El 27 de octubre de 2015, cuando Héctor Astudillo Flores asumía la gubernatura de Guerrero, el Gobierno federal implementó un nuevo Plan de Seguridad– el cuarto en nueve años– para fortalecer la presencia de fuerzas federales en las regiones más críticas del estado y reducir sus índices de inseguridad. A más de un año de iniciada esa estrategia, Guerrero es hoy la entidad más violenta del país.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Guerrero es uno de los principales destinos turísticos, pero el repunte de la violencia ha menguado su capacidad económica y su atracción para los visitantes. En las últimas semanas, ha vivido violentas jornadas de homicidios, a pesar de que actualmente es vigilado por al menos 6 mil militares y policías federales. En lo que va del año, la entidad gobernada por el priista Héctor Astudillo Flores, quien al inicio de su mandato se comprometió a combatir la inseguridad y “superar las debilidades institucionales”, suma casi 2 mil homicidios dolosos y se acerca al nivel más alto de violencia en la historia del estado.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2012 fue el peor año para Guerrero, cuando aún era gobernado el perredista Ángel Aguirre Rivero, con 2 mil 310 ejecuciones. Sin embargo, la atención nacional e internacional se centró en el estado en septiembre de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” a manos de policías y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

La ola de extorsiones y ejecuciones, principalmente en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, ha ocasionado el cierre de negocios, escuelas y hospitales, los paros laborales, el interés de los empresarios para portar armas, la disminución del turismo y manifestaciones para exigirle a los gobiernos priistas de Enrique Peña Nieto, quien en repetidas ocasiones ha anunciado acciones “por un Guerrero en paz”, y Héctor Astudillo que garanticen la seguridad en el estado, luego de que los cuatro operativos implementados por el Gobierno federal y comandados por el Ejército y la Marina desde 2007 reflejaran malos resultados.

Los secuestros masivos también se volvieron una constante en el estado. En enero de este año, 21 personas fueron “levantadas” en Arcelia, donde cinco maestros también fueron plagiados. A finales de agosto, en el mismo municipio, seis mineros “desaparecieron” cuando se dirigían a su trabajo. A mediados de noviembre, al menos 30 sujetos armados irrumpieron en Ajuchitlán del Progreso y se llevaron a 10 personas, entre ellas dos menores de edad. En todos los casos, el plagio duró de una a dos semanas, se exigió un rescate de 15 mil a 4 millones de pesos– aunque las autoridades no especificaron si este se efectuó– y las víctimas fueron obligadas a caminar descalzas entre los cerros y con la cabeza cubierta, de acuerdo con algunos testimonios.

La mayoría de las personas “levantadas” en Guerrero no son liberadas, por lo que el estado se mantiene en el primer lugar en desapariciones denunciadas y con una averiguación previa en la Procuraduría General de la República (PGR) con 963 casos registrados de enero de 2014 a abril pasado, según datos de la Fiscalía General del estado (FGE). Los familiares de desaparecidos han optado por buscar a las víctimas hasta en fosas clandestinas, las últimas 20 localizadas el mes pasado en Zitlala con casi 40 restos humanos.

El pasado 29 de octubre, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que la violencia disminuyó en los cinco municipios –sin especificar cuáles–, donde se aplica la estrategia nacional. Ese mismo día, 17 personas fueron ejecutadas en distintas partes de la entidad. El fin de semana anterior se registraron 22 ejecuciones y en el previo contabilizaron 30 asesinatos.

LA DISPUTA POR GUERRERO

Tras la serie de hechos violentos, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que en coordinación con los gobiernos estatal y federal, y gracias a la ayuda de las fuerzas armadas, se ubicaría a los responsables. Sin embargo, si en algo han coincidido los funcionarios y Héctor Astudillo es que en el estado no opera sólo una organización y, por el contrario, la desarticulación de los cárteles, como supuestamente sucedió con Guerreros Unidos, ocasiona más pugnas internas.

Los grupos delictivos en Guerrero no sólo se dedican al trasiego de drogas y armas, sino que también tienen actividades relacionadas con la minería, los sindicatos y el transporte público, pues son en las que más ganancia pueden obtener a través de la extorsión o el llamado derecho de piso. Ha decir de expertos en el tema, estos “negocios” se realizan de manera permisiva por parte de los mismos elementos de seguridad que son enviados al estado para resguardarlo.

El Gobierno federal ubica a tres cárteles en Guerrero: Los Beltrán Leyva, el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, todos con mayor presencia en Acapulco. Mientras que la administración de Astudillo Flores habla sólo de las células el Independiente de Acapulco (CIDA), Los Ardillos, Los Rojos y ahora Los Tequileros— al que se le atribuye la violencia generada en la región de Tierra Caliente durante los últimos meses— todos con mayor presencia en Tixtla, Ajuchitlán, Cocula, Totolapan, Zitlala y Chilapa.

Las policías comunitarias viven uno de sus momentos más tensos ocasionando también hechos de violencia: las tres principales organizaciones que operan en el estado se acusan mutuamente de pertenecer al crimen organizado, lo que deriva en enfrentamientos y esto a su vez en la ejecución de sus miembros.

Guerrero es una de las entidades más pobres del país, con una deuda que llega a los 23 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas del estado, y que arrastra las críticas por la administración anterior, sin embargo, lo que los guerrerenses le exigen Héctor Astudillo es que frene la violencia, promesa que ha ido arrastrando desde que estaba en campaña.

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BREVES

Murat afirma que recibió a Oaxaca “colapsado” financiera y socialmente

Alejandro Murat Hinojosa, el nuevo Gobernador de Oaxaca, aseguró que recibió un estado colapsado tanto financiera como socialmente, pues heredó una deuda de 20 mil 500 millones de pesos y el conflicto magisterial con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos líderes se reunieron con el priísta para acordar establecer una nueva mesa de diálogo.

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Pavlovich y el Gobernador de Arizona negocian producción automotriz

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y el Gobernador de Arizona, Doug Doucey, anunciaron la construcción de una línea de producción automotriz binacional que generará más de dos mil empleos y dejará, aseguraron, una importante derrama económica en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos.

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El INE exige a Rafael Moreno Valle que deje de hacerse promoción política

Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, acudió a la toma de protesta de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, un hecho que calificó como “histórico”, pues por primera vez en ese estado, dijo, se vive la alternancia. En esta ocasión, el mandatario poblano no hizo referencia a sus aspiraciones políticas, luego de que así se lo pidiera el Instituto Nacional Electoral (INE).

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FRASES

“Por primera vez en todo el siglo XXI se admite un aumento al salario mínimo, de 7 pesos, que es un avance, pero resulta insuficiente”, escribió en su cuenta de Twitter el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, tras el anuncio del aumento al salario mínimo para 2017.

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“Responderé haciendo justicia”, prometió el pasado jueves Miguel Ángel Yunes Linares al tomar protesta como Gobernador de Veracruz ante el reclamo por resolver la problemática situación que atraviesa el estado y por investigar a todos los funcionarios y allegados al ex mandatario prófugo Javier Duarte de Ochoa.

 

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"Con que no vayamos a McAllen unos 15 días, Trump va a cambiar de opinión", dijo el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a los regiomontanos para que no acudan a la ciudad estadounidense, luego de que la empresa Carrier anunció que no trasladaría empleos de Indianapolis a México, tras llegar a un acuerdo con el Presidente electo Donald Trump.