El delito de extorsión se da sobre todo por redes sociales, mensajes de texto, por Whatsapp o directamente llamadas telefónicas. Pero es también el cobro por "derecho de piso" que han aprovechado las organizaciones criminales contra personas, pequeñas y medianas empresas, e incluso ya contra las grandes compañías que operan en el país.
Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– México tiene un grave problema que no ha dejado de crecer en los últimos años. Se llama extorsión. Y ahora, ante la amenaza tan grande que significa y que pega en todos los estratos de la sociedad, el Gobierno ha anunciado una serie de estrategias y reformas para enfrentar ese problema de frente y rápido, ya que los estragos económicos y de impunidad se sienten cada vez con mayor intensidad..
Hasta el reporte de este martes, ofrecido por el Gabinete de Seguridad, este delito es el único cuyo promedio diario a nivel nacional ha crecido desde enero de 2019 –en el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador– y hasta junio de 2025.
De acuerdo con el reporte del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la extorsión ha crecido un 27.7 entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de este año, el único de los 11 delitos de alto impacto, incluidos feminicidios, secuestros, robos y lesiones por armas de fuego.
Una reforma urgente y una estrategia nacional
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío prioritario en estas horas al Congreso una iniciativa para darle facultades a fin de expedir una Ley General que homologue el delito de extorsión en todo el país y permita que éste sea perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Para que la extorsión se persiga de oficio, no debe descansar en la víctima la denuncia”, dijo este martes la mandataria federal al presentar la estrategia contra este delito, pues reconoció que es el único que las autoridades no han podido bajar. “Le estamos quitando a la víctima ese peso; ya no descansa en ella la denuncia, quien lo asume es el Estado”.
Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, precisó que la iniciativa contempla modificar el Artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución, para otorgar al Congreso de la Unión las facultades necesarias para legislar en materia de extorsión, a través de una Ley General con un tipo penal único, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones.
El domingo, García Harfuch había presentado la Estrategia Nacional contra la Extorsión para prevenir y proteger a la población. “Detener a quienes cometen es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”, informó el secretario de Seguridad en conferencia de prensa.
Este plan tiene cinco ejes: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar el protocolo de atención a víctimas; capacitar a operadores del 089 en Manejo de Crisis y Negociación; implementar una campaña de prevención nacional.
"Cualquier persona puede llamar de manera anónima, sin dar su nombre, el 089 será el número. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión", explicó Sheinbaum.
Muchas evidencias de extorsión, pocas denuncias
La propuesta de la Presidenta busca quitarle toda la carga de la denuncia al ciudadano, ya que la extorsión, aunque ha crecido como nunca en los últimos años, es todavía uno de los delitos que se estiman con un gran margen de cifra negra: no se denuncia ni se procede, sobre todo por el temor a las amenazas o las represalias en caso de hacerlo.
La estimación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula un 96.7 de cifra negra en 2023.
García Harfuch, por su parte, subrayó que los estados donde se acumula el 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se opera de manera prioritaria con equipos especializados.
"La Estrategia es a nivel nacional y se refuerza con la participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual se encarga del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobros de extorsiones. Asimismo, se solicitan órdenes judiciales con el objetivo del bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión", concluyó Harfuch.
El delito de extorsión se da sobre todo de dos maneras: por redes sociales, mensajes de texto, por whatsapp o directamente llamadas telefónicas. Y también por derecho de piso. Esto puede pasar a empresas o negocios, desde los más pequeños hasta las corporaciones, pero también a personas físicas.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), del Inegi, en 2023 la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia. La extorsión fue el más frecuente del año, con una tasa de mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas, y fue uno de los más frecuentes en 18 entidades del país.
En las micro y pequeñas empresas, el delito más frecuente fue el de extorsión. Durante 2023, se cometieron 747 mil delitos de este tipo. Del total, 113 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 67 por ciento de los casos, es decir, en dos de cada tres, se entregó lo solicitado.
La incidencia de delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso en las unidades económicas fue el más alto en 2023 en una década. Desde 2013 no había una cifra tan alta. También se dio el porcentaje más alto de extorsiones donde se entregó el dinero solicitado: en 2013 fueron un 59.5 por ciento de los casos, la más alta hasta 2023.
Entre las razones para que las unidades económicas no denunciaran el delito ante las autoridades, dice el ENVE, están las "causas atribuibles a la autoridad" (58.9 por ciento), la pérdida de tiempo, con 33.4 por ciento, y, dentro de otras causas (40.6 por ciento), el que se haya considerado un delito de poca importancia, con 14.9 por ciento.
No se desglosa el delito de extorsión de forma independiente, pero Inegi aclara que entre las causas atribuibles a la autoridad –es decir, casi 6 de cada 10 casos– está incluido el miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad. Por su parte, otras causas son miedo al agresor, delito de poca importancia o no tenía pruebas.
Otra de las conclusiones de la ENVE es que en 2023 el costo total en el país a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas representó un monto de 124 mil millones de pesos. El costo promedio nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito, considerando todas las entidades federativas durante 2023, fue de 54 mil 451 pesos.
Un problema muy grave es que el porcentaje de delitos contra negocios que son denunciados en México, durante el 2023, apenas llegó al 12.2 por ciento, pese a que por lo menos 2 millones 900 mil empresas resultaron afectadas. Pero el porcentaje de denuncias no ha variado mucho en los más recientes 12 años, pues en el 2011 sólo se denunció el 14 por ciento de los delitos cometidos contra negocios, en tanto que el pico más alto de denuncias se experimentó en 2017, con el 15.7 por ciento.
Extorsión: un crecimiento disparado
Además, entre enero de 2018 y octubre de 2023, delitos como los homicidios y secuestros disminuyeron en México, mientras que otros, como la extorsión, no dejaron de crecer a pesar del cambio de Gobierno a finales de 2018, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
"A nivel nacional y en términos absolutos, el delito de extorsión tuvo un crecimiento anualizado de 1.19 por ciento durante el período enero-octubre de 2023, respecto al mismo período del año anterior; mientras que dicho delito tuvo una tasa media de crecimiento anual de 26.02 por ciento durante los períodos enero-octubre de 2018-2023", concluye el trabajo del BID.
A nivel nacional, de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas de extorsión, representando un incremento del 0.80 por ciento respecto al mismo período de 2022, que contabilizó 10 mil 172 víctimas del mismo delito.
A nivel nacional, en los últimos cinco años, de 2018 a 2023, las víctimas de extorsión han ido en aumento. Por ejemplo, en 2018 se registraron seis mil 895 víctimas en este delito, según cifras registradas en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que en el 2019 hubo nueve mil 003, un incremento del 30.5 por ciento.
La situación de la extorsión se ha endurecido debido a que el crimen organizado ha encontrado un gran negocio en este delito. El cobro de piso se ha convertido en una obligación para todo cártel que controla una plaza, incluso la más pequeña. Las víctimas: grandes empresas y cadenas comerciales hasta productores locales y ciudadanos de a pie.
La violencia de los cárteles en México se ha enfocado durante mucho tiempo en los negocios más pequeños, donde los propietarios suelen visitar sus tiendas y son fácilmente secuestrados o abordados por los miembros de las organizaciones para exigirles el pago de extorsiones. Pero el año pasado incluso Femsa, dueña de la cadena de tiendas Oxxo, por ejemplo, ha tenido que cerrar de forma temporal sus sedes en algunas zonas del país, debido a la influencia del narcotráfico.
