La empresa recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que su petición también fue desestimada en juzgados y tribunales federales. Desde abril pasado, el Gobierno mexicano prohibió a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con la empresa Odebrecht.
Ciudad de México, 3 de agosto (SineEmbargo/EFE).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy desechar la petición que la empresa Odebrecht interpuso para que fueran revisadas las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Al desechar la petición de la compañía, la multa que la empresa brasileña debe pagar, por un monto de 543 millones de pesos, así como la inhabilitación por un año para participar en cualquier concurso de obra pública realizado en México, continúa vigente.
La empresa recurrió a la SCJN debido a que su petición también fue desestimada en juzgados y tribunales federales.
El pasado 26 de abril, el Gobierno mexicano prohibió a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Construtora Norberto Odebrecht, por un periodo de tres años.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó en un comunicado el impedimento a las instituciones de la administración pública federal, empresas productivas del Estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República.
“De esta manera, las instituciones mencionadas deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas, ya que fueron inhabilitadas por un plazo de tres años”, precisó.
El pasado 29 de agosto el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe investigar si la constructora Odebrecht cometió actos de corrupción durante su estancia en México.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que su administración revisará el actuar de la constructora brasileña, así como su relación con funcionarios y ex trabajadores del Gobierno federal.
“Si hay investigaciones en curso, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de funcionarios públicos, para eso es la Secretaría de la Función Pública”, apuntó.
– Con información de EFE.
