Madrid, 10 Sep (Notimex).- El Instituto Nóos, sin fines de lucro, propiedad hasta mediados de 2006 del yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres ingresó en una cuenta bancaria casi nueve millones de euros en contratos “a dedo” y sin licitación.
El diario español El País destacó este lunes que el dinero fue ingresado en una cuenta corriente de La Caixa entre marzo de 2004 y julio de 2007.
Los contratos más cuantiosos procedían de administraciones públicas que contrataban a Nóos para organizar eventos sobre turismo y deporte donde participaban expertos y famosos.
Desde esa cuenta corriente de La Caixa, abierta a nombre del instituto y donde las únicas personas autorizadas eran Urdangarin y Torres, salió la mayor parte de los nueve millones de euros (11.5 millones de dólares) hacia siete sociedades privadas.
Todas ellas propiedad de Urdangarin, de su socio o de ambos.
Sostuvo que la esposa de Torres está imputada mientras que la infanta Cristina, pese a la petición del denominado sindicato Manos Limpias, sigue fuera de la causa, al entender el juez que no hay pruebas suficientes de la implicación de la hija del rey en los negocios de su marido.
Sin embargo, el juez que instruye el caso, José Castro y la Fiscalía Anticorrupción que impulsa la investigación sostienen que el instituto era en realidad una tapadera con apariencia de una Organización no Gubernamental (ONG) de la que Torres y Urdangarin se aprovechaban para hacer negocios lucrativos.
Esto, organizando para los gobiernos autónomos de la Comunidad Valenciana y de Baleares eventos con tarifas elevadas, que suponían hasta el doble o el triple del precio real del servicio realizado.
En tanto, el Instituto Nóos intentó justificar sus gastos a requerimiento del juez, con facturas correspondientes a servicios distintos de los contratados por la Comunidad Valenciana y por Baleares y que, además, en ningún caso sumaban el dinero por el que habían logrado el contrato.
Recordó que estas irregularidades y otras muchas destapadas durante la investigación llevaron al juez a imputar a Urdangarin y a su socio por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración.
