Además del tarifazo de 47 por ciento en el transporte, la población de Jalisco enfrenta rutas mal conectadas y la obligación de tramitar una tarjeta para no pagar la tarifa más alta.
Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo) .- El mayor “tarifazo” al transporte registrado en Jalisco deriva de la gran corrupción en el estado y de un modelo de enriquecimiento a costa de las personas más empobrecidas, dicen políticos y activistas. Para quienes se oponen al alza de 47 por ciento al pasaje, el Gobierno de Pablo Lemus ha provocado una nueva crisis y la enfrenta con represión. Y todo esto está potenciado por el Mundial de Futbol 2026.
En abril, entrará en vigor la nueva tarifa del transporte concesionado y pasará de 9.50 a 14 pesos. El Gobernador del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una opción para pagar 11 pesos: adquirir una tarjeta de débito de Broxel, una financiera amonestada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) y a la que el Gobierno estatal le pagará 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa. Dicha empresa podría ganar más de 27 millones de pesos mensuales del dinero público.
En México, el transporte público es utilizado por millones de personas de bajos recursos. Y en Jalisco, serán ellas quienes tendrán que adquirir una tarjeta bancaria para ahorrarse tres pesos. El tarifazo afecta “principalmente a las personas que están en las periferias y que se tienen que trasladar todos los días a sus espacios de trabajo, de estudios o a su negocio”, dice la activista Elizabeth González Vargas.
“Por ejemplo, yo soy de Tlaquepaque y por la manera en la que está organizado el tren y el macrobús, mi casa no está muy bien conectada. Así que siempre tengo que tomar dos camiones de ida y dos camiones de regreso”.
Alejandro Puerto, diputado local en Jalisco, señala que si Pablo Lemus impuso un incremento de 47 por ciento y si millones de personas se verán obligadas a tramitar una tarjeta Broxel es porque una estructura lo permite. En ella están familias empresarias del transporte, exgobernadores y el gobierno en turno e instituciones públicas que sostienen un modelo de transporte concesionado “que ya es inviable”.
¿Quién gana con el tarifazo?
En fin de año, en época vacacional y en sábado el Gobierno de Pablo Lemus anunció el “tarifazo”, como la población jalisciense llamó al incremento del pasaje. El 27 de diciembre de 2025 publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco que, de acuerdo con el dictamen del Comité Técnico Tarifario, se determinó aumentar el costo del transporte de 9.50 a 14 pesos.
El documento indica que la tarifa es aplicable “en las áreas metropolitanas y ciudades medias” de la entidad y que entrará en vigor el 1 de abril de 2025. Informa que dicha cantidad será para quienes paguen en efectivo y que habrá una tarifa subsidiada de 11 pesos para quienes tramiten lo que nombró “Tarjeta Única Al estilo Jalisco”.
Aunque en un inicio la tarifa preferencial para estudiantes era de 7 pesos, el 10 de enero el Gobierno publicó un nuevo anuncio en el que informa que seguirá siendo subvencionado para mantenerlo en 5 pesos. Pero también está condicionada a que tramiten la tarjeta.
La tarjeta es operada por Financiera Broxel, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo). En 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) emitió una amonestación a Broxel por “incumplir con las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita”.
Pese a ello, el 31 de octubre de 2025, el Gobierno de Jalisco le adjudicó una licitación hasta 2030. En el contrato se establece que el pago provendrá de recursos no etiquetados. La cláusula cuarta indica que el máximo de servicios, o tarjetas, será de 5 millones por mes. Si alcanzan esa cantidad, el monto a pagar por mes será de más de 27 millones de pesos.
En ese mismo apartado, se protege a Broxel en caso de que no llegar a esa cantidad de tarjetas o que éstas no se utilicen, pues el Gobierno estará obligado a pagar siempre al menos por el 40 por ciento, es decir, casi 11 millones de pesos mensuales. La financiera cobra además 150 pesos por reposición de la tarjeta, 250 por aclaración improcedente y 8 pesos por transferencia bancaria. Todos estos precios son más IVA.
Broxel es proveedora de otros gobiernos y ha sido objeto de otras quejas. En noviembre de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le otorgó la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025 para el suministro de vales electrónicos de despensa por entre 7 mil y 10 mil millones de pesos. Toka Internacional, otra empresa concursante, inició una queja ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por irregularidades de Broxel en esta licitación.
Pero para el gobierno de Jalisco, con la tarjeta Broxel la población tendrá la oportunidad de bancarizarse en “una operadora muy fuerte en México”, como la describió Luis García Sotelo, Secretario de Hacienda del Estado en una conferencia el pasado 12 de enero.
El funcionario dedicó poco más de 5 minutos a hablar de todas las bondades de la tarjeta. Con ella puedes ahorrar, tener un rendimiento del 10 por ciento, recibir remesas a la tasa baja del mercado, pagar servicios, acceder a microcréditos, además es Visa internacional, dijo. “Puedo pagar en todos lados con ella y puedo adelantarme al futuro. Un futuro donde el efectivo dejará de usarse, el famoso cash”. El video podría funcionar como capacitación para quienes trabajen vendiendo tarjetas bancarias.
El diputado Alejandro Puerto recuerda que, cuando fue regidor en Zapopan durante la gestión de Pablo Lemus como alcalde, se detectó un faltante de 300 millones de pesos, recursos que habrían sido colocados en el Banco Accendo, entonces en riesgo de liquidez. Por estos hechos, Puerto promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Transporte de miles, negocio de pocos
De acuerdo con el Padrón de Empresas Concesionarias consultado por Sin Embargo, la Secretaría de Transporte de Jalisco le ha otorgado el permiso a unas 120 empresas para transportar a personas en 433 rutas en todo el estado. Pero el servicio se concentra en un puñado de compañías. Operadora Macrobús, Peribús Metropolitano, Transporte Público Estructurado, Vanguardia y Cambio, así como Transportes Mirasol son las cinco principales que representan cerca de una tercera parte de todas las concesiones.
Los concesionarios argumentan que las tarifas actuales no cubren salarios dignos para choferes, el buen estado de las unidades o adquirir nuevas, dice el diputado Alejandro Puerto. Sin embargo, él considera que el transporte público en Jalisco está “capturado por intereses privados”. El negocio de los transportistas es tener una concesión que vive de subsidios públicos, es decir, dinero que el gobierno estatal deposita en sus cuentas.
“El servicio de transporte concesionado es el peor”, dice Elizabeth González. “El camión te deja esperando una hora, cuando llega está súper lleno o no te da la parada, evade la ruta y se va por otro lado”.
Desde 2018, el pasaje cuesta 9.50 pesos. Sin embargo, las alcancías donde se depositan las monedas no devuelven los 50 centavos de cambio, “lo que en la práctica eleva el pasaje a 10 pesos”, agrega el diputado. Este dinero se concentra en un fideicomiso administrado por el gobierno y del que no rinde cuentas, apunta.
El Gobierno, dice, “jinetea” el dinero de los transportistas hasta por 90 días, lo que les permite mantenerlos sometidos políticamente. “Este modelo fue creado por Enrique Alfaro y persiste”.
La Universidad de Guadalajara (UdeG), es otra institución que sostiene esa estructura de corrupción, dice Alejandro Puerto. Pese a que dos estudiantes de la UdeG fueron detenidos en una protesta contra el tarifazo, “la Federación de Estudiantes (Feu), que es pro-gobierno, no los defendió”.
Y cita como ejemplo un video, difundido por el Gobierno de Jalisco, donde Fernanda Romero, presidenta de la Feu, aparece con Pablo Lemus agradeciéndole por dejar las tarifas para estudiantes en 5 pesos. Nada dice sobre el incremento de 14 pesos para el resto de la población ni sobre sus compañeros detenidos.
Represión, referéndum y amparos
Las estrategias para frenar el tarifazo han sido diversas: movilizaciones, la convocatoria a un referéndum y la presentación de amparos. Sin embargo, ante la protesta pública la respuesta gubernamental ha sido la criminalización.
En la marcha que se llevó a cabo en Guadalajara el sábado 10 de enero, policías estatales detuvieron a cuatro hombres, entre ellos dos estudiantes de la UdeG. Según el Frente Juvenil Revolucionario, fueron torturados durante la detención.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) advirtió “un patrón persistente de violaciones a los derechos humanos en las últimas manifestaciones”. A partir de testimonios recabados, documentó “detenciones arbitrarias, incomunicación y desaparición forzada de corta duración”.
Jalisco “tiene una tradición pública y notoria de represión”, afirma el diputado Alejandro Puerto. Elizabeth González señala que en el Gobierno de Enrique Alfaro la policía “levantó” a sus amigas en una protesta. “Ahora con Pablo Lemus entendemos que la dinámica sigue siendo la misma”.
No obstante, Alejandro Puerto advierte que en los últimos meses se ha registrado un aumento de la violencia en el contexto del Mundial de Futbol 2026, del que Guadalajara será una de las sedes. “Se quiere proyectar la imagen de que en Jalisco todo está bien”, agrega. Además, “Pablo Lemus quiere enviar el mensaje de que no tolerará manifestaciones durante el Mundial”.
En las marchas se escucha la consigna “No queremos FIFA, que baje la tarifa”, cuenta Elizabeth González. “Es sumamente alarmante y grosero, incluso, el hecho de que el gobierno de Zapopan esté anunciando un transporte público gratuito para ir al Estadio Akron en el mundial”.
Ante todo esto hay diferentes acciones. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco abrió la plataforma ¡Fírmale!, donde promueve la figura del referéndum para que la ciudadanía vote si está de acuerdo con el incremento. De acuerdo con información de la página, se requerían un mínimo de 3 mil 369 firmas, o sea, el 0.05 por ciento de la lista nominal. Hasta el jueves 22 de enero ya tenían 14 mil 679, más de 300 por ciento de las necesarias.
Sin embargo, el IEPC no puede solicitar el referéndum, lo tienen que hacer la ciudadanía. Y hasta ahora nadie lo ha hecho. El plazo vence el sábado 26 de enero. Pero según Alejandro Puerto, el IEPC está “completamente cooptado por Movimiento Ciudadano. Ese organismo avaló el fraude electoral por el que Pablo Lemus llegó a la gubernatura, dice.
En vista de eso, Alejandro Puerto promovió un juicio de amparo junto con madres jefas de familia que cuidan a infancia con discapacidad. “Muchas de ellas usan seis camiones al día, tres de ida y tres de regreso y pierden casi medio día en el transporte público”. Si la tarifa aumenta, pasarían de gastar 57 a 84 pesos. Además, seguirá presentado otros amparos.
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, de la organización Jalisco Cómo Vamos, en 2024. las mujeres utilizaban más el camión, mientras que los hombres se movían más en vehículo particular.
Elizabeth González Vargas propone “un plan B en casa de que el referéndum no funcione”. Ella propone un plebiscito para que la tarifa quede en 11 pesos, con un subsidio no condicionado a adquirir la tarjeta Única. Hasta el pasado jueves había recaudado el 30 por ciento de las firmas necesarias. “Tenemos hasta el domingo 25 para recabar todas las posibles”.
Para Alejandro Puerto, además de estas acciones legales, “necesitamos que la discusión no solamente sea de la tarifa, sino también de la prestación del servicio. Lemus puede salir mañana a decir que la tarifa se queda en 9,50. Pero eso sería aumentarle el subsidio a los transportistas. El tema no es solamente eso, el tema es qué modelo de transporte público tenemos y a cuál debemos de llegar”.
