Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- Organizaciones civiles solicitaron a la CIDH urgir al Estado mexicano que implemente políticas en materia energética acordes a los derechos humanos, en congruencia con sus obligaciones constitucionales e internacionales.
En la audiencia denominada “Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México” que lleva a cabo la CIDH en el marco de su 154 periodo de sesiones, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Reforma viola los derechos de consulta y participación ciudadana.
"La primera vulneración de derechos humanos fue el acceso a la información, que fue deficiente; segundo, se transgredió el derecho de la consulta previa libre e informada; y, tercero, se violó el derecho a los consentimientos de los pueblos”, señaló Aroa de la Fuente López de Fundar.
Alertó que la legislación apuesta por el uso del “fracking” en la extracción de hidrocarburos, técnica recientemente prohibida en países como Francia, Bulgaria y Escosia “por atentar contra el derecho a la salud debido a la exposición de químicos”.
"La legislación supone el uso del ‘fracking’, lo que acabaría con las fuentes de agua potable y dañaría el derecho al medio ambiente”, dijo de la Fuente.
Las organizaciones señalaron que el gobierno mexicano debe implementar políticas encaminadas a realizar cambios en la legislación como la prohibición del “fracking”, pasando por la resolución ─bajo los más altos estándares de derechos humanos─ las demandas de amparo y recursos de revisión interpuestos por comunidades afectadas, entre otras.
Indicaron que los intentos de cuestionamiento y denuncia de las amenazas que la Reforma Energética representa para los derechos humanos hechos a nivel nacional no han tenido, por el momento, una respuesta positiva por parte del Estado.
De hecho, recordaron, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia han desconocido los impactos que las leyes energéticas tendrán sobre la garantía de los derechos de la población.
El Comisionado Pablo Vannuchi dijo que el tema de la Reforma Energética está a tiempo de ser diálogado por el gobierno mexicano y organizaciones civiles, a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a la sociedad.
"[la Reforma Energética] Se trata de una medida oportuna de anticipación, hablan de derechos violados, hay tiempo para medidas preventivas, debe haber un ejercicio de diálogo para que estos proyectos no violen los derechos humanos”, sostuvo.
Las organizaciones denunciaron que en este momento en México hay numerosos conflictos por el proyecto de hidrocarburos, por ejemplo “en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas hay pozos operando irregularmente”.
Además advirtieron que la legislación busca facilitar más el acceso de las empresas a los territorios de las comunidades.
Las cuatro organizaciones presentes denunciaron que existe un secreto fiduciario que han sido utilizado por las autoridades para no rendir cuentas sobre los fideicomisos públicos.
Señalaron que la Reforma a la vez que privatiza la industria petrolera, declara esta actividad de utilidad pública. Esto le da prioridad frente a otros usos del territorio y la garantía de los derechos humanos de la población. Para ello se crean figuras como la servidumbre legal, que obligarán a la población a rentar sus terrenos a las empresas privadas en contra de su voluntad.
Además, la entrada de empresas privadas supondrá que el Estado comparta las utilidades con éstas las utilidades de la explotación del petróleo, las cuales suponen actualmente 35 por ciento de los ingresos del sector público. Por ello, se afectará el gasto público, fundamental en la provisión de servicios que permiten la garantía de los derechos humanos.
