Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La red civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza denunció que la Cruzada Nacional contra el Hambre fue mal planificada ya que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 42.5 por ciento de las personas atendidas continuaron viviendo con carencia alimentaria.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto utiliza 90 programas sociales de 19 dependencias para implementar una Cruzada, que los miembros de las organizaciones civiles calificaron de “descoordinada” y “dispersa”.
El frente ciudadano de organizaciones civiles tiene en su núcleo a organizaciones como México Evalúa, CIDE, Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otros.
“Algunos reciben el programa Prospera, el programa del Empleo Temporal, el programa de Apoyo Alimentario, otros reciben las tarjetas SinHambre de Diconsa, otros reciben fórmulas de lactancia, son 90 acciones, pero al final cuando tú tienes que mostrar resultados en la población más pobre, al 40 por ciento no se les resuelve”, dijo el coordinador de la red, Rogelio Gómez Hermosillo en entrevista con SinEmbargo.
El lunes, el Coneval presentó su informe “Resultados intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre” que reflejó los problemas estructurales por los que atraviesa esta estrategia.
Una hora después, Rosario Robles Berlanga, quien encabeza la Cruzada, reaccionó dando una conferencia de prensa sobre el éxito de los programas. Dijo que no sólo se trataba de contrarrestar la pobreza alimentaria, sino también el resto de las condiciones de pobreza.
De acuerdo con Abelardo Ávila Curiel, ex miembro del Comité de Expertos de la Cruzada, los siete millones de pobres que atiende la estrategia fueron sacados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 y 2012, y un análisis de la conciliación demográfica.
“Según la medición multidimensional de la pobreza se suman no sólo los pobres alimentarios, sino los pobres que no pueden adquirir la canasta y que tengan otras carencias específicas, esto nos daría un total de 52 millones de personas”, detalló en entrevista el también investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Esto representaría que la Cruzada poco podría hacer para erradicar la pobreza, principalmente, por no tener mayor alcance, como también, por no solucionar el problema a la totalidad de personas que sí atiende.
El informe del Coneval develó que, después de tres años de ayuda, sólo el 57.5 por ciento de la población atendida por la cruzada logró cambiar su situación de carencia alimentaria tras la intervención del Gobierno.
Las intervenciones que hacen los programas gubernamentales alcanzaron a atender al 28 por ciento de la población que se encuentra en condiciones de carencia alimentaria, o lo que es igual a 7 millones de personas.
Mientras que, el informe de la Coneval, apuntó que sólo en México hay 24.8 millones de personas que tienen un ingreso inferior a la línea mínima de bienestar.
“Cuando se aterriza el programa se define a la población que tiene carencia alimentaria, medida por un instrumento que es muy subjetivo. Es una escala de seguridad alimentaria, que le hacen doce preguntas a la familia. Un diagnóstico simple”, dijo Abelardo Ávila.
Las organizaciones civiles acusaron que la ejecución de los programas que componen la Cruzada quedó en entredicho cuando el informe del Coneval evidenció que no hay un impacto en la reducción de carencia alimentaria entre las personas atendidas y las no atendidas, ya que la privación de alimentos abarcó al 35.7 y 35.8 por ciento de ambas poblaciones, respectivamente.
La red de organizaciones civiles señaló que las mejoras a la Cruzada deben ser incluidas en la cercana restructuración del paquete económico de cara al 2016.
En ese sentido exigieron la creación de una Junta de Gobierno con participación ciudadana que garantice transparencia.
“El problema es la pobreza y la desigualdad. Hay que enfocarse en la problemática. Pensamos que el paquete económico, por cómo se habla de este presupuesto base cero, y se supone que va haber restructuración de programas, fusión de programas”, explicó Gómez Hermosillo.
La red civil propuso que para enfrentar la dispersión que representan los 90 programas se requiere fusionar y reestructurar algunos y generar un padrón total de beneficiarios administrado por una entidad “ciudadanizada”.
“Ellos [las autoridades] dicen que coordinan 90 intervenciones, nadie puede hacer eso, pero además no haría falta que fueran tantas. Por eso decimos que se requiere un padrón único. Sería más fácil tener un registro de población. Se podrían incluir no sólo a los 7 millones, sino los 24 millones”, explicó el coordinador.
Además, plantearon que para mejorar la condición de carencia alimentaria se pueden combinar las transferencias monetarias con el impulso a empresas sociales y formas de generación de ingreso para población en extrema pobreza.
La red aseguró que entregarán sus propuestas a los diferentes partidos representados en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, con quienes esperan tener reuniones y discutir estos temas.
