México, 2 ago (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Gobierno mexicano la adopción de "medidas efectivas contra la pobreza", entre ellas la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En una protesta frente a la sede de la Cancillería mexicana, un grupo de activistas exigió a las autoridades sumarse al Protocolo y abrir así "las puertas a nuevos mecanismos que permitirán a quienes viven en la pobreza acceder a instancias internacionales para exigir estos derechos humanos", apuntó AI México en un comunicado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), 3,2 millones mexicanos se sumaron a la pobreza entre 2008 y 2010, con lo que la población en esta situación alcanza los 52 millones, al pasar del 44,5 % al 46,2 % del total.
Tras la divulgación de esas cifras el viernes pasado, los activistas construyeron hoy una vivienda de cartón a un lado del acceso principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para mostrar las condiciones en las que viven millones de mexicanos.
"En viviendas como ésta, sin acceso a agua potable, saneamiento, luz u otros servicios básicos y en condiciones insalubres, sobreviven millones de personas sin que existan herramientas que les permitan exigir el respeto a estos derechos", dijo Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de AI en México.
Por ello, la organización defensora de los derechos humanos exhortó al Gobierno encabezado por Felipe Calderón a que "adopte los mecanismos que existen a nivel internacional que permitirían a estas personas exigir su derecho a condiciones de vida dignas".
Aunque reconoció que México fue uno de los principales impulsores del Protocolo Facultativo en la etapa de negociaciones, recordó que hace más de dos años comenzó el periodo para que los Estados firmen el tratado sin que este país haya mostrado avances en este sentido.
Amnistía llamó a la Cancillería a concluir el proceso de análisis del Protocolo y facilitar su firma para "ponerse a la altura" de las ocho naciones latinoamericanas que ya han suscrito este instrumento que permite a quienes carecen de derechos económicos, sociales y culturales solicitar protección y reparación.
