El propietario de un lote de compra venta de autos denunció que funcionarios de la SEIDO y de la PFM le pidieron 600 mil pesos para dejarlo en libertad tras acusarlo de lavado de dinero con base en una averiguación previa inexistente. Dijo que antes elementos de la PIB también lo extorsionaron con 40 mil pesos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Dos fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron arrestados en diciembre pasado presuntamente por extorsionar a un empresario que detuvieron con base en una averiguación previa inexistente, publica este día el diario Reforma.

La Procuraduría General de la República (PGR) dictó auto de formal prisión contra Érika León Rodríguez, directora general adjunta de la Unidad Antilavado de la SEIDO; Carlos Abraham Moncada Bermúdez, fiscal de la misma, y Porfirio Francisco Hernández, agente de la PFM, por el delito de extorsión, luego de que inventaron un expediente contra el dueño de lotes de vehículos para detenerlo y obligarlo a pagar 600 mil pesos para dejarlo libre.

Antes de que estos funcionarios extorsionaran al empresario, la víctima denunció que elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) también lo detuvieron, con el mismo modus operandi, y le pidieron 40 mil pesos.

Héctor Galicia, el denunciante, dijo tener la sospecha de que detrás de ambas extorsiones está Alejandro Lozano Morgan, quien trabajó en su lote de vehículos, de acuerdo con la causa penal 470/2015 del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal, a la que Reforma tuvo acceso.

EL MODUS OPERANDI

De acuerdo con Reforma, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre cuando cuatro agentes de la Dirección de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la PFM llegaron a bordo de un automóvil Aveo al lote de compra venta de vehículos, porpiedad de Héctor Galicia, a las 9:40 horas.

Los federales mostraron una orden de presentación y localización para llevar al propietario a declarar ante la SEIDO, a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (UEIDORPIFM), bajo la orden de que había una investigación en su contra por lavado de dinero. El padre de Galicia presenció el momento en que los agentes se lo llevaron.

Héctor Galicia declaró que en el traslado a la SEIDO, un agente, a quien señaló como “el comandante, el gordito de lentes de barba” (de acuerdo con videos a los que Reforma tuvo acceso), le dijo que “la había cagado por hacer tantos movimientos, pero ellos me podían ayudar desapareciendo todo lo que tenían investigado, pero que necesitaba caerle con una lana, mínimo 500 mil pesos”.

Durante el traslado, los elementos de la PFM llamaron por teléfono a una mujer a la que se referían como “Érika” y de quien decían que “era muy cabrona y pedía mucho dinero”. Se trataba de Erika León Rodríguez, directora general adjunta de la UEIDORPIFM y titular de una de las cinco fiscalías que integran la Unidad Antilavado.

En dichas grabaciones, se observa a Héctor Galicia arribar a la Subprocuraduría junto con los agentes que lo detuvieron. El empresario fue llevado a la oficina de León Rodríguez.

Lo primero que preguntó la fiscal al empresario fue “¿sabes qué es la SEIDO?” y “me explicó que […] era una oficina donde se investigaban delitos federales como lavado de dinero, narcotráfico, que era donde metían a los grandes como al ‘Chapo’, al ‘Z-40′”, relató la víctima.

“El lavado de dinero no es sólo para narcotraficantes, sino para personas que hacen otro tipo de operaciones”, continuó diciendo en voz alta.

La víctima relató que esa mañana había mucho movimiento y que a la oficina de León Rodríguez entraban y salían los agentes y la propia fiscal. sin embargo, Héctor Galicia permanecía sin moverse en una silla, incomunicado y sin abogado.

La fiscal le pidió sus pertenencias personales, la cartera y los celulares, posteriormente salió de la oficina y fue cuando un policía le dijo: “Para que puedas salir, necesito dos, dos millones”.

Al regresar, León presumió haberlo investigado a fondo. “Me dijo el mal que tenía mi hijo, dónde me había casado y que mi esposa está bien buena, aunque ella no era lesbiana, pero que no obstante que yo tuviera problemas económicos por el gasto de mi hijo, la gente que entra aquí se va procesada a un reclusorio”, relató Galicia.

Ante su insistencia por adjudicarle el delito y pedirle los dos millones de pesos para dejarlo en libertad, los agentes forzaron a Galicia para fotografiarlo de frente y perfil, entonces uno de ellos le susurró: “ya quedó en un millón”.

“Contesté que yo no tenía ese dinero y me dijo ‘¿cuánto tienes?’; le contesté que buscando le podría conseguir 600 mil pesos”, dijo el empresario.

Al rendir su declaración ante un fiscal, a quien posteriormente identificaría como Carlos Abraham Moncada Bermúdez, lo primero que este le preguntaron fue si ya se había “arreglado” con los oficiales.

Al responder que sí, Bermúdez le dijo: “ahorita que te declare te abstienes”. El funcionario ya tenía escrito un formato de cuatro fojas en las que decía que Galicia se reservaba su derecho a declarar. La víctima las firmó y plasmó las huellas de sus pulgares.

A las 11:32 horas de ese 2 de octubre, el empresario abandonó las instalaciones de la SEIDO y de inmediato marcó al teléfono de su padre, quien le prestaría el dinero.

A través de mensajes de texto por celular, los agentes le indicaron que debía dejar los 600 mil pesos en una Mazda negra CX-7 que estaría estacionada en Mina y Zaragoza, en la Colonia Guerrero, muy cerca de la SEIDO.

De acuerdo con Reforma, la camioneta tenía las placas de circulación dobladas y el engomado cubierto. Habían dejado abierta la puerta trasera derecha, donde Galicia metió una bolsa de plástico negra alrededor de las 14:30 horas.

SIGUE LA EXTORSIÓN 

“Del apoyo que pediste y se te dio, se acordó uno grande, diste 6 y esta semana dabas 4”, escribió un agente de la PFM en un mensaje de texto que envió al celular de Héctor Galicia, quien no hizo caso.

Más tarde recibió otro: “Amigo, buenas tardes, qué día de la semana concluimos los temas”. Galicia respondió que no les debía nada, que quedaron en 600 mil y ya los había finiquitado.

“No tires a la basura un buen trato, recuerda que hay más personas atoradas contigo. Te estoy dando la oportunidad de tratarlo conmigo, pero veo que no te interesa. Ya habíamos quedado y no respetaste el trato.

“No me respondes el mensaje, entenderé que no te interesa y no hay acuerdo”, respondieron los agentes.

Fue entonces cuando Héctor Galicia decidió denunciar ante la Visitaduría General de la PGR, que en su investigación lo primero que descubrió fue que no existía el número de averiguación previa por la que supuestamente indagaban al empresario por lavado de dinero.

Al revisar todos los oficios de mandamientos de la PFM, se corroboró que no había ninguna orden de presentación y localización contra el empresario.

Los videos de las cámaras de la SEIDO, los mensajes escritos que recibió Galicia y los testimonios de testigos lograron que la Visitaduría solicitara las aprehensiones de los seis implicados, entre los que se encuentran Raúl Escalona Pardo, José Ramsés Fernández Sandoval y Francisco Javier Espinoza Meléndez, elementos de la corporación que se encuentran prófugos de la justicia, al parecer porque fueron alertados.

El 15 de diciembre, el fiscal Carlos Abraham Moncada fue detenido afuera de las oficinas de la Subprocuraduría, a las 21:10 horas. A las 22:20 horas, aprehendieron al agente de la PFM Porfirio Francisco en Lomas de Sotelo.

La fiscal Érika León fue aprehendida a las 22:40 horas, también afuera de la SEIDO, cuando cruzaba Paseo de la Reforma con dirección al Servicio de Administración Tributaria.