El país se “cuarteliza” ante la incompetencia de gobernadores y alcaldes para combatir a la delincuencia

En las poblaciones fronterizas del norte del país la presencia de los militares es avasallante. Lo mismo se les ve en Tamaulipas y Nuevo León que en Coahuila y aun en el norte de Veracruz, entidades donde en los últimos meses han comenzado a proliferar los minicuarteles. Las autoridades estatales y municipales admiten que ellos las subsidiaron con parte de sus erarios; también, que pagan a los soldados por que realicen operativos de vigilancia que corresponden a la policía. Este proceso de cuartelización en el país conlleva un serio problema: intimidación de los ciudadanos, excesos, impunidad…

Por Juan Alberto Cedillo

Apenas cruzan la frontera hacia México por el Puente Internacional Abraham Lincoln de Nuevo Laredo, los ciudadanos estadunidenses observan una trinchera de sacos de arena detrás de la cual un soldado empuña su ametralladora calibre 50. En los flancos de la autopista, los nuevos vehículos tácticos artillados SandCat y decenas de tropas que vigilan la entrada a territorio nacional refuerzan la seguridad en la zona.

En las calles aledañas policías municipales hacen sus rondines a bordo de sus patrullas. Van armados con fusiles de asalto. Sus rostros son inescrutables. El escenario se repite a lo largo de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y en municipios de los estados del noreste del país donde las bandas delincuenciales ponen en jaque a las autoridades. Cualquier turista despistado podría pensar que el país se halla bajo estado de sitio…

Y así como en los últimos meses estas semidesérticas tierras se han teñido de rojo a causa de la violencia creciente, ahora es el verde olivo el que inunda la región: “La Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo cinco nuevos cuarteles para Tamaulipas, Coahuila y el norte de Veracruz”, dice a Proceso el general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar que comprende esas entidades, además de San Luis Potosí.

En tres de ellos, dice el divisionario Diplomado del Estado Mayor (DEM), se instalarán batallones de 600 elementos cuya misión será vigilar los municipios tamaulipecos de San Fernando, Ciudad Mante y Ciudad Mier. Este último ya está terminado.

En Frontera, Coahuila, a pesar de las protestas de los pobladores se construye un megacuartel. La Sedena confía en que comience a funcionar este mismo año. Y en Zempoala, al norte de Veracruz, donde a finales de 2011 los enfrentamientos entre sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas causaron 37 bajas.

En lo concerniente a Nuevo León, la entidad más afectada por la violencia después de Tamaulipas, existen ya nueve minicuarteles para albergar a los soldados que patrullan la zona metropolitana de Monterrey. Y, según la Sedena, en los meses venideros se construirán ocho más en las zonas rurales.

Pero de ello y del financiamiento de las instalaciones militares no se puede hablar, dice el general Sandoval, a causa de la “veda electoral” que impuso la propia dependencia. No obstante, los lugareños comentan al reportero que la militarización de Nuevo León y Tamaulipas y esta entidad se erigen con recursos estatales.

Uno de ellos declara que ante la incompetencia de los gobernadores y alcaldes para combatir a la delincuencia, los soldados realizan labores de policías y agentes de tránsito. Parte de sus sueldos proviene de las arcas de los estados o ayuntamiento en las que está destacamentados.

Así sucede, por ejemplo en los municipios tamaulipecos de Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Tampico y Ciudad Mier, por mencionar los más importantes, en los cuales las tropas de la Octava Zona Militar sustituyeron hace más de un año a los policías municipales.

En Monterrey, 300 militares de la Séptima Zona Militar visten hoy uniformes de la policía estatal y hacen sus rondines en los barrios dominados por la delincuencia organizada.

Jorge Domene Zambrano, vocero del Consejo de Seguridad de Nuevo León, admite que los “puntos fijos” o minicuarteles se construyeron con fondos estatales. Los gobiernos estatales de la región optaron por recurrir a los militares para revertir los niveles de violencia. Tan sólo en 2011 Nuevo León registró 2003 asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, según estadísticas de la fiscalía local.

Para el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina Cruz, los minicuarteles sirven para “ofrecer seguridad a la ciudadanía por medio de patrullaje preventivo, control vehicular en las principales avenidas, así como recepción y atención oportuna de denuncias ciudadanas” al Ejército.

El gobierno estatal entregó a principios de año nueve de ellos a la Sedena. Todos están en zonas residenciales de clase media alta: uno en la colonia Satélite del sur, en la capital regiomontana, tres en el municipio de San Pedro Garza García y uno en la transitada avenida Miguel Alemán, la cual conecta a Monterrey con el aeropuerto internacional y ha sido objeto de varios narcobloqueos en los últimos meses.

“Estas instalaciones vienen a reforzar nuestra estrategia de tener un mejor despliegue, una mejor logística, una mayor presencia, condiciones más dignas para los elementos, en este caso de la Secretaría de la Defensa, y que debe de dar un resultado positivo en beneficio de la población”, dijo el mandatario cuando lo inauguró.

También anunció la construcción de otros 17, de los cuales ocho se ubicarán en las zonas rurales del estado, toda vez que una veintena de municipios del norte y sur de Nuevo León se quedaron sin policías luego de las renuncias masivas por las amenazas del crimen organizado.

QUEJAS Y APOYOS
El alcalde de San Pedro Garza, Mauricio Fernández Garza, reniega porque parte de los pocos recursos que los municipios reciben de la federación se usen para financiar a los militares. La culpa la tiene el “nefasto secretario de Seguridad Genaro García Luna”, dijo en mayo pasado, pues él “tiene centralizado el presupuesto para la seguridad: lo que nos dan a los municipios son migajas”.

Destacó que alrededor de 90% de los delitos se cometen en los municipios y la mayoría de ellos son del fuero común. “En la medida que se atiendan los delitos del fuero común, hay una corresponsabilidad con los del fuero federal, pero no al revés”, añadió Mauricio Fernández, el único alcalde que tiene grupos de inteligencia para el combate al narcotráfico.

Comentó que ha aprovechado el apoyo del Ejército para combatir la inseguridad, ya que “sería menso si no lo hiciera”.

“Les entregamos tres instalaciones, los apoyamos con tres camionetas para que 100 solados vigilaran San Pedro”, concluyó Fernández.

En el caso de Coahuila, el gobierno de Rubén Moreira destina una inversión de 280 millones de pesos del erario para la construcción, en el municipio de Frontera, de un nuevo cuartel, más grande que el de la VI Zona Militar con sede en Saltillo.

Las nuevas instalaciones se edifican en un predio de 60 hectáreas ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a un costado del aeropuerto local, y contará con más de 100 viviendas para alojar al menos un batallón.

A principios de la semana pasada Sergio Sisbeles, vocero de Seguridad de Coahuila, dijo desconocer “la fórmula que se usó para destinar recursos estatales para un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

En Tamaulipas, municipios como Tampico pagan entre mil y 2 mil pesos al mes a cada soldado que realiza funciones de vigilancia policiaca. Los ediles de San Fernando, Tomás Gloria, y de Ciudad Mier, Alberto González Peña, admiten que sus municipios serían ingobernables sin la presencia de los militares.

Actualmente los efectivos del Ejército no sólo realizan labores de vigilancia en Ciudad Mier y San Fernando; también sustituyen a las autoridades locales, incluso organizan brigadas para borrar las huellas de la narcoguerra en la región, remodelan las fachadas afectadas por las ráfagas de los fusiles de asalto y las explosiones de granadas, organizan brigadas médicas y de apoyo psicológico a las víctimas de la delincuencia, o bien remodelan escuelas, limpian jardines e incluso cortan gratis el pelo a los sufridos habitantes.

Para Tomás Gloria, las acciones militares ayudan a “restablecer el tejido social de San Fernando”, donde 72 migrantes fueron ejecutados por Los Zetas y se localizaron cerca de 200 cuerpos en narcofosas en agosto de 2010.

Los candidatos aprovechan la presencia de tropas de la Sedena para prometer mayor seguridad a la población. En Nuevo León, por ejemplo, las priistas Ivonne Álvarez y Marcela Guerra, del PRI declararon que de llegar al Senado extenderán la presencia de las Fuerzas Armadas “más allá del 1 de diciembre”.

Su correligionario Felipe Enríquez, quien busca la alcaldía de Monterrey, asegura en sus promocionales televisivos y en su propaganda panorámica que “en los primeros 100 días de su gobierno construirá tres nuevos cuarteles militares”, que sumará mil 800 marinos a la policía y que designará a “un general o un almirante” como secretario de Seguridad municipal.
–Apro