Denuncia magistrada mal manejo de recursos del poder judicial de Colima

Por Pedro Zamora Briseño

COLIMA, Col., 23 de abril (apro).- Rocío López Llerenas Zamora, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), denunció un presunto mal manejo de recursos del Poder Judicial.

Además, anunció la presentación de un recurso legal contra una reforma legislativa que permite al pleno de ese órgano tomar decisiones sin la presencia de la mayoría de los magistrados.

En una carta pública dada a conocer hoy, López Llerenas reprobó el hecho de que durante el periodo del actual presidente del STJE, Rafael García Rincón, “se haya dilapidado” el Fondo Auxiliar, pues debido a una serie de gastos realizados en los últimos meses, dijo, la partida se redujo de 9 millones 329 mil pesos a 1 millón 346 mil pesos.

Entre las erogaciones de esta naturaleza, detalló que se gastaron más de dos millones y medio de pesos en “onerosas remodelaciones de la oficina del presidente, la sala de plenos, el cubículo de uno de los magistrados que lo apoyan y en cambiar parte del piso del Palacio de Justicia”.

Añadió:

“Los resultados están a la vista de todos y es innegable que las obras realizadas en el edificio no se corresponden con los montos reportados”.

La carta de la magistrada fue en respuesta a un desplegado publicado el pasado viernes 20 por seis de los 10 magistrados, entre ellos García Rincón, quienes descalificaron una declaración previa realizada por López Llerenas, en lo que se ha convertido en el peor conflicto del Poder Judicial colimense en la última década.

Otro de los gastos denunciados por la integrante del STJE fue la disposición de alrededor de un millón de pesos para adquirir equipo de cómputo, como lo informaron los propios magistrados, pero “yo francamente desconozco a dónde han ido a parar tantas computadoras, o si les han costado muy caras, porque con esa cantidad era para que todo el Poder Judicial contara con equipos de última generación, cuando no es así, y eso se puede corroborar con una simple inspección de cada sala o juzgado”, subrayó.

La magistrada también se refirió al gasto reportado de casi millón y medio de pesos en capacitación, pues “esta presidencia se ha distinguido por su casi nula actividad académica, al haber organizado no más de 10 cursos o talleres al respecto (la mayoría de ellos ajenos a las materias jurídicas), con un costo que, yéndonos a un extremo, no ha rebasado el medio millón de pesos. Por eso yo pregunto: ¿a dónde fue a parar el millón de pesos restante?”, añadió.

Entre los cursos realizados, dijo, se contrató a un conferencista para hipnotizar a los magistrados y jueces que no estaban de acuerdo con el presidente.

Cuestionó además la “adquisición injustificada” de una camioneta último modelo, con valor de 480 mil pesos, para el uso personal del presidente del tribunal o sus colaboradores cercanos.

Asimismo, denunció la existencia de un adeudo de casi cuatro millones de pesos a la Dirección de Pensiones del gobierno del estado, que se arrastra desde julio de 2011, pero “el dinero que debía entregarse a dicha dirección fue utilizado ilícitamente para cubrir las percepciones de jubilados y pensionados del Poder Judicial”, lo que resulta “particularmente grave”, pues “las aportaciones a Pensiones no constituyen un recurso presupuestal del cual pueda disponer la presidencia”.

Adelantó que en los próximos días presentará, junto con tres de sus compañeros magistrados, un recurso legal contra una reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la cual se validan las sesiones del pleno a las que asistan sólo cinco de los 10 magistrados.

La iniciativa, presentada en el Congreso por el diputado priista Germán Virgen Verduzco, se aprobó mediante “un viciado procedimiento legislativo”, calificó López Llerenas.

Después de la difusión de esta carta, seis magistrados del STJE, encabezados por el presidente, Rafael García, convocaron a una conferencia de prensa en la que se mostraron extrañados por las declaraciones públicas de la magistrada, pues a su juicio esos asuntos debieron ser ventilados inicialmente en el pleno del tribunal.

García Rincón negó que exista un mal manejo de recursos del tribunal, y argumentó que para que el magistrado presidente pueda ejercer recursos, éstos deben ser aprobados por el pleno, por lo que no puede existir un manejo sucio, pues “el presidente sólo ejecuta lo que el pleno autoriza”.

El manejo de los recursos, añadió, se realiza con base en un procedimiento en el que intervienen diversos órganos, además de que cada año se realiza una auditoría donde se refleja la aplicación del presupuesto.

En relación con el adeudo a la Dirección de Pensiones, aseguró que se trata de un problema que no es exclusivo del Poder Judicial de Colima, sino de todos los gobiernos de los estados del país.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el desplegado publicado el viernes 20, el presidente del tribunal y los magistrados que lo apoyan aseguraron que “viene a fortalecer al Poder Judicial, ya que se evita la inasistencia deliberada de algunos integrantes de este órgano colegiado a las sesiones a las que se les convoca, con el único objetivo de no integrar el quórum”, por lo que “la reforma es buena para el magistrado que desea asistir a las sesiones y le resulta lesiva al que no desea hacerlo”.