Entre desinformación a campesinos promovida por el PAN, una caravana de tractocamiones de agricultores, y más de 50 cambios y diversas reservas, la Cámara de Diputados aceleró la discusión a las reformas en la gestión del agua.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– El dictamen para reformar la ley de aguas para discutirse en el Congreso, pese a más de 50 cambios realizados en el último momento, conserva algunas estructuras que desde la ley salinista de 1992 han permitido la sobreexplotación de los acuíferos e incluso sigue sin prohibir que los sistemas de servicio de agua público entreguen su concesión a empresas como ocurre en detrimento de usuarios de Puebla o Quintana Roo, observó el colectivo Agua para Todos.
Pese a ello, al tocar el mercado negro de concesiones, la oposición promovió una campaña de desinformación entre los productores agrícolas –los mayores usuarios del agua– que derivó en una caravana de tractocamiones afuera de la Cámara de Diputados.
Esta semana inició el proceso legislativo para que en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado debatan y voten el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que no será derogada. El miércoles la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó la iniciativa y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, adelantó la discusión en el pleno en el marco de la presencia de la caravana proveniente de Puebla y Tlaxcala.
De acuerdo con el director de la Conagua, Efraín Morales, respetando las concesiones vigentes en acuíferos sobreexplotados, el dictamen garantiza un sistema de concesiones futuras más ordenado, transparencia en el registro público (REPDA), certeza a los usuarios actuales, pero con cero tolerancia a la corrupción para "terminar con el mercado negro del agua", lo que ha generado desinformación y protestas respecto a la reasignación y transmisión de concesiones de agua. El Fondo de Reserva propuesto en la Ley Nacional de Aguas se conformará de volúmenes recuperados o cedidos que se reasignarán a usos que beneficien el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.
"Lo que nosotros estamos estableciendo como principal cambio en la ley es que ya no se pueda realizar una compraventa de concesiones entre particulares", dijo el titular de Conagua en entrevista con Los Periodistas.
Por ejemplo, si el usuario requiere agua para otro uso, primero debe regresar la concesión y luego tramitar otra para el nuevo uso, y se establece como sujeto de sanción a quien ceda, suministre o intercambie por pago el agua para un uso distinto al cual fue concesionada. Además la dependencia presentará un programa de regularización de las obras en zonas de libre alumbramiento (donde se pueden abrir pozos sin control).
Ante la confusión sobre la transmisión de derechos de agua, productores agrícolas –el sector que más usa agua– bloquearon vías contra las reformas a la gestión de agua y este miércoles rodearon San Lázaro con tractocamiones. La Diputada Xóchitl Zagal, quien coordinó las audiencias públicas sobre la iniciativa, explicó que se trata de desinformación promovida principalmente por el PAN porque la preocupación de los campesinos ya se subsanó en el dictamen: podrán seguir heredando la tierra, incluyendo la concesión de agua para uso agrícola.
A pesar de la prohibición general de la transmisión, la iniciativa crea un procedimiento específico para asegurar la continuidad de los derechos en ciertos casos, incluida la herencia. Este proceso se denomina reasignación de volúmenes. El artículo 37 BIS I de la propuesta establece que "La Autoridad del Agua" resolverá la reasignación de volúmenes mediante procedimientos expeditos (en un plazo no mayor a 20 días hábiles) cuando se acrediten derechos sucesorios, cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión, entre otros.
"Hay una campaña de desinformación, sobre todo del grupo parlamentario del PAN, donde se está engañando sobre un tema que no es real en el texto ni de la iniciativa ni del dictamen", afirmó la legisladora en entrevista. "Hay varios cambios que sí se retomaron de las audiencias públicas, hay otros que no por un tema técnico o presupuestal".
Al respecto, el Diputado panista Pablo Gonzalo Martínez insistió en que el dictamen sigue "condicionando" la herencia de pozos a productores agrícolas, lo que, prevé, pone en riesgo la sostenibilidad alimentaria.
"Con 90 cambios no corrigieron ni lo esencial, no garantizan la transmisión de derechos del agua, no aseguran la herencia del pozo del territorio del patrimonio porque lo siguen condicionando", afirmó en la sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Por su parte, el Diputado del PAN y productor agrícola Francisco Pelayo rechazó el centralismo en la gestión del agua y sugirió que en el artículo 49 de la LAN también se contemple la "transferencia interna de los derechos de agua" sin extraer más agua de lo que la concesión para uso agrícola estipula.
El Diputado Pelayo no es el único productor agrícola panista que tiene concesiones de agua para uso agrícola, también es el caso del Senador y exdirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y exgobernadores panistas de Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes.
"Hay un cartel del agua en en el país en materia partidista y de gobernantes, de malos gobernantes, que habían hecho de las concesiones de agua un sistema de control. Entonces, acaparaban el agua y los que necesitaban el agua para riego tenían que pedir permiso para usarla. Entonces, esto también lo vamos a estar conversando en los próximos días", dijo la Diputada Xóchitl Zagal.
La "negativa ficta"
Para Elena Burns, exsubdirectora de Administración en la Conagua, el punto más grave es eliminar la "negativa ficta" del artículo 24 de la Ley Nacional de Aguas, es decir, si alguien solicita una concesión y la Conagua no alcanza a responder en 60 días por el acumulado de solicitudes, se daría en automático sin considerar la disponibilidad en el acuífero.
El Diputado de Morena, Ricardo Monreal, anunció en redes sociales la eliminación de la "negativa ficta", pero al final no se publicó así en el primer dictamen que circuló el viernes 28 de noviembre ni en el publicado en la Gaceta Parlamentaria este miércoles 3 de diciembre.
Burns compartió que abogados coyote especialmente en Chihuahua, Durango, Coahuila y Guanajuato se especializan en demandar a los funcionarios de la Conagua por no resolver su solicitud de concesión dentro del plazo establecido de 60 días, pero con la figura de "negativa ficta" se protegían porque se desechaba la solicitud, salvo en casos de "jueces muy corruptos".
"En estos últimos ajustes se quitó la 'negativa ficta' y eso es una alarma de la más extrema que se puede imaginar, porque eso quiere decir que si alguien solicita una concesión y, si no se resuelve en 60 días, consigue la concesión. No importa si hay disponibilidad, si no hay; no importa si es para una minera y es a costo de un pueblo indígena, nada. Y eso es algo que no doy crédito que aceptaron. La Conagua tiene un rezago de años, el poco personal que hay para poder resolver una solicitud logra tres, cinco, seis solicitudes en un día y son 150 mil que están pendientes. Ahora para los bufetes coyotes en todo el país va a ser el negocio, lloverle a la CONAGUA solicitudes una tras otra, tras otra, a saturar el sistema y ya van saliendo como pan caliente concesiones en acuíferos sobreexplotados. Es increíble", dijo la exsubdirectora de Conagua.
Al respecto, la Diputada de Morena Xóchitl Zagal, quien coordinó las audiencias públicas sobre la reforma al agua, coincide en que no debe eliminarse esta protección frente al sobreconcesionamiento y este punto sigue en discusión.
"Si yo pido una concesión y no me contesta la autoridad ya me dieron la concesión, pues no se puede, ¿no? Tendría que quedar muy claro y hacerlo por sectores. No es lo mismo los pequeños usuarios, los que usan un volumen muy pequeñito, sobre todo en el tema de las prórrogas o de los nuevos trámites. No es lo mismo un usuario de riego que depende de la concesión para poder cosechar a un gran titán del agua como Coca-Cola, Unilever o Alpura; se tendría que separar los usuarios para poder hacer un tema de justicia", dijo.
Privatización del servicio
El proyecto legislativo, al no prohibir que los sistemas de agua públicos cedan su concesión a empresas, sigue permitiendo la privatización del servicio de agua y saneamiento de los municipios, a pesar de que en ciudades como Puebla o Cancún los usuarios reportan tarifazos y tandeo por parte de las empresas que tienen la concesión, por lo que Agua para Todos requiere eliminar el artículo 44 de la Ley General de Aguas para prohibirlo.
Desde 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle, el sistema operador público le cedió sus concesiones de agua por 30 años a la empresa Concesiones Integrales, la cual recibe quejas por tandeo y recortes de suministro, notificó la Contraloría Autónoma de Puebla a la Conagua. En tanto, desde 1993, en la época de privatización del salinismo, la empresa Aguakan da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. Pese a las quejas de los usuarios, la concesión es hasta 2053.
"La experiencia en todo el país ha sido desastrosa. Puebla, Quintana Roo, Torreón... Ciudad de México tenía privatizado su servicio de medición y cobro y nuestra actual Presidenta (entonces jefa de Gobierno) dejó caducar esa concesión precisamente porque era costosísimo, con muy pocos beneficios y las empresas a veces terminan controlando todo y los contratos son sumamente difíciles de romper o cancelar con anticipación", dijo Elena Burns, de Agua para Todos.
La Diputada de Morena Xóchitl Zagal, que coordinó las audiencias públicas, adelantó en entrevista que pondrá una reserva para que el servicio del agua no sea susceptible de ser concesionado a empresas privadas, ya que en Puebla es impagable cancelar el contrato que dio el gobierno de Moreno Valle a la empresa Concesiones Integrales "Agua de Puebla para Todos".
"Me parece muy grave el tema de la asignación de la gestión del agua (a una empresa) en Puebla porque, aunque tenemos mayoría en el Congreso, aunque tenemos gobiernos de la cuarta transformación en Puebla, no se ha podido revocar este contrato con la empresa Agua de Puebla, es a 30 años y la multa de cancelar es enorme, generaría una cosa impagable. Entonces, queremos prever esa parte en la ley, que el servicio de agua potable no sea susceptible de ser concesionado", dijo.
Opaco pago de derechos
En el dictamen se sigue sin apostar a la transparencia en quiénes pagan y quiénes no pagan la totalidad del derecho de uso de agua, incluyendo a los grandes concesionarios industriales y de servicios, quienes actualmente solo están pagando derechos sobre el 20 por ciento de los volúmenes concesionados, por lo que el colectivo Agua para Todos proponen cambiar en el artículo 29BIS de la Ley Nacional de Aguas "deberá" en vez de "podrá".
La ley promueve la transparencia sobre quién tiene el derecho (el título) y si cumple con la obligación (extracción, uso) a través del REPNA y la fiscalización del volumen. Sin embargo, el historial de pagos o la deuda exacta de un particular no se menciona explícitamente como un dato a difundir directamente.
"La Ley de Aguas Nacionales desde Salinas favoreció a los concesionarios en contra del interés de la nación. Si se va a conservar esa ley, hay que cambiar su sentido y un artículo muy importante es el 29 BIS tres que dice que la Conagua 'podrá' extinguir los volúmenes que no se han usado en dos años, lo que ha usado contra los pequeños concesionarios agrícolas que, por razones económicas o climáticas, pasan los dos años y no usan el agua concesionada. Pero, por otro lado, los concesionarios industriales que tienen que pagar derechos tenían que haber pagado en 2023, 56 mil millones de pesos, pero solo pagaron 12 mil millones", expuso Burns.
La Diputada Zagal comentó que "se está sangrando el erario público al no estar haciendo los pagos correspondientes a un líquido vital", pero dijo que hay muchos anclajes a lo largo de la ley en donde se requiere la obligatoriedad de los derechos pagados al 100 por ciento para que se pague y se invierta en redes hidráulicas, drenaje y saneamiento.
Por ejemplo, en el artículo 24 de la LAN se propone que para decidir sobre el otorgamiento de una prórroga de la concesión o asignación, la Autoridad del Agua considerará el cumplimiento de las obligaciones fiscales, junto con la disponibilidad y la responsabilidad hídrica.
A mediados de noviembre se realizaron audiencias públicas en San Lázaro, donde participaron productores agrícolas, empresarios, indígenas, afromexicanos, académicos y demás voces que propusieron derogar la salinista Ley Nacional de Aguas (1992) y solo crear la Ley General de Aguas.
Luego se revisaron a detalle 124 artículos y se modificaron de la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbuam "aspectos fundamentales en beneficio de las y los productores, industriales y, sobre todo, del derecho humano de la población para acceder al agua", destacó el Diputado Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo.
