Durante julio del 2014, un grupo de trabajo concluyó que Guanajuato no logra prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, sin embargo, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evitó declarar la alerta en el estado, y emitió 13 recomendaciones que debían ser aplicadas en un plazo de seis meses.
Por Kennia Velázquez Carranza.
Guanajuato, 18 de julio(SinEmbargo/ZonaFranca).- Pese a haber invertido más de 88 millones de pesos en dos años para evitar la alerta de género, el gobierno de Guanajuato no ha logrado cumplir al cien por ciento las trece recomendaciones, por lo que organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han comenzado a plantear la posibilidad de solicitarla nuevamente, pues los feminicidios en el estado son una constante.
El Gobierno de Guanajuato ha gastado 88 millones 237 mil 303 pesos en cumplir algunas de las recomendaciones; se han capacitado 17 mil 315 funcionarios, 18 mil 308 hombres agresores recibieron cursos sobre nuevas masculinidades; sin embargo, se desconocen las cifras de víctimas que han sido atendidas en los Centros Multidisciplinarios y Albergues.
Activistas reconocen los avances, que aún están solamente en el discurso, pues existen funcionarios que carecen de perspectiva de género, lo que complica que se ejecuten políticas públicas articuladas. Ven que el gran avance es del lado de la sociedad y que el Estado aún queda a deber.
Durante julio del 2014, un grupo de trabajo concluyó que Guanajuato no logra prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, sin embargo, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evitó declarar la alerta en el estado, y emitió 13 recomendaciones que debían ser aplicadas en un plazo de seis meses.
La investigación del grupo de trabajo que estuvo integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se originó tras una solicitud de Alerta de Género por parte de Las Libres, que denunció que en el 2013 se triplicaron los feminicidios en el estado.
Zona Franca solicitó información cuantitativa al Gobierno del Estado sobre las recomendaciones. En la información recibida es evidente la falta de coordinación y comunicación, hay datos contradictorios e incompletos. Además se pidió un análisis de cada una de las recomendaciones a Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres.
El estatus de las 13 recomendaciones es el siguiente:
UNO
Realizar programas de capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género para las autoridades que atienden casos de violencia de género.
Según información proporcionada por el Gobierno de Guanajuato, se han realizado 18 cursos por parte de la Secretaría de Salud del 10 de agosto del 2015 al 14 de julio de 2016, no se especifica cuántas personas fueron capacitadas.
La Secretaría de Educación impartió 13 talleres del 7 de julio del 2014 al 16 de febrero del 2016, reporta haber capacitado a 16 mil 517 personas y para ello erogó 4 millones 482 mil 098 pesos, más un curso para 6 personas que costó 2 mil 160 dólares.
La Secretaría de Obra Pública realizó 7 cursos de mayo del 2014 a diciembre del 2015, se capacitaron 798 funcionarios y no tuvieron costo.
Del 2014 al 2016 otras dependencias recibieron 185 capacitaciones, no se da información sobre la temática, ni lo erogado, ni el capacitador.
Verónica Cruz dice que si hubo un avance con respecto a lo que había anteriormente, pues sólo “acciones aisladas que no tenían que ver con procesos de profesionalización, a lo más que llegaban eran a ser actividades de sensibilización y en eso se iba la mayoría del dinero, que además atendía temas muy diversos”.
En este momento el Gobierno del Estado se encuentra en “un mecanismo interuniversitario, con las universidades del país y fuera de él, para encontrar las personas más especializadas”, pues, según explica la activista, cumplir con cada una de las recomendaciones requiere un cambio estructural. 
DOS
Se deberá asignar presupuesto etiquetado a programas dirigidos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense.
El IMUG informa que en el 2014 se destinaron 17 millones 612 mil pesos; en el 2015 se erogaron 15 millones 854 mil 230 pesos y para el 2016 se tienen destinados 23 millones 81 mil pesos.
El DIF invirtió en Centros Multidisciplinarios y Albergues el 2014, ocho millones 488 mil 782 pesos; 10 millones 667 mil 878 pesos durante el 2015 y ocho millones 87 mil 315 pesos.
“La petición de la alerta de género lo que hizo fue desnudar que el IMUG no estaba cumpliendo con su papel”, dice Cruz, “y además sus recursos se estaban utilizando, lejos de transversalizar la perspectiva de género, se hizo evidente que no había una articulación en toda la administración pública estatal”.
La activista reconoce que se está reestructurando el instituto y se le dio más dinero, pues algunos de los servicios con los que nació el IMUG “no han servido ni han fortalecido efectivamente la política de prevención y de atención especializada que tiene que hacer el instituto”.
TRES
Ante la inexistencia de información sistematizada sobre hechos que impliquen violencia contra las mujeres, el estado deberá elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Se realizaron dos diagnósticos, uno con el PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo) y otro realizado por las especialistas Tatiana Ramos y Paola Monroy.
Además se destinaron tres millones de pesos que se repartieron entre investigadores de la Universidad de Guanajuato para hacer un trabajo mucho más completo y profundo que las otros dos investigaciones, pues la organización Las Libres buscaba saber qué estaba pasando con el fenómeno en Guanajuato.
La directora de Las Libres reconoce que hubo disposición de las autoridades para hacer el tercer estudio.
CUATRO
Rediseñar el banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres en el que participen todas las instancias involucradas en la atención y sanción de este tipo de violencia.
Durante los seis meses que duró el plazo para implementar las recomendaciones, Las Libres tuvieron reuniones con el procurador estatal. La activista ve que la falla en el Banco de Datos es en la lentitud con la que se actualizan los datos. “No se trataba de que sólo en esos seis meses tuvieran la presión de hacerlo, significa que hoy la población pudiera tener de manera puntual los datos. Tiene que ver con que el rediseño haga confiable a la institución”.
CINCO
Deberá existir una instancia de seguimiento de la violencia feminicida integrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado y organizaciones civiles. Por parte de la ciudadanía, la comisión está integrada por Isabel Llamas Andrade, de la Casa de Apoyo a la Mujer; Beatriz Meza Escutia, de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y Perspectiva de Género; Ruth Medrano Cadena, de la Universidad de La Salle Bajío y Rocío Margarita Naveja Oliva, de la Universidad Humani Mundial.
Cruz señala que la organización que preside, sólo ha sido convocada a una reunión en la que se les explicó el trabajo que se estaba realizando. El balance que hace sobre la comisión es que “ya cumplió su cometido, ya debería desaparecer, porque sólo abarcaba los expedientes de los feminicidios de 2013 y 2014. La valoración es que hizo un trabajo mu light y básico y muchos de los que están, no son expertos en el tema, lo que requieren es un equipo especializado en acompañamiento a los familiares”.
SEIS
Los protocolos utilizados para investigar los delitos del feminicidio, violencia familiar, violación de mujeres y no localización de mujeres no son adecuados, por lo que deberán mejorarse con apoyo de especialistas y publicarse en el Periódico Oficial.
Esta recomendación también fue cumplida, “pero les faltó el pequeño detalle de que tuvieran una revisión especializada, desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres”, señala Cruz. Así que se tuvieron que volver a hacerlos y publicar los nuevos.
SIETE
Contar con protocolos de actuación especializados para policías municipales y estatales que incorporen perspectiva de género.
En un inicio se dijo que los protocolos de los 46 municipios estaban concluidos, pero al revisarlos el Equipo de Trabajo y Las Libres se dieron cuenta que era el mismo con el que contaba la PGR, por lo que tuvieron que hacerse de manera particular.
“Nos quedamos en que sí había protocolos, si habían mandado revisar… pero yo diría que ahí se quedaron, porque los policías no están capacitados”, dice Cruz, que “podrían estar algún par bien, pero sólo en el papel, pues ningún municipio los ha traducido de manera efectiva para que sus policías sepan qué hacer”.
OCHO
Garantizar la reparación integral del daño en concordancia con el marco jurídico nacional e internacional bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
“Aquí el legislativo nos quedó a deber”, observa Verónica Cruz, “si hizo las reformas, pero lo que menos tienen es perspectiva de género. Además está muy focalizado en reparar en lo inmediato, que es: gastos funerarios, becas para los huérfanos, un proyecto productivo… así entienden la reparación del daño. Pero no está la reparación del daño para la garantía de la no repetición”.
NUEVE
Especializar y fortalecer la atención de los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia (CEMAIV) y coordinar su trabajo con la Procuraduría.
El DIF estatal informa que hay 52 centros, uno en cada municipio, dos en Irapuato y 5 en León. Sin embargo desconoce cuántas personas han sido atendidas. Pese a que la recomendación dice que se deben coordinar con la PGJE, ésta respondió a la solicitud de la información que no le corresponde tener esa información. Además de que el Banco de Datos, que depende de la procuraduría, está alimentado con información que proviene de los CEMAIV.
La activista hace ver que en este caso hay una contradicción entre la Ley General de atención a la violencia (creada en el sexenio de Juan Manuel Oliva) y la Ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. “Los CEMAIV tienen la estructura según la Ley de Oliva que no reconoce a la violencia contra las mujeres, entonces ha habido una dificultad legal y se tuvo que hacer una reforma legislativa para meter la obligación de que los CEMAIV se especializaran en perspectiva de género”.
DIEZ
Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres.
El IMUG informa que en el 2015 se atendieron 2 mil 196 hombres y de marzo a mayo del 2016 participaron 1 mil 372 hombres. El DIF informa que en el 2014 asistieron a los cursos 1 mil 23 hombres, en el 2015 asistieron 1 mil 479 hombres y de enero a mayo del 2016 participaron 598 hombres.
La Secretaría de Salud creo 48 grupos en el 2014, en ellos participaron 3 mil 264 hombres; 58 grupos en el 2015 con 5452 participantes y de enero a mayo del 2016 se contó con la presencia de 2924 hombres.
En esta área se encuentra una contradicción, pues el IMUG señala que en el 2014 no existía el programa para atención a hombres generadores de violencia.
Cruz señala que esta recomendación está reprobada, pues no hay vinculación entre la Secretaría de Salud y el Poder Judicial, explica que los jueces detienen entre uno y dos años los juicios de hombres acusados de violencia familiar o contra las mujeres y los mandan a terapias o a los grupos de reeducación, y hay casos en que los hombres están en lista de espera o no van. “Y el DIF o SS les dan su documento, sin que hayan pasado por el proceso de reeducación”.
Otro aspecto que observa, es que no se están midiendo de manera cualitativa los resultados del programa, sólo se reduce al número de hombres que asisten a los talleres.
El IMUG ha estado realizando un programa piloto de reeducación promovido por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para ver si funciona para cumplir con esta recomendación de manera más efectiva.
ONCE
“No han hecho una campaña, lo máximo que han hecho, son mensajes y además, no han logrado dar el mensaje adecuado “, señala Cruz, quien asegura que es uno de los puntos en el que más han fallado.
DOCE
Mantener y reforzar el mensaje de cero tolerancia la violencia contra las mujeres, todas las autoridades estatales y municipales deben promover el mensaje; se deberán difundir las sentencias dictadas por el Poder Judicial del Estado para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hacer públicas las sanciones contra los agresores.
Para Cruz, está ha sido otra de las grandes fallas, pues el tema de la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, si bien, ha aparecido en el discurso público, porque es políticamente correcto, ha sido insuficiente, pues recientemente en el estado han surgido casos que involucran a funcionarios públicos y se encuentran estancados y “el problema es que no hay el reproche social desde la gente de poder, pero sobre todo, la sanción. Y son en los casos emblemáticos, donde son los funcionarios públicos, donde son los hombres de poder, donde la autoridad, en lugar de ser cómplice, tiene que mandar el mensaje”.
TRECE
Se solicitó realizar cambio de denominación en el delito de violencia intrafamilar por violencia familiar y en el de abusos eróticos sexuales por abuso sexual; adecuar penalidades de los delitos sexuales y de violencia familiar; revisar si esos delitos deben ser perseguidos de oficio; tipificar el delito de estupro; establecer con perspectiva de género la reparación integral del daño en el tipo penal de feminicidio y demás delitos contra las mujeres.
“Esta la cumplieron al 200 por ciento, porque sólo se pedía que las iniciativas fueran presentadas y las legislaron. Aquí la critica es que los legisladores y las legisladoras no discutieron los temas” y se aprobaron tal cual las envió el gobernador. “La única que está pendiente, es que la violencia familiar sea delito grave y perseguida de oficio”, señala Cruz
CAMBIOS SÓLO EN EL DISCURSO Y FUNCIONARIOS SIN SENSIBILIDAD
Lourdes Gazol y Verónica Espinoza quienes también dieron seguimiento al proceso de la alerta de género hablan de las fallas de este mecanismo.
A dos años de haberse dado el proceso de la alerta de género, Gazol ve que “las instituciones no son capaces de responder, a nivel del discurso, si vas viendo una transformación, se va observando una construcción del lenguaje diferente. Pero en los hechos reales, tampoco vemos que a mayor presupuesto se estén dando los resultados que una estaría esperando de manera inmediata”.
En el mismo sentido opina Verónica Espinoza, “hablamos de un tema que fue negado rotunda y enérgicamente por las administraciones, los gobiernos y los gobernantes anteriores. Incluso con el propio gobernador Miguel Márquez, hasta hace no muchos meses, alguien quien radical y contundentemente decía que no eran un problema los asesinatos de mujeres en Guanajuato, ni la violencia contra las mujeres y que no era una situación que estuviera recrudeciéndose o agravándose”.
Gazol explica que las 13 recomendaciones es están concatenadas y por lo tanto, las acciones deberían estar articuladas y “ser un reflejo de lo que se está haciendo, de lo que se tiene y lo que se quiere”. Por ejemplo, aún hay una atención a las víctimas deficiente, “pues considera que los encargados de atender a las víctimas no entienden la dimensión del problema”.
Para la periodista Verónica Espinoza, este es un problemas grave, pues “sabemos que muchos de los perfiles de gobierno del estado no estaban preparados para asumir los compromisos que están contemplados en las recomendaciones, yo creo que ese es uno de los principales obstáculos que se pueden enfrentar para el cumplimiento de las recomendaciones de manera total”.
En otros casos, los funcionarios tienen cargas excesivas de trabajo “este es un problema muy serio, las personas están sobrepasadas, y que de repente si hay una voluntad de quienes están ahí, entonces todo el sistema no va encarrilado”, acota Gazol, “el aparato de Estado no camina siempre en el mismo punto y va deteniendo el engranaje y es algo que se tiene que arreglar”.
Espinoza cree que una de las fallas más graves se da en el área de comunicación, pues el “gobierno del estado tendría que estar dedicando un porcentaje muy importante de su presupuesto destinado a publicidad a campañas, a medios y a su propaganda para lanzar un mensaje de información, de prevención, ¿qué pueden hacer las mujeres en concreto?, ¿a dónde pueden acudir?, ¿quién las puede auxiliar?, y quiénes son víctimas de violencia”. Además de divulgar cuales son las obligaciones del gobierno. “Siempre ha habido incapacidad del Estado de socializar tanto el problema, como socializar las políticas, las herramientas del Estado para contrarrestar la violencia contra las mujeres”.
Además de perfeccionar el mecanismo de atención a víctimas y sobre todo, voluntad política, considera la periodista.
RECOMENDACIONES A MEDIAS Y LA NECESIDAD DE UNA ALERTA
Verónica Espinoza opina que el no cumplimiento al 100% de las recomendaciones, se debe a un problema de origen, “un plazo de 6 meses para que un gobierno cumpla, para abatir un rezago tan grande como el que se ha acumulado en Guanajuato en materia de la política pública de la atención a las mujeres, es imposible. Yo creo que lo primero que debieron haber reconocido fue eso”.
Pero no sólo es falla del gobierno estatal, “sigue faltando capacidad de los gobiernos municipales para entender, por principio de cuentas, lo que es la violencia contra las mujeres y sobre todo entender sus responsabilidades en las recomendaciones”, dice Espinoza.
Ante el planteamiento nuevamente de pedir la alerta de género para Guanajuato, Gazol dice que “aún con todos sus defectos, vuelve a poner en la mira el tema. Cuando uno habla de la alerta de género creo que si sirve para que la sociedad en su conjunto, tenga muy claro el problema de la violencia contra las mujeres y que es un problema serio que no se puede minimizar, en este punto”.
Espinoza coincide en este punto, pues cree que el mérito de alerta de género reside en la resonancia social, “se ha logrado que la sociedad vaya entendiendo, que vaya posicionando términos como el feminicidio, como la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres, violencia de género… temas que antes muy poco se tocaban, ni por la sociedad y muy poco por los medios”.
Concluye Espinoza asegurando que “el gran avance es del lado de la sociedad, no hay un gran avance del lado de la política pública del Estado”.
Por su parte, Verónica Cruz señala que en este momento no se puede solicitar aún la alerta, pues el proceso no ha concluido, “estamos en un proceso de indefinición, lo importante es que se cierre este proceso, se evalúe, con que si cumplió y con que no cumplió, pero sobre todo, en dónde está el estado comprometido a continuar”. Pues es necesario tomar en cuenta que hay un déficit histórico y 20 años de no actuación de los gobiernos del PAN en Guanajuato.
