Los trabajadores de este frente, en su mayoría médicos, denunciaron que constantemente son hostigados, amenazados, extorsionados y hasta secuestrados por la delincuencia organizada, y que a pesar de que han presentado sus quejas a los directivos de las instituciones y a sus dirigencias sindicales, no se han establecido medidas de prevención para garantizar su integridad física.
Por Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo/ElSur).- Frente al problema de violencia e inseguridad que se vive en Guerrero, trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Chilpancingo, se sumaron al Frente de Trabajadores del Sector Salud, y ayer en conferencia de prensa exigieron a los gobiernos federal y estatal que los heridos por la delincuencia organizada sean canalizados al hospital militar y no a los centros hospitalarios civiles.
Asimismo, advirtieron que el Centro de Salud Alameda, en Chilpancingo, donde el martes en la noche fue sacado violentamente un enfermero que en la madrugada del día siguiente fue encontrado vivo y severamente golpeado en el bulevar Vicente Guerrero, no será reabierto hasta que las autoridades estatales y federales brinden garantías de seguridad.
El Frente de Trabajadores del Sector Salud está integrado por médicos, enfermeras y trabajadores administrativos de la Ssa, del IMSS y del ISSSTE de varios municipios del estado.
En la conferencia pidieron que no hubiera cámaras fotográficas ni se tomara video para que no se difundiera su identidad, pues informaron que el objetivo es blindarse ante la violencia de la que han sido víctimas.
En el acto que se llevó a cabo en la cafetería La Covacha, el médico del hospital general, Guillermo Ramírez Solís informó que ante el problema de inseguridad que vive el sector salud, los trabajadores se constituyeron en un frente de trabajadores de la salud al margen de sus agrupaciones sindicales, pues éstas no han salido en defensa de sus agremiados en los distintos casos de violencia que han ocurrido.
Mencionó el reciente caso del enfermero que fue sacado del Centro de Salud La Alameda el pasado martes. Tras ese caso, los trabajadores decidieron cerrar las instalaciones hasta que tengan garantías de seguridad.
Los trabajadores de este frente, en su mayoría médicos, denunciaron que constantemente son hostigados, amenazados, extorsionados y hasta secuestrados por la delincuencia organizada, y que a pesar de que han presentado sus quejas a los directivos de las instituciones y a sus dirigencias sindicales, no se han establecido medidas de prevención para garantizar su integridad física.
Ramírez Solís informó que el frente de los trabajadores de la salud se integró la semana pasada en Acapulco, y que entre los acuerdos que tomaron fue que enviarán una carta abierta al gobernador Héctor Astudillo Flores, al Congreso del estado y al Poder Judicial en la que pedirán resultados de las acciones que han hecho para frenar la violencia.
Dijo que en la carta expondrán su petición de que los heridos por la delincuencia organizada ya no sean atendidos en hospitales civiles, que ahora sean canalizados a los hospitales militares, y que se cierren los expendios de bebidas alcohólicas en zonas cercanas a los hospitales y escuelas.
El médico mencionó que, “legalmente ninguna cantina debe funcionar en un lugar cerca de una escuela, una iglesia o un hospital”, pero que las autoridades municipales permiten la violación del Bando de Policía y Buen Gobierno.
Otra de las peticiones es la colocación de cámaras de vigilancia y presencia de corporaciones policiacas en hospitales y escuelas. Asimismo, piden que se coloquen botones de pánico o alarmas en lugares públicos.
El médico Ramírez afirmó que otro de los acuerdos es que van a responsabilizar a los gobiernos de los tres niveles por las muertes, secuestros y asesinatos de ciudadanos.
Y al respecto, llamaron a la ciudadanía a organizarse para vigilar y cuidar de manera pacífica las calles y colonias, puesto que los tres órdenes de gobierno no han cumplido con su obligación constitucional de garantizar seguridad a los ciudadanos.
“Esta situación de inseguridad está afectando a todos los ciudadanos, y en el caso del personal médico que laboran en hospitales y centros de salud y que dependen de la Secretaría de Salud, vivimos un grave problema”, se quejó Ramírez Solís.
Otro trabajador de la Ssa recordó que a casi un año de que tres médicos y un abogado de esa dependencia desaparecieron cuando viajaban en un automóvil en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, éstos siguen sin aparecer y que las autoridades no han hecho nada por esclarecer el caso.
Los trabajadores del sector salud anunciaron que van a realizar movilizaciones para exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de brindar seguridad.
Una trabajadora aseguró que el enfermero que sacaron del Centro de Salud La Alameda tiene buena reputación, y que desconocen las causas por las que fue levantado y torturado.
Los trabajadores de la Ssa acusaron a la dirigente de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), la diputada federal priísta Beatriz Vélez Núñez de no hacer nada para exigir a los tres niveles de gobierno que brinden las medidas de seguridad para el personal médico y administrativo de todas las clínicas y hospitales del estado.
“Es la obligación de nuestra líder velar por sus agremiados, pero no lo hace porque tiene una serie de compromisos con el poder”, se quejó una de las trabajadoras.
