Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– A seis años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), esta organización continúa exigiendo que sus compañeros aparezcan con vida.
A través de un comunicado publicado el 23 de mayo pasado, el EPR asegura que la "detención-desaparición forzada" de Reyes Amaya y Cruz Sánchez es un "crimen de lesa humanidad".
La última vez que se les vio fue el 25 de mayo de 2007 cuando realizaban una comisión política en el hotel El Árbol de Oaxaca capital.
Tras su desaparición, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, negó que su padre, de origen oaxaqueño y residente en el Distrito Federal, perteneciera a algún movimiento armado o partido político.
La organización guerrillera ha señalado como responsables directos de los hechos al General en retiro Alfredo Oropeza Garnica, al teniente de fragata Manuel Vera Salinas, al teniente de navío Manuel Moreno Rivas, Pedro Hernández, entonces Subdirector Operativo de la Policía Ministerial del Estado (PME), y a Ulises Ruiz Ortiz, ex Gobernador de Oaxaca. También ha mencionado como implicado al General de División retirado Tomás Ángeles Dauahare.
Por su parte, el gobierno de Oaxaca, durante el mandato de Ruiz Ortiz, manejó como teoría que eperristas fueron secuestrados por delincuentes de la entidad, rechazando que se hubiera cometido el delito de desaparición forzada, que posteriormente se imputó.
Incluso, en septiembre de 2007 el entonces funcionario estatal negó que elementos de las corporaciones policiales estatales hayan participado en la desaparición de los hombres. Alegó que ni en la Procuraduría local ni en ninguna otra dependencia del gobierno estatal existían referencias de la posible captura, arresto o presentación de dichas personas.
El actual Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, se comprometió en 2011 a investigar el caso, que hasta la fecha sigue sin resolverse.
Dos meses después de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el EPR se atribuyó los ataques contra gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) perpetrados en Querétaro y Guanajuato los días 5 y 10 de julio de 2007. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dijeron.
También afirmaron que sus compañeros estaban "en manos de militares y cuerpos policiacos federales".
A través de un comunicado, la organización aseguró:
No somos partidarios ciegos de la violencia; insistimos y seguiremos insistiendo hasta el cansancio que amamos la paz, que no somos delincuentes, mucho menos terroristas, pero la amenaza de muerte latente contra nuestros compañeros y la ofensiva fascista de este gobierno contra el conjunto del movimiento popular nos obligan a recurrir al legítimo derecho de la autodefensa como una forma más de lucha".
Por su parte, Hermenegildo Torres Cruz, ex guerrillero del desaparecido Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), dijo que el gobierno debía presentar a Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, "si es que los tiene, y se acabó el problema. Si los desaparecidos tienen algún delito, pues que se les procese legalmente y eso es todo; yo pienso que eso calmaría todos los problemas".
Al siguiente año, se creó una comisión de mediación compuesta por intelectuales: Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz y Carlos Montemayor, para entablar un diálogo entre el gobierno federal y el EPR, pero no tuvieron éxito.
En 2008, el gobierno de Felipe Calderón reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba la desaparición forzada de los dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Una desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paredero del desaparecido, seguida de la negativa de reconocer esta acción y el impedimento al debido proceso y el ejercicio de garantías, de acuerdo con lo establecido por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1994.
La indagatoria también revelaba que tras los atentados a Pemex bajo la autoría del EPR, el Ejército Mexicano buscó establecer contacto con la organización subversiva para evitar más ataques.
La investigación hacía referencia a dos versiones sobre la desaparición de los hombres:
1. La mañana del 24 de mayo de 2007, Celedonio Santiago Ojeda, quien durante 16 años trabajó en áreas de inteligencia militar del Ejército, denunció telefónicamente que se había realizado la introducción de armas largas al hotel El Árbol de la ciudad de Oaxaca. Esto dio lugar a que soldados acordonaran la calle y entraran al lugar donde Reyes Anaya y Cruz Sánchez participaban en una reunión de trabajo. Este hecho fue confirmado por testigos.
2. La policía estatal de Oaxaca los capturó en un campo de entrenamiento del EPR en la región Loxicha, de donde fueron trasladados a una comandancia conocida como Los Pinos en la capital del estado. El comandante de esa instalación policiaca era Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, a quien el EPR menciona reiteradamente en sus comunicados como el "Comandante Corro". A su vez, este hombre habría entregado a militares a Reyes Anaya y Cruz Sánchez. Cinco meses después del incidente el comandante fue secuestrado, pero antes de este suceso habría afirmado que los eperristas estaban muertos, según una investigación de la reportera Silvia Machuca, documentada en una grabación anónima.
En noviembre de 2010 la Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno Federal informó que según las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sí sufrieron desaparición forzada a manos de agentes de seguridad del estado de Oaxaca.
La Comed dio a conocer un documento que la CNDH habría realizado un mes antes, en el que se indica que las dos personas fueron detenidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, cuyo titular entonces era Evencio Martínez, entre el 24 y el 25 de mayo de 2007, y trasladadas a la sede de dicho organismo. Posteriormente no se supo nada de ellos.
Previamente, en 2009, la CNDH había realizado recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) en torno a este caso. Le solicitó que se realizaran las gestiones necesarias para que fueran presentados inmediatamente con vida Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
Pidió que en caso de que estos hombres hubieran comedio algún delito, fueran puestos a disposición de las autoridades respectivas, pero bajo la efectividad de sus derechos constitucionales.
También exigió la reparación del daño a familiares de las víctimas en el caso de que los desaparecidos no se encontraran vivos e informar sobre las acciones
Pero fue hasta 2011 que la Segob emitió un comunicado en el que detallaba que ya había enviado a la CNDH documentos “sobre las acciones realizadas y las gestiones emprendidas por el gobierno federal para atender la recomendación”, emitida dos años antes.
El año pasado, el EPR condenó al gobierno federal y al Estado mexicano por la desaparición forzada de sus compañeros:
Este es otro año más de injusticia e impunidad en el que tampoco alcanzamos la verdad sobre el paradero de nuestros compañeros. (...) Condenamos y repudiamos también, el intento de manipulación de los familiares de nuestros compañeros Edmundo y Gabriel; del perverso intento de manipulación de sus sentimientos creyendo que podrían desde el poder administrar el dolor de las víctimas; el intento de burla hacia la Comisión de Mediación y hacia nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), lo cual ha llenado de indignación a cada uno de nuestros militantes que reclaman un proceder diferente".
También el año pasado, deudos y abogados de la familia denunciaron la existencia de una estrategia gubernamental para desentenderse del caso.
Nadine Reyes, hija de Reyes Amaya, denunció que el Estado mexicano pretende que “demos por muertos a nuestros familiares sin que haya una línea de investigación que oriente hacia esa conclusión”.
Dijo que el 10 de abril de 2012 se notificó a su familia que en una fosa común de Oaxaca había un cuerpo con las características fisonómicas de su padre. La exhumación se realizó del 30 de abril al 4 de mayo, sin éxito.
"Había cuerpos que no tenían nada que ver con las características de él; vimos inconsistencias propias de un montaje y que era un show, un teatro para someter a las familias”, dijo la joven, integrante del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
Este 2013, de nueva cuenta han emitido un comunicado, donde arremeten contra el Ejecutivo:
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el genocida de Felipe Calderón, recurre al terrorismo de Estado como forma específica de opresión al pueblo, para inhibir conciencias y la protesta popular”.
En el documento fechado el 23 de mayo, afirman que “los detenidos-desaparecidos son parte del pueblo sin distinción de banderas y trincheras políticas, de su origen y condición social".
En tanto, las familias los recordaron ayer viernes con una misa y exigen al gobierno estatal y federal la presentación inmediata y con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; una investigación que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la no impunidad de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada; la reparación integral del daño que establezca garantías de no repetición de estos crímenes de lesa humanidad, y garantía de seguridad.
Pero no sólo piden por Edmundo y Gabriel, sino por todos "los detenidos desaparecidos" del país.
