Miembros del Partido Verde Ecologista de México han enfrentado acusaciones de corrupción e irregularidades, algunas de las cuales han terminado en investigaciones judiciales.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- A lo largo de su historia, dirigentes y militantes del Partido Verde Ecologista de México han acumulado acusaciones por prácticas irregulares y presuntos actos de corrupción. Se trata de una fuerza política aliada de Morena, pero que se opone a medidas como acatar para el próximo periodo electoral la reforma contra el nepotismo.
Ciertamente, este episodio es solo uno entre otras polémicas de mayor nivel en el que han estado involucrados personajes como Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde”; el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; el exdiputado Arturo Escobar y Vega, así como otros integrantes de la fuerza política identificada con el tucán, como el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien busca imponer como su sucesora a su esposa, la Senadora Ruth González Silva.
La lista de personajes del Verde es amplia.
Manuel Velasco Coello fue señalado en 2015 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por un presunto caso de corrupción. Durante su administración en Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 187 millones de pesos en el sistema de salud, además del presunto desvío de 685.8 millones de pesos mediante empresas “factureras” destinadas a programas para mujeres. En tanto, Arturo Escobar y Vega fue detenido en 2009 tras ser sorprendido con 1.1 millones de pesos en efectivo presuntamente destinados a pagos electorales. Años después, en 2015, la entonces FEPADE solicitó una orden de aprehensión en su contra por el manejo irregular de recursos, lo que lo obligó a renunciar a su cargo en la Secretaría de Gobernación.
A ello se suma la llegada de expriistas como Eruviel Ávila Villegas, acusado por PRI, PAN y PRD de un desvío de 1 mil 365 millones de pesos durante su gestión como Gobernador del Estado de México, y Adrián Rubalcava Suárez, exalcalde de Cuajimalpa, señalado por acoso a periodistas y presunto daño a la Hacienda Pública por más de 200 millones de pesos.
Jorge Emilio González Martínez
Jorge Emilio Gónzalez Martínez, conocido como el “Niño Verde”, hijo del fundador del PVEM Jorge González Torres, ha protagonizado varias polémicas durante su trayectoria política. En febrero de 2013, por ejemplo, el “Niño Verde” fue detenido durante un operativo del entonces programa “Conduce sin alcohol” por parte del Gobierno de la Ciudad de México. El entonces Senador del PVEM, además de negar su identidad, no quiso someterse al alcoholímetro y obtuvo un amparo para no cumplir con su arresto.
Las versiones periodísticas de ese entonces señalaron que, al momento de ser detenido, Gónzalez Martínez se negó a proporcionar su nombre y que los guardaespaldas del político amenazaron a los policías encargados del operativo, lo que resultó en que terminaran revelando la verdadera identidad de Gónzalez Martínez, quien al ingresar al "Torito", tuvo que identificarse. Y aunque el entonces legislador aseguró que no pretendió utilizar su cargo para librarse de la detención, sí obtuvo un amparo para librar el arresto.
En el 2004, el periódico español El País publicó un video en donde se veía a Jorge Emilio negociando un soborno de dos millones de dólares mientras era Senador. En el clip se escucha a el “Niño Verde” expresando: “¿Qué pedo? ¿Tú eres el del proyecto?” [la construcción de un hotel en zona protegida de manglares en Cancún], “sacamos el permiso y, ¿cuánto dinero nos va a tocar?”, pregunta Gónzalez Martínez. En respuesta, el empresario levanta dos dedos. “¿Dos millones de dólares?, pregunta el “Niño Verde” y el empresario afirma.
Aunque González Martínez intentó defenderse asegurando que el video era falso, después tuvo que aceptarlo y justificarse diciendo que lo habían “chamaqueado injustamente” y que él sabía que era una trampa. Sin embargo, también su desempeño como Senador fue muy cuestionado, ya que durante el periodo legislativo del 2004, el "Niño Verde" tuvo 77 por ciento de faltas de asistencia al Senado. Asimismo, se le comprobó que viajó tres veces a Francia, en donde gastó más de un millón y medio de pesos de dinero público.
En noviembre de 2011, una ciudadana búlgara, identificada como Galina Chankova Chanev, presuntamente se arrojó de un departamento que en ese entonces habitaba y era propietario Gónzalez Martínez en Cancún, Quintana Roo. La polémica surgió porque el “Niño Verde” intentó ocultar el hecho, incluso, la prensa local aseguró que muchas evidencias del supuesto suicidio desaparecieron. No obstante, ante la gravedad de la situación, la entonces Procuraduría de Justicia del estado abrió la investigación pertinente.
En 2014, se dio a conocer que antes de lanzarse desde del piso 19 de la Torre Emerald Cancún, Galina, una modelo contratada para asistir a una fiesta organizada por el “Niño Verde”, sufrió una agresión sexual y que incluso intentó defenderse de sus agresores, lo que le habría provocado una herida en la mano. Pese a que González Martínez negó que él hubiera organizado una fiesta ahí y que tampoco tenía propiedades en el edificio, las investigaciones y un testigo lo desmintieron nuevamente.
Manuel Velasco Coello
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acusó a Manuel Velasco Coello, coordinador de PVEM en el Senado de la República, de corrupto. Según su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo (Grijalbo, 2019), todo ocurrió en 2015, cuando Nieto era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y Velasco Coello, se desempeñaba como Gobernador de Chiapas.
En el texto se detalla que el entonces fiscal se acercó al mandatario Chiapaneco para firmar un convenio de colaboración en la materia, sin embargo, el exfiscal calificó la reunión como un “desagradable encuentro”, ya que mientras le explicaba que necesitaban “instrumentar de forma conjunta un modelo de blindaje electoral”, Velasco Coello soltó la siguiente pregunta: “Está bien, ¿cuánta lana quieres?”, lo que Nieto rechazó son asombro y el entonces Gobernador no tuvo de otra que colaborar con la FEPADE.
Al revista la Cuenta Pública de 2017 de Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en el sistema de salud de Chiapas por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos, dinero que se transfirió a “otras” cuentas; fue utilizado para fines ajenos (pagar salarios a personal que ese presupuesto no cubría) o simplemente no hay comprobantes o recibos que sustenten que ese dinero cumplió su objetivo.
Además, en 2021, el diario Reforma dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había iniciado una investigación por operaciones simuladas por 500 millones de pesos realizadas durante el Gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas. Las operaciones irregulares habrían sido detectadas entre 2019 y 2020 y se habrían realizado mediante seis empresas enlistadas como “fantasmas” o factureras.
Este desvío fue diferente al identificado por la ASF por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas “factureras” que supuestamente habrían ayudado a distribuir un programa de ayuda a madres solteras. En 2018, Reforma también documentó que en la gestión de Velasco Coello se desviaron 685.8 millones de pesos que estaban destinados para programas de mujeres. Según los informes de la ASF, estos recursos se entregaron a 25 empresas fantasma, que aunque se negaron los hechos, no se acreditó el destino del dinero.
Arturo Escobar y Vega
Arturo Escobar y Vega es uno de los tres caciques del PVEM cuya trayectoria política ha estado marcada por señalamientos de actividades irregulares. En 2009, cuando se desempeñaba como Senador, fue detenido en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mientras trasladaba un millón 100 mil pesos en efectivo, asegurando que los recursos eran propiedad de Fernando Castellanos Cal y Mayor, otro miembro del Verde, aunque sí reconoció que el dinero sería utilizado para pagar a sus representantes en las casillas electorales de los comicios de ese año.
Otro hecho en el que estuvo involucrado Escobar y Vega ocurrió en 2015, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó girar una orden de aprehensión en su contra por un posible manejo irregular de recursos. Esta situación también orilló a Escobar y Vega a renunciar al puesto de Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, a donde llegó luego de que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de México gracias a la alianza PRI-PVEM.
Sin embargo, antes de que renunciara, su designación incomodaba, ya que cientos de ciudadanos solicitaron al entonces Presidente Peña Nieto y a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), revocar el nombramiento de Escobar y Vega como Subsecretario de Prevención del Delito. La petición fue lanzada a través de la plataforma Change.org y fue encabezada por la organización Incide Social A.C., la cual calificó como “Indignante” el nombramiento del exdiputado del Verde Ecologista.
Ricardo Gallardo Cardona
Ricardo Gallardo Cardona, muy cercano al “Niño Verde”, es otro que se ha visto envuelto en diversos escándalos, empezando porque fue elegido por Gónzalez Martínez como el candidato del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí sin consultarlo con sus afiliados, lo que habría causado molestia, incluso, al interior de la militancia potosina, según relataron Paula Sofía Vásquez Sánchez y Juan Jesús Garza Onofre en su libro titulado La mafia verde: Traición, política y escándalos del Partido Verde Ecologista.
A pesar de este respaldo político, Gallardo no era bien visto entre los potosinos. Primero, porque en 2006, cuando él y su padre, de mismo nombre, Ricardo Gallardo, formaban parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron denunciados por militantes del partido ante el Comité estatal por vínculos con el Cártel del Noroeste, organización delictiva surgida de una fracción de Los Zetas, sin embargo, la querella fue ignorada.
A ese hecho se suma que, en enero de 2015, Gallardo, entonces Alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, fue consignado a un penal federal de Hermosillo, Sonora, como presunto responsable de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de 200 millones de pesos del erario municipal a empresas de las que era accionista mayoritario. Pero tras estar 11 meses recluido, Gallardo fue puesto en libertad, debido a que el Ministerio Público Federal no presentó los elementos probatorios necesarios para comprobar los señalamientos por lo que se le acusó.
Ya como Gobernador de San Luis Potosí, habría estado detrás una reforma conocida como “Ley Gobernadora”, que el Congreso de San Luis Potosí aprobó de manera exprés y sin discusión en el pleno, con el propósito de establecer una modificación electoral y que sólo se puedan postular mujeres durante las elecciones de 2027. El objetivo de Gallardo sería el de allanar el camino para que su esposa, la Senadora Ruth González Silva, sea quien lo suceda en el Gobierno potosino.
La propia González Silva expresó su intención por contender por la gubernatura en 2027, pese a los llamados en Morena, con quien mantiene una alianza, para evitar nepotismo. “En Morena está en sus estatutos el candado antinepotismo; en el Partido Verde no. Es respetable la opinión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero la gente decidirá en un par de años”, señaló González Silva y destacó que el PVEM tiene fuerza suficiente en San Luis Potosí para participar sin el partido guinda.
Julio César Cárdenas Ortega
Una de las polémicas más recientes de un miembro del Verde la protagonizó Julio César Cárdenas Ortega, Alcalde por el Verde Ecologista de Santa María Huatulco, Oaxaca, quien en más de un año de gestión se ha visto envuelto en varias polémicas. A inicios de 2025, se involucró a la policía municipal de Santa María Huatulco en la desaparición y asesinato de nueve jóvenes turistas originarios de Tlaxcala, quienes fueron identificados como Brenda Mariel, Leslie Noya, Noemí Yamileth, Raúl Emmanuel, Rubén Antonio, Angie Lizeth y Jaqueline Aileth.
A finales de febrero de ese año, los familiares perdieron contacto con las víctimas y a principios de marzo, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla, fueron hallados desmembrados los cuerpos de los nueve jóvenes tlaxcaltecas. Los primeros reportes señalan que el 2 de marzo, automovilistas que circulaban por la carretera Cuacnopalan-Oaxaca reportaron la presencia de un automóvil Aveo, color gris. Estaba abandonado a un costado de la vía, junto con varios bultos que parecían ser cuerpos humanos.
No obstante, hubo una sobreviviente de los hechos, quien denunció que elementos de la Policía Municipal de Huatulco fueron quienes los levantaron. Pero aunque el Alcalde se dijo dispuesto a colaborar en las indagatorias, asegurando que también puso a disposición de la Fiscalía del estado a todos los elementos policiacos, Anabell Ávalos Zempoalteca, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso separar de su cargo al Edil así como a José Hernández, subsecretario de Desarrollo Turístico, para no obstaculizar las investigaciones del caso
Una polémica más en la que se involucró Cárdenas Ortega tuvo lugar a inicios de este 2026, cuando el edil sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida una joven influencer. Los hechos ocurrieron mientras el funcionario municipal se trasladaba a Oaxaca capital, en el tramo de la carretera Oaxaca-Ocotlán, en donde el vehículo, identificado como un Toyota Sequoia, se salió del camino y cayó por un barranco que tiene alrededor de 50 metros de profundidad.
Aunque el Edil no presentó heridas de gravedad, una joven que lo acompañaba, identificada como Dulce Ivonne Enríquez, resultó gravemente herida por lo que 10 días después del accidente perdió la vida. A través de un comunicado, el Edil dio a conocer que se encontraba fuera de peligro tras el accidente, sin embargo, en ningún momento mencionó el estado de salud de la Dulce Ivonne, a quien ni siquiera mencionó en su comunicado pese al grave estado de salud de la joven.
El pasado martes 27 de enero, la Diputada Concepción Rueda exigió que el Alcalde Cárdenas Ortega sea separado de su cargo para que el accidente automovilístico sea investigado de manera “pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género”, ya que, acusó, el caso se está indagando con hermetismo. “La Fiscalía tiene la obligación de dar certezas, no de proteger intereses políticos”, enfatizó la legisladora local.
“La muerte de una mujer nunca puede tratarse como un simple accidente administrativo. Mucho menos cuando existen dudas, silencios y un preocupante hermetismo sobre un elemento clave: quién conducía el vehículo. Esa opacidad revictimiza, duele y manda un mensaje de impunidad”, señaló la diputada en el pleno del Congreso del estado, en donde subrayó que el hecho de que alguien ostente un cargo político no es sinónimo de impunidad.
El vehículo en el que el Edil se trasladaba y que estuvo involucrado en este accidente es propiedad de una empresa filial de Grupo Salinas y era usado por el Alcalde Julio Cárdenas Ortega desde mediados de 2024, cuando hizo campaña electoral por la Presidencia Municipal de Santa Maria Huatulco como candidato del Partido Verde, lo que reafirma sus cercanía con el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien el Alcalde permitió retener de forma irregular el campo de golf de Tangolunda, reveló el periodista Omar Gasga.
Gasga también detalló que el Edil le condonó a Salinas Pliego el 99 por ciento del impuesto predial, de ese campo de golf, otorgándole un documento clave para fortalecer su defensa legal. "En vez de cubrir el respectivo impuesto predial que asciende a más de 2 millones 700 mil pesos (...) se le hizo una inusual condonación de 99 por ciento del impuesto predial, es decir, la persona que que se llevó este comprobante desembolsó solamente 27 mil pesos, el 1 por ciento del costo que debió haber pagado", dijo en entrevista para el programa "Los Periodistas".
David León Romero
En agosto de 2020, se difundió un video que mostraba a David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil y exjefe de Coordinación de Comunicación Social del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara de Senadores, entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La grabación presuntamente fue captada en 2015 y, según aseguraron los implicados alegaron, el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, Morena, a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año. No obstante, en octubre de 2022, León Romero fue llamado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) a declarar por ese caso.
"Decidí primero separarme del servicio público, creí que esa era la mejor manera de colaborar con las autoridades, y otra, pues no ventilar", dijo a periodistas de la sede dela Fisel. “No puedo dar declaración. Soy respetuoso de las instituciones. Es una de varias veces que yo he comparecido ante la autoridad. Lo haré siempre, colaboraré, soy respetuoso de la institución”, agregó ante medios de comunicación.
En agosto de 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, tras cinco años de investigación, que no se pudo identificar el origen, la ruta, el destino, ni la cantidad exacta del dinero que León Romero le entregó a Pío López Obrador y que presuntamente habrían sido utilizados en beneficio de Morena, por lo que que no se pudo acreditar algún delito electoral.
Eruviel Avila
A estos casos se suman la de priistas que en años recientes han brincado a las filas del partido del tucán. Por ejemplo, tras militar por 29 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eruviel Ávila Villegas se pasó a las filas de Verde Ecologista, en enero de 2024, tras lo cual los partidos PRI, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los cuales formaban la coalición “Fuerza y Corazón por México”, lo acusaron por el presunto desvío de mil 365 millones de pesos durante su gestión como Gobernador en el Estado de México.
En abril de 2024, en el marco de las campañas presidenciales de ese año, los tres partidos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador del Estado de México, por los delitos de peculado y desvío de recursos por mil 365 millones de pesos. Además, acusaron a Morena de aceptar a delincuentes para convertirlos en operadores políticos y candidatos.
"Hoy, en conferencia de prensa, denunciamos cómo Morena está liberando delincuentes para convertirlos en candidatos y operadores políticos de sus campañas. ¡No podemos permitir que el crimen organizado se convierta en Gobierno!", escribió en X, antes Twitter, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al hablar de los expriistas. Moreno detalló que la denuncia también incluía a Raymundo Martínez Carbajal, exalcalde de Toluca, Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, y Eukid Castañón Herrera, operador político de Moreno Valle.
El exgobernador mexiquense respondió con un video. “Qué risa, la verdad, lo que dijo 'Alito' Moreno, perdón, ‘Malito’ Moreno. Quiero decirles que las cuentas de mi gestión están claras, transparentes. El que nada debe, nada teme. Que se investigue lo que sea necesario”, aseguró Eruviel Ávila. “Como podemos ver cada día miles y miles de priistas se están yendo del PRI por esta mala dirigencia de Malito Moreno. Yo expreso mis condolencias a mis amigas y amigos del PRI, tan lejos de Dios y tan cerca de Malito Moreno, caray”, declaró el político, quien anunció su salida del PRI en julio de 2023.
Adrián Ruvalcaba
Otro que brinco del PRI al PVEM es Adrián Rubalcava Suárez, actual director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, quien también ha estado envuelto en escándalos de corrupción y violencia política. En 2015, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) acusó al también exalcalde de Cuajimalpa de mantener una red que utilizaba para acosar y desprestigiar periodistas, medios de comunicación e incluso a otros políticos.
La entonces Comisión Nacional de Seguridad, encargada de las tareas de inteligencia, investigó a Rubalcava Suárez y, con ayuda de un Juez federal, logró intervenir teléfonos y correos electrónicos en los que se evidenció que el exalcalde de Cuajimalpa ordenaba ataques a individuos e instituciones, para lo cual utilizó a funcionarios y recursos públicos, e incluso pagó a un empleado de Televisa, quien orquestó la campaña desde las oficinas de esta televisora mexicana.
Además de los señalamientos por violencia política, Rubalcava dejó una administración opaca en Cuajimalpa, con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que apuntan a un presunto daño a la Hacienda Pública por más de 200 millones de pesos. Las auditorías evidenciaron falta de registros contables y gastos no justificados, así como el incumplimiento de normativas fiscales en el uso de recursos federales.
– Pablo Escudero Morales:
Pablo Escudero Morales, también es uno de los miembros más prominentes del PVEM. El político es esposo de Sylvana Beltrones, hija del exdirigente priista Manlio Fabio Beltrones. En 2015, participó en las negociaciones de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), su partido, el PVEM, en alianza con el PRI, presentó un anteproyecto que permitía al servidor público decidir si hace o no pública su declaración.
No obstante, él mismo, rechazó publicar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés que expongan a familiares de funcionarios y calificó de inconstitucional la plataforma "3de3", impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, por avalar la intervención de llamadas como pruebas de delitos de corrupción y ha rechazado la publicidad de las declaraciones que expongan a familiares de funcionarios públicos.
Incluso, organizaciones civiles lo señalaron de formar parte de ataques contra el Sistema Nacional Anticorrupción, una herramienta para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción, así como controlar la rendición de cuentas de los servidores públicos. A esto se suma que en 2018, el diario Reforma dio a conocer que Escudero Morales era dueño de una finca con un valor, en ese momento, de ocho millones de pesos.
Luis Miranda Barrera
Luis Miranda Barrera es hijo de Luis Miranda Nava, secretario de Gobierno del Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto, quien al llegar a la presidencia nombró a Miranda Nava titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Con estas influencias, y con mínima experiencia política, es como Miranda Barrera llegó a una obtener una Diputación federal, ya que antes de llegar a este cargo sólo se había desempeñado como delegado del Verde en Toluca y como asesor legislativo en el Senado.
No obstante, como otros juniors del PVEM, su vida también ha estado llena de excesos y lujos, ya que él mismo se ha dedicado a exponer en sus redes sociales, fotografías de sus viajes al extranjero, así como de sus accesorios de lujo, como fue cuando exhibió un reloj valuado en aproximadamente medio millón de pesos.
Aunque también es recordado por el golpe que recibió y que lo dejó noqueado en el estacionamiento de la Plaza Arcos Bosques en la Alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que Miranda recibió el golpe que lo mandó al suelo. Después de que el momento se volviera tendencia en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigó las agresiones que recibió el hijo de Miranda Nava, a quien en 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por presuntos actos de corrupción mientras encabezaba la Sedesol.
Las irregularidades, que ascendieron a mil 323 millones de pesos, habrían estado vinculadas con el programa denominado “Cruzada contra el Hambre” de 2018. Además, en 2017, Reforma publicó que María del Carmen Miranda Nava, tía de Miranda Barrera, y su esposo, estaban siendo señalados por vender combustible robado en una gasolinera que era de su propiedad y estaba ubicada en el municipio de Mexicaltzingo, Estado de México.
– Con información de Daniela Barragán, Dulce Olvera, Nora Gaspar, El Pulso de San Luis
