En junio de 1995, tuvo lugar una masacre contra 17 campesinos cafetaleros en Aguas Blancas en Guerrero. La mañana de ese 28 de junio, miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez para pedir el cumplimiento de ayudas, pero fueron interceptados por un grupo de policías y agentes judiciales del estado, quienes los bajaron y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo para posteriormente abrir fuego contra ellos. En este ataque, 17 campesinos fueron asesinados y 14 heridos.
Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La masacre de Aguas Blancas se ha mantenido impune desde hace 30 años. Distintas instancias han señalado que Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador de Guerrero en ese entonces, y el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, tienen responsabilidad por la matanza de 17 personas y su posterior encubrimiento. Es por ello, que Norma Mesino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, demanda “que se reabra el caso de Aguas Blancas, que se revise, se investigue y se sancione a los responsables”.
El próximo 28 de junio se cumplirán tres décadas de esta masacre. Ese día, un contingente de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigía hacia Atoyac de Álvarez, Guerrero, para participar en una manifestación por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y para demandar insumos para el campo. Sin embargo, un grupo de elementos de seguridad disparó indiscriminadamente. El Gobierno de Figueroa trató de encubrir el crimen difundiendo una grabación editada, hasta que en febrero de 1996 el periodista Ricardo Rocha proyectó el video completo que exhibió la matanza e incluso ejecuciones sumarias.
Norma Mesino recalcó que “al reabrirse el caso de Aguas Blancas se tiene que investigar a los responsables y uno de ellos, que ha sido señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es Rubén Figueroa. También a su gabinete”.
La representante de la Organización también afirmó que se debe de investigar al expresidente Ernesto Zedillo porque “fue un genocida”, sentenció y agregó que él encabezó “uno de los gobiernos en donde hubo más masacres, más represiones y más asesinatos. Él, junto con otros presidentes, pasará a la historia como los perpetradores de masacres. Él debe de ser investigado por los casos de lesa humanidad”.
Mesino dijo que Ernesto Zedillo en la actualidad mantiene una vida pública de impunidad, porque ofrece conferencias a nivel internacional, en donde aprovecha para criticar a Gobiernos, cuando “él mantuvo la impunidad”.
La cadena de complicidades expuesta por Norma Mesino incluso alcanza al actual gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda
En 2023, la Gobernadora de Guerrero coincidió con su padre, Félix Salgado Macedonio, y priistas como el mismo exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y Manuel Añorve, entre otros, en la inauguración del obelisco "El Renacer de Iguala”.
Rubén Figueroa Alcocer fue Gobernador de Guerrero entre el 1 de abril de 1975 al 31 de marzo de 1981. Se le conocía también como el “Tigre de Huitzuco”, se caracterizó por su mano dura y fue ligado con asesinatos y con el narcotráfico. Se separó del cargo luego de que ocurriera la llamada Masacre de Aguas Blancas en 1995. En 2002, por ejemplo, fue procesado por vínculos con grupos del crimen organizado y posteriormente fue exonerado.
Sobre ello, Norma Mesino dijo que los perpetradores han buscado acomodarse en Morena y eso seguirá “permitiendo el pacto y la impunidad. Muchos políticos han sido represores y hoy están buscando cómo integrarse a Morena y así mantener la impunidad a través de los acuerdos cupulares”, finalizó.
