Es difícil imaginar la desesperación y el dolor que ocasionan el tener a una persona querida desaparecida, es imposible matar la esperanza constante de que la persona de señales de vida o que se sepa qué fue lo que pasó, siempre en espera de poder seguir disfrutándola o de poder cerrar el duelo y despedirse para siempre. Es imposible pensar frenar la necesidad de justicia ante casos como estos.
En México tenemos más de 26,000 casos de personas desaparecidas y con la intención de hacer frente a la situación, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de crear una Ley General que trate el tema.
Para hacer una ley de esta naturaleza resulta fundamental escuchar la voz de esos más de 26,000 familiares de personas que han desaparecido en México y que han tenido que enfrentarse con diversos problemas al acceder a la justicia, como la falta de credibilidad, recursos, eficacia y resultados en las investigaciones; el simple hecho de acudir a denunciar muchas veces implica ser desacreditadas con dichos como “seguro se fue con el novio”, “quién sabe en qué estaba metido”. Adicional a las familias, las organizaciones de la sociedad civil, así como los y las representantes legales han sido actores claves para lograr identificar las principales problemáticas y lo que hace falta para que la Ley sea verdaderamente efectiva.
El 23 de julio la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación lanzó una consulta ciudadana en línea para la elaboración de la Ley General para la Búsqueda de Personas No localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición. Con esta consulta se pretende contar con la colaboración de familiares y sociedad civil en general.
La participación de sociedad civil y familiares en leyes que les competen ha sido un derecho que poco a poco se ha ido ganando, en la Ley General de Víctimas ya se establece que la participación es un principio que orienta la implementación de la ley y otras políticas públicas, así como un derecho de las víctimas.
En este sentido, el que se abra una consulta para familiares y sociedad civil es un paso importante, no obstante, la forma en la que se propone carece de la metodología adecuada para lograr su verdadera inclusión en el proceso de creación de ley.
En primer lugar, el cuestionario es un instrumento al que se puede acceder en línea, esto es, para poder participar en la consulta es necesaria una computadora e internet, requisitos que no todas las víctimas o personas interesadas tienen.
Por otra parte, la manera en que están redactadas las preguntas es muy técnica y no ofrece un espacio para que familiares cuenten su experiencia cuando han intentado acceder a la justicia.
Consultar es importante porque es abrir la discusión a las personas que más conocen el tema y que más sensibles son a la situación, es reconocer la lucha y el dolor de los familiares, es también una buena práctica de política pública del Estado mexicano.
Lo que debemos cuidar es que la consulta no se convierta meramente en una forma de legitimación del proceso de la Ley General, sino que efectivamente sea un mecanismo en donde se abra la discusión, se conozcan las problemáticas y se escuche a las familias y a sus defensores.
