un gobierno sensible al dolor de las víctimas del crimen organizado y consideraron la necesidad de que se privilegie la palabra como herramienta social y política a fin de trasformar la realidad social del estado.
“La sugerencia específica es que formulemos los mecanismos legales e institucionales que permitan acompañar de forma integral a las víctimas, para brindarles la oportunidad de reintegrarse a la vida comunitaria en mejores condiciones posibles, buscando que desde un enfoque jurídico en derechos humanos, puedan acceder a la justicia y a la reparación del daño”, afirman.
Además recordaron que la atención a las víctimas de la violencia es fundamental para la construcción de la paz, que no se puede dar habiendo personas afectadas; además de que dicha atención también es medida preventiva porque “ser víctima es la ruta más corta para ser victimario”.
Así como la atención a los jóvenes para que sean un potencial de trasformación de Guerrero, ofreciéndoles oportunidades de estudio y trabajo, lo cual la Iglesia impulsa a través de los Centro de Jóvenes por la Paz.
Después de la lectura del comunicado, al preguntarle si con el llamado a privilegiar la palabra se estaba considerando lo dicho por el sacerdote colombiano Leonel Narváez, quien expuso que en su país de origen se negoció con los criminales para terminar con la violencia, Garfias Merlos expuso que los delincuentes también son ciudadanos.
“La palabra es el instrumento privilegiado de las autoridades para relacionarse con sus ciudadanos, y la ciudadanía también son los que son delincuentes, las implicaciones pueden ser muchas, si te detienes a profundizar en la expresión que está ahí”, dijo.
