El PAN propone “lista negra” de empresas y funcionarios sancionados por corrupción‏

26/08/2015 - 3:10 pm
Ricardo Anaya estuvo acompañado de senadores del PAN durante el planteamiento de las propuestas. Foto: Acción Nacional.
Ricardo Anaya estuvo acompañado de senadores del PAN durante el planteamiento de las propuestas. Foto: Acción Nacional.

Ciudad de México, 26 de agosto (Sin Embargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) presentó iniciativas para crear dos nuevas leyes en materia de transparencia y combate a la corrupción. Dentro de sus nuevos planteamientos sobresalió la propuesta para crear una “lista negra” de servidores públicos que hayan sido sancionados, así como personas físicas o morales que hayan incurrido en actos de corrupción en contratos de obra pública.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acompañado de senadores de su partido, anunció que sus bancadas en las Cámaras de Diputados y de Senadores presentarán dos iniciativas para combatir la corrupción, un tema que ha sido su prioridad desde que Anaya era coordinador parlamentario en San Lázaro.

“Somos muchos los que estamos convencidos de que la corrupción es el principal cáncer que padece hoy México, y del tamaño del problema debe ser el tamaño de la solución”, dijo el líder nacional panista, Ricardo Anaya.

La primera iniciativa plantea crear la Ley General del Combate a la Corrupción. Se trata de una nueva norma que contendrá cinco ejes fundamentales, y que impactará en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para transparentar acciones que hoy se encuentran en total opacidad.

“Esta Ley sienta todo el marco legal para que sí se hagan públicas todas las empresas que de alguna manera están participando en algún servicio o alguna obra junto con el Estado y que se haga público si han incurrido en algún ilícito de cualquier forma”, recalcó la Senadora panista Marcela Torres Peimbert.

Establecerá como obligatorio que todos los funcionarios hagan pública su declaración 3 de 3, que incluye la declaración patrimonial, la fiscal y de intereses.

La iniciativa promueve la participación de la sociedad organizada en el combate a la corrupción, al tener posibilidad de realizar auditorías sociales o fungir como testigos sociales.

Crea el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, el cual es una “lista negra” de funcionarios que en el pasado hayan sido sancionados por actos de corrupción, así como de las personas físicas o morales que hayan sido sancionadas por el mismo delito.

Esta lista será pública y abarcará a servidores públicos de todas las dependencias: federal, estatales y municipales; así como diputados y senadores: órganos del Estado y organismos públicos autónomos.

“Es un lista negra no solo de servidores públicos sino también de particulares”, recalcó la Senadora panista Laura Rojas.

Asimismo, la iniciativa plantea crear el Sistema de Captación de Denuncias, la cual estará interconectada con diversas plataformas a nivel nacional para crear una gran plataforma de combate a la corrupción.

La segunda iniciativa plantea crear la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.

Esta propuesta no es nueva, de hecho el PAN ya había presentado una iniciativa similar pocos meses atrás. No obstante, en este momento cobra más relevancia porque inicia labores la nueva Legislatura del Congreso de la Unión.

En términos generales propone atacar de forma frontal la corrupción en estados y municipios, al quitar el control de los Gobernadores en los órganos encargados al combate de este flagelo y mediante el seguimiento coordinado de organizaciones de la sociedad civil a las acciones y gastos de los gobiernos.

La plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción permitirá a la ciudadanía conocer la evolución patrimonial de los servidores públicos, las compras públicas que realicen los gobiernos, así como la fiscalización interna y externa a los gobiernos estatales y municipales.

“Nunca más un empleado siendo el responsable de investigar a su jefe. Lo que ocurrió hace unos días con Virgilio Andrade no se debe repetir en nuestro país”, afirmó Ricardo Anaya.

Además establece mecanismos de participación ciudadana en el combate a la corrupción como la creación de un Consejo Consultivo integrado completamente por miembros de la sociedad civil con por lo menos tres años de experiencia en la materia.

Al evento acudieron organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas, Integralia, el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otras.

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