Guanajuato, 26 Dic. (Notimex).- A partir del 1 de enero, en 11 municipios de la entidad comenzará a aplicarse el Sistema de Justicia Penal basado en la oralidad.
Con ello se pretende que los procesos penales que antes duraban tres o cuatro años, ahora se resuelvan en cuestión de meses. Los 11 municipios se suman a otros 15 que arrancaron los juicios orales desde el 1 de septiembre de 2011.
Ante la reforma penal en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) adoptó la transición por etapas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde la Subprocuraduría de Justicia Región B se prepara para ser la segunda sede a partir del 1 de enero.
El modelo de oralidad comenzó el 1 de septiembre de 2011 en Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.
A partir del 1 de enero de 2013, los juicios orales arrancarán en Irapuato, Silao, Romita, Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Abasolo, Huanímaro, Pénjamo, Salamanca, Jaral del Progreso y Valle de Santiago.
En León, que concentra 30 por ciento de la población del estado, iniciará el 1 de enero de 2015, una año después que en Celaya.
De acuerdo con el último informe presentado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, únicamente en Chihuahua, Morelos y el Estado de México operan de manera total.
De manera parcial los juicios orales se realizan en Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán.
La fiscalía estatal informó que el proceso requiere cambios que ya han sido implementados, como capacitar a los funcionarios públicos que conforman las agencias del Ministerio Público y el cómo se integran las investigaciones, que dejan de ser "averiguaciones previas" para convertirse en "carpeta de investigación".
Uno de los puntos clave del nuevo sistema recae en la figura del Ministerio Público en su papel de mediador o conciliador de conflictos.
Esto podrá darse antes de que se integre una carpeta de investigación o durante el proceso, previo a que llegue al juicio oral, para ello se requiere de la voluntad de ambas partes.
