
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Exploración y Producción participó en actos de corrupción y conflicto de intereses, de acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Responsabilidades en la paraestatal, por lo que José Aroldo de Hoyos Morales, ingeniero civil Coordinador de G.M. Servicio A Proyectos Veracruz, fue destituido e inhabilitado por diez años.
La Dirección General de Pemex apoyó a la unidad "en aras del combate a la corrupción y el conflicto de intereses", informó en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, el funcionario José Aroldo de Hoyos Morales tenía a su cargo la supervisión de la obra del contrato celebrado por PEP con el consorcio Chamsa Grupo Corporativo y Mava Group Inc. Pero Hoyos Morales es socio de la empresa subcontratada Encino Integrated Services LLC, junto con Eduardo Javier Natividad Maqueda, quien además funge como presidente de Mava Group.
El contrato consistía en trabajos de instalación de aparejos de tubería flexible y operaciones con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de los activos de la región norte, por un importe de más de 100 millones de pesos y de poco más de 21 millones de dólares, sin incluir IVA.
"No obstante el obvio conflicto de interés que tenía de Hoyos Morales, no se excusó en intervenir en la supervisión del contrato que benefició a su socio, más aún no reportó esto ante Pemex, ni tampoco en las declaraciones patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública", recalca la paraestatal.
Según su perfil en Linkedin, de Hoyos Morales era desde el 2012 responsable de la administración y control de obras de infraestructura superficial y administración de ejecución de suministros y servicios a los Pozos para el Activo de Producción Veracruz, Boca del Río.
La Unidad de Responsabilidades resolvió destituir e inhabilitar por diez años a José Aroldo de Hoyos Morales, y presentó la denuncia penal correspondiente ante la PGR por conductas posiblemente constitutivas de delitos cometidos por ex servidores públicos y trabajadores en activo de la empresa productiva del estado.
Asimismo, se realiza una auditoría a todos los trabajos ejecutados y pagados a la empresa con el fin de deslindar responsabilidades.




