Como parte de la “Operación Liberación” en el Estado de México, las autoridades aseguraron oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio; una mina, carnicerías y expendios de huevo, granjas de pollo, porcinas, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. También se aseguraron animales exóticos, como un león, un cisne y un pavo real.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Un mina, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo, puestos de huevo y cárnicos, así como transporte de carga eran controlados en 14 municipios del Estado de México por miembros de la Familia Michoacana entre quienes se encontraban supuestos comerciantes, líderes sindicales e incluso servidores públicos, ocho de los cuales ya fueron detenidos.
Esta red de extorsionadores fue desmantelada el lunes en un amplio operativo en el que participaron las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México. Bajo el nombre de “Operación Liberación”, las autoridades desarticularon a estos grupos criminales o individuos que fijaban cuotas, precios abusivos y obligaban a los mexiquenses del sur del estado a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios, en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo.
Los 14 municipios en donde se realizó la operación fueron: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia dichas personas (detenidas) con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Así mismo, en estas acciones se aseguraron animales de granjas, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto y producto de este delito”, comentó el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch en conferencia de prensa.
García Harfuch expuso que en el operativo también fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio; una mina, carnicerías y expendios de huevo, granjas de pollo, porcinas, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. También se aseguraron animales exóticos, como un león, un cisne y un pavo real, así como una extensa propiedad de un sujeto que se hacia pasar como empresario, un rancho con una mansión.
Las autoridades aseguraron 4 mil 174 pollos, 30 vacunos, 89 bovinos, 17 mil 657 bultos de alimento y forraje, 3.9 toneladas de cárnicos, 5 mil bultos de cemento, 137 toneladas de varilla, 18 ejemplares de animales exóticos, 52 caballos así como 128 unidades de transporte de construcción y de carga.
El Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, apuntó en la misma conferencia, que el operativo fue resultado de una serie de denuncias y de una investigación de seis meses, la cual exhibió cómo la Familia Michoacana tenía sometidas a prácticas extorsivas a 14 municipios, en los que preliminarmente se identificaron 63 “establecimientos comerciales concentradores del entramado criminal”, en los cuales, este lunes 21 de julio se llevó a cabo este operativo.
“Se trata de lugares en donde se direcciona y se acapara el producto de manera constante, de manera importante, y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar, de manera que si uno acude a Malinalco a una tlapalería o a un centro de materiales a comprar cemento, le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo venden a vender en determinado lugar y le van a otorgar una especie de recibo, una especie de preautorización”, indicó.
El Fiscal Cervantes explicó que en estos lugares se vende a un sobreprecio de hasta más del 400 por ciento y señaló que en el caso de los materiales el grupo criminal controlaba el transporte de los productos adquiridos. También habló que había taxistas que integraban estas redes criminales así como cuotas que se cobraban a las compañías de mensajería para que pudieran distribuir sus paquetes.
¿Quiénes son los detenidos?
En ese sentido, se dio a conocer que los ocho detenidos tenían funciones gerenciales en este esquema criminal. Expuso por ejemplo el caso del supuesto empresario Eli “N”, propietario de una casa de venta de materiales y almacén denominada “JIMEX”, ubicada en el municipio de Valle de Bravo.
Presuntamente, “Jimex” extrae materiales de la mina “San Francisco”, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan ubicada en el municipio de Temascaltepec. Quien adquiriera material en lugares no autorizados o utilizará servicios de transporte diferentes, era despojado de la mercancía, además los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo delictivo.
Previo a su detención era la única persona autorizada por la Familia Michoacana para la distribución y venta de cemento y materiales de construcción en esa región del Estado de México. “Es una persona que tenía un perfil empresarial, que convivía con los empresarios del lugar, del cual ya teníamos quejas y señalamientos”.
Otro de los detenidos es Gonzalo “N”, identificado como líder del Sindicato “Bradosva”, y quien era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla, y único autorizado para “mover” los materiales de la mina asegurada para favorecer a Eli “N”.
“Cuando algún particular o constructora independiente intentaban trasladar materiales de construcción en vehículos ajenos al Sindicato “Bradosva” exigía a los choferes y responsables fuertes sumas de dinero a cambio de no “quemar o tirar” su obra, incluso los llegó a privar de su libertad”, según se dio a conocer.
Las autoridades indicaron que de esta manera Eli “N” y Gonzalo “N” ejercían un control total sobre la industria de la construcción en Valle de Bravo y municipios aledaños, así como el sometimiento a otros comerciantes y clientes.
Alicia “N”, una de las detenidas, tenía bajo su responsabilidad la contabilidad y operaciones financieras de establecimientos destinados a la venta de materiales pero en este caso en la región de Ixtapan de la Sal y municipios aledaños. Las investigaciones indican que ella obligaba a los clientes de los establecimientos a adquirir productos con incrementos del 20 por ciento y en caso de no acceder los amenazaba con privarlos de la libertad y asesinarlos.
Jorge “N”, era líder de madererías en el municipio de Valle de Bravo, al igual que Eli “N” y Gonzalo “N”, en Valle de Bravo no se podía alquilar o vender un solo polín o tablas sin que fueran comercializados por él; esto incluía maderas finas para interiores de cabañas y fincas de la región.
En el mes de marzo de 2025, habría amenazado a un comerciante de madera, a quien le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos, además de que, a partir de ese momento, tendría que entregarle una cuota mensual de acuerdo a las ventas, además de que sólo podría comprarle la madera a él.
Entre los detenidos también se encuentra Yareli “N”, quien se desempeñaba como cuarta regidora municipal. Ella es acusada de secuestro exprés con fines de extorsió, pues en abril de 2025 habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de muebles, en el municipio de Ixtapan de la Sal, a quien le habría exigido una “cuota o de lo contrario le daría piso a él y a su familia”.
José Fernando “N”, otro de los detenidos, fue identificado como dueño de madererías ubicadas en la región de Ixtapan de la Sal. Se le señala de aumentar el precio de la madera. También llevaba a cabo trabajo de logística por medio de operadores de servicio público taxi.
Antonio “N”, a su vez, era encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán a través de un establecimiento comercial en el que imponía a los clientes una suma económica de 5 pesos por cada kilogramo que pesaban las cabezas de ganado que llevaban.
El pasado 11 de marzo, en complicidad con dos personas más, amenazó con privar de la vida a la víctima en caso de que se negara a “comprar carne de res y de cerdo con él” o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.
Como parte del operativo también se detuvo a Bernardo Alejandro “N”, en Quintana Roo. Él era el encargado de la venta de pollo a comerciantes del municipio de Ixtapan de la Sal y se le señala de pertenecer a la Familia Michoacana.
Controlaban materiales y hasta carnes
Para controlar el sector de la construcción en la región del Sur del Edomex, la Familia Michoacán disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el “Sindicato Libertad” y el “Sindicato Bradosva”, los cuales se encargan de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, entre otros.
A través de ambas organizaciones, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y demás productos utilizados para el giro de construcción.
Los comerciantes eran obligados a adquirir materiales a través del Sindicato Bradosva organización, así como las casas de materiales “Jimex”, propiedad de Eli “N”, así como “Construrama” y “Aceros Arriaga”, propiedad de otro sujeto implicado en la red criminal. En estos establecimientos los precios alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 por ciento.
A su vez, quienes quisieran comprar algún material tenían que acudir a las oficinas del “Sindicato Libertad” ubicado en Donato Guerra en donde les entregaban un “vale” que era cambiado en lugares “autorizados” por la organización criminal.
En ese municipio, las minas “San Juan”, “Michoacana”, “Nieto” y “Velázquez” también presuntamente forman parte de los esquemas extorsivos ya que era la única organización autorizada a entregar y transportar el material adquirido a través del “Sindicato Libertad”.
Las indagatorias también encontraron que en el municipio de Tejupilco, el grupo criminal obligó al cierre del rastro municipal y a unos metros de distancia estableció uno bajo su control y carente de cualquier permiso. En ese lugar, si bien no existía la venta directa de cárnicos, sí se identificó el cobro de cuotas con costos relevantes por el sacrificio de los animales y la reventa de los cárnicos.
Otra de las actividades que las investigaciones lograron identificar fue que la Familia Michoacana ejercía controles económicos sobre la población al establecer un centro de distribución de paquetería en el municipio de Tejupilco al que debía llegar todo paquete con destino a municipios de la zona sur de la entidad.
En ese lugar era interceptada toda la paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o Fedex, posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto, en caso de no pagarlo no le era entregado.
