Chilpancingo, 10 Feb. (Notimex).- El secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, aseguró que en 15 días más habrá un informe del cumplimiento de la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de otorgar medidas cautelares a las personas retenidas en Ayutla por los grupos de autodefensa.
La noche del pasado viernes, integrantes de los grupos de autodefensa entregaron a 11 de los 54 retenidos, presuntamente, de acuerdo a su expediente los de más alta peligrosidad, para que puedan tener el debido proceso ante las instancias correspondientes procuración de Justicia.
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que se trata de personas vinculadas con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso; quienes a partir de la noche del viernes fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público correspondiente.
La CNDH solicitó al gobierno de Guerrero aplicar medidas cautelares, de manera indefinida para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa en el municipio de Ayutla de los Libres.
En su momento, el organismo federal en torno a las advertencias de las asambleas populares para ejecutar sanciones y enjuiciar a los retenidos, afirmó que va en contra de lo que establece el Artículo 17 de la Constitución Política, de que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer la violencia para reclamar derechos.
Salgado Gómez consideró que la entrega de las primeras 11 personas forma parte de las negociaciones permanentes con los grupos de autodefensa, ello a partir de la integración de la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, diálogo que continúa de manera permanente.
En un plazo de 15 días más el gobierno estatal estará dando un informe a la CNDH de los avances en torno a la solicitud de medidas cautelares a favor de las personas 43 personas quienes aún continúan en el poder de los grupos de autodefensa en las casas de justicia situadas en poblaciones indígenas de Ayutla, en la zona de la Costa Chica.
