Desde el icónico caso del perredista Julio César Godoy, quien ingresó al Congreso de la Unión escondido en la cajuela de un automóvil para rendir protesta y obtener inmunidad, los procesos de desafuero han tenido resultados dispares: mientras figuras como Cuauhtémoc Blanco y Francisco Javier García Cabeza de Vaca lograron evadirlo pese a graves acusaciones, otros, como Benjamín Saúl Huerta, sí perdieron esta protección el fuero y enfrentaron la justicia.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha solicitado al Congreso de la Unión que retire la inmunidad constitucional a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para que rinda cuentas ante la justicia por las denuncias e investigaciones por corrupción en su contra. Sin embargo, el caso se mantuvo en la congeladora. Pero fue es hasta, después de la agresión que Moreno protagonizó en el Senado de la República cuando el debate sobre su desafuero volvió a cobrar fuerza.
El fuero en México es un mecanismo de protección jurídica temporal que impide que los funcionarios de alto nivel sean detenidos mientras ejercen su cargo. De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, lo gozan la Presidenta, diputados, senadores, ministros, el Fiscal General de la República y, a nivel local, gobernadores y diputados estatales. Sin embargo, este privilegio no es absoluto: puede retirarse si la institución que investiga al funcionario solicita al Poder Legislativo la declaración de procedencia, trámite que permite el inicio de un proceso penal, lo que se conoce como “desafuero”.
Con el paso del tiempo, esta figura se ha convertido en una herramienta polémica, ya que han sido varios casos en los que el fuero ha protegido a políticos acusados de corrupción y delitos graves, lo que les ha permitido evitar la cárcel. Uno de ellos, fue Julio César Godoy Toscano, exdiputado federal del PRD, quien el 23 de septiembre de 2010 ingresó escondido en la cajuela de un automóvil a la Cámara de Diputados para evadir a la Policía Federal, que buscaba detenerlo por delincuencia organizada. Hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue acusado de enriquecimiento ilícito y de servir como enlace entre el gobierno estatal y el narcotraficante Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
De acuerdo con reportes periodísticos, el vehículo en el que entró al recinto legislativo pertenecía a Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien ahora está tratando de formar su propio partido. Godoy logró rendir protesta y gozar de fuero por algunos meses. Sin embargo, la Cámara de Diputados le retiró la inmunidad en 2010, lo que lo obligó a darse a la fuga. Desde entonces permanece prófugo y en 2020 todavía promovió un amparo para evitar ser detenido.
La misma situación la trató de emular el priista Antonio Enrique Tarín García en 2017, cuando el exfuncionario del Gobierno de César Duarte en Chihuahua fue acusado de desviar más de 300 millones de pesos. Tarín buscaba asumir como Diputado federal suplente tras la muerte de Carlos Gerardo Hermosillo. La Fiscalía había notificado al Congreso que existía una investigación en su contra, pero él ingresó a San Lázaro y pasó la noche en el recinto con la intención de rendir protesta y obtener fuero. Su intento fracasó, pues diputados del PAN, PRD y Morena impidieron que asumiera la curul.
Alejandro Moreno: un desafuero congelado
La primera solicitud formal para retirar la inmunidad a Moreno Cárdenas ocurrió el 17 de agosto de 2022, cuando la Fiscalía de Campeche, encabezada por Renato Sales Heredia, envió a la Cámara de Diputados un trámite sustentado en delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno del desvío de 83 millones de pesos durante su gobierno en esa entidad entre 2015 y 2019. De confirmarse, perdería la inmunidad constitucional y podría ser detenido para ser sometido a proceso.
El 25 de julio de 2025, la Fiscalía de Campeche informó que presentó y ratificó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una nueva solicitud de Declaración de Procedencia en contra de Moreno. El 1 de agosto, el Diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, confirmó la recepción de la denuncia y señaló que con ella ya suman al menos cinco expedientes distintos contra el priista. Esta última acusación incluye delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
En tanto que el mismo Eric Flores reveló esta semana que el expediente relacionado con el presunto desvío de 83 millones de pesos “desapareció” y que la Fiscalía General de la República nunca solicitó formalmente que se le quitara el fuero al dirigente priista. En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, el Diputado explicó que al inicio de la actual legislatura, la Sección Instructora revisó los archivos y encontró solo un documento parcial sobre las investigaciones a “Alito”.
En tanto que las posturas políticas frente a un posible desafuero han sido diferentes. Por ejemplo, Ignacio Mier Velazco, vicecoordinador de los senadores de Morena, declaró que la agresión de Moreno Cárdenas al Senador Gerardo Fernández Noroña y las lesiones a un trabajador del Senado no serían suficientes para solicitar su desafuero, mientras que , la Consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, consideró que cualquier delito puede dar lugar a ese proceso, aunque aclaró que habrá que esperar las investigaciones de la Fiscalía.
Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria general de Morena, opinó que ni siquiera sería necesario solicitarlo, ya que, según dijo, “este tipo de casos los castiga el pueblo” y advirtió que políticos como Moreno tienden a victimizarse con este tipo de procesos.
Cuauhtémoc Blanco
El 25 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. La Fiscalía de Morelos pedía investigarlo por tentativa de violación, pero la Sección Instructora argumentó que la carpeta no estaba debidamente integrada.
La decisión dividió a legisladores de Morena. Cuatro de los seis diputados federales de Morelos votaron en contra del dictamen que lo exoneraba. Entre los votos contrarios destacó el de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación, quien se sumó a quienes rechazaron el fallo. Sin embargo, otros 23 diputados morenistas ni siquiera acudieron a la sesión.
La resolución provocó críticas. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, advirtió que la deficiente integración de carpetas por parte de las fiscalías favorece la impunidad. Un día después, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera una alianza con el PRI, aunque reconoció que el voto de ese partido fue decisivo para que Blanco mantuviera su fuero y pudiera enfrentar denuncias sin riesgo de ser detenido.
Cabeza de Vaca
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, también ha sorteado procesos judiciales pese a que la Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Cabeza de Vaca se convirtió en el primer Gobernador de la historia reciente, al que aun y estando en funciones como Ejecutivo le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada; lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acusación en su contra por parte de la FGR es por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y, instalada como Jurado de Procedencia, aprobó por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, que declaró la Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero, de la inmunidad constitucional, en contra del panista por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, que en ese momento era integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priista, convocó a una sesión en la que en fast track y desechó el desafuero y decidió que Cabeza de Vaca conservaría la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.
El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto de 2022 resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.
Benjamín Huerta y Mauricio Toledo
El 21 marzo de 2021, Benjamín Saúl Huerta destacó en los encabezados de los medios de comunicación, cuando fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).
La aprehensión del entonces legislador de la bancada de Morena en San Lázaro se debió a una denuncia de un adolescente de 15 años, quien acusó al político poblano de haberlo agredido sexualmente en la habitación de un hotel de la colonia Juárez, pero no procedía por tener fuero.
Después de pasar más de 100 días en libertad por su fuero, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de agosto de 2021 el desafuero de Huerta Corona, por lo que un Juez libró de inmediato las órdenes para detenerlo. El 7 de febrero de 2024, Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad.
En el mismo año 2021, la Cámara de Diputados sí retiró el fuero a Mauricio Toledo, exdiputado federal del Partido del Trabajo y exdelegado de Coyoacán, acusado de enriquecimiento ilícito. Con 413 votos a favor y 4 en contra, se dio inicio a un proceso penal por presuntos actos de corrupción.
AMLO
Así como el fuero ha sido utilizado por políticos para evitar rendir cuentas, está la otra cara de la moneda. El desafuero como uso político para persecución y al respecto uno de los casos más emblemáticos es precisamente el Andrés Manuel López Obrador, un hecho histórico que, al paso de los años ahora es posible verse como una parteaguas que consolidó el obradorismo como fuerza política y que evidenció que, pese a la alternancia que prometía el PAN cuando llegó en el 2000, las viejas prácticas autoritarias seguían vivas.
Este año se cumplieron precisamente 20 años de ese episodio cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del Distrito Federal y fue desaforado por la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para que pudiera ser juzgado por presunto desacato a una resolución judicial la reubicación de una construcción en un caso de expropiación de tierras de un predio llamada Encino.
El desafuero se dio en un contexto político donde López Obrador y su gobierno en la Ciudad de México gozaba de gran popularidad por lo que lo colocaban como una figura muy fuerte para la candidatura presidencial rumbo a las elecciones 2006.
Siendo una evidente amenaza para su partido, Vicente Fox y el PRI, impulsaron el desafuero de AMLO, ya que fue la hoy extinta PGR, bajo el gobierno forista la que promovió el desafuero pese a que el caso carecía de fundamentos sólidos y la acusación se basaba en hechos dudosos, incluyendo la participación de un particular cercano a Fox y jueces posteriormente cuestionados por corrupción.
La medida provocó un rechazo social masivo. La ciudadanía se organizó espontáneamente para protestar contra lo que se consideró un acto autoritario y un atentado contra la democracia.
Lejos de debilitar a López Obrador, el desafuero fortaleció su liderazgo y dio origen a un movimiento que luego se convirtió en Morena, el partido que hoy en día es mayoría no solo en el Congreso de la Unión, sino que es el partido gobernante en 24 estado y tiene mayoría en al menos 27 legislaturas estatales.
