La Alcaldesa sostiene que la Auditaría Suprior del Estado carece de autoridad para exigirle cuentas por los fondos no comprobados correspondientes ale ejercicio fiscal 2023.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles por unanimidad las medidas cautelares otorgadas a la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que desde hace siete meses la protegen de manera indefinida de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.
Las suspensiones se concedieron en junio de 2025 por la integración anterior del Máximo Tribunal; la Ministra Yasmín Esquivel Mossa otorgó la medida relacionada con el proceso de revocación de mandato impulsado por el Congreso de Guerrero, mientras que el entonces Ministro Javier Laynez Potisek concedió la suspensión contra los actos de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Con la ratificación de la SCJN, ambas permanecerán vigentes hasta que el pleno resuelva el fondo de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025 promovidas por la Edil.
El fallo se dio tras declarar infundados cuatro recursos de reclamación: tres presentados por el Congreso local y uno por la Auditoría Superior de Guerrero, con los que se buscaba revertir la admisión de las controversias y las suspensiones concedidas a la Presidenta Municipal para evitar la revocación de mandato y la investigación de la Auditoría Superior que reclama la comprobación de 898 millones de pesos en recursos federales aportados al municipio en el ejercicio fiscal 2023.
López Rodríguez sostiene que la ASE carece de facultades para revisar el uso de fondos federales y que estos sólo los puede supervisar la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Lo anterior quedó asentado en el proyecto del Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, relativo al recurso de reclamación 41/2025-CA contra la suspensión otorgada frente a la auditoría, en el que la Corte concluyó que se actualizan la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, al existir actos de ejecución relacionados con la fiscalización de recursos federales, como las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISMDF), cuya revisión corresponde exclusivamente a la ASF y no a autoridades locales.
Las controversias se promovieron por la Alcaldesa a través del síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, con el objetivo de frenar un eventual proceso de revocación de mandato, y los requerimientos de información formulados por la ASE sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, particularmente en lo referente al manejo de recursos del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
Los recursos de reclamación se resolvieron mediante tres proyectos elaborados por las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, así como por el Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, los cuales declararon infundadas las impugnaciones del Congreso estatal y de la auditoría.
No obstante, en uno de los proyectos, el recurso 39/2025, a cargo de la Ministra Herrerías Guerra, la Corte dio la razón a la Auditoría Superior del Estado para reconocerla como autoridad demandada, luego de que en su momento fuera excluida del juicio por el Ministro Laynez.
Las suspensiones permiten a Abelina López mantenerse en su cargo con normalidad hasta que la SCJN emita una resolución definitiva sobre el fondo de los asuntos.
