
Benito Juárez, Quintana Roo –más conocido como Cancún–, es uno de los 322 municipios que gobierna el Partido de la Revolución Democrática.
Ahí, el “primer perredista” es Julián Ricalde Magaña, afiliado a ese instituto político desde 1993, partido del que, además, fue dirigente estatal en la entidad. En 2004, tras desempeñarse como director de Gobierno del Ayuntamiento, fue uno de los precandidatos de la izquierda para administrar el municipio de Benito Juárez.
Entre 2005 y 2006 fue coordinador estatal de la Estructura Electoral y Defensa Jurídica del Voto en Quintana Roo, de Andrés Manuel López Obrador. Al año siguiente, Ricalde fue responsable de la estructura electoral de Greg Sánchez, y en 2008, sin éxito, fue candidato del PRD a diputado por el Distrito XIII de Cancún. Es hermano de la diputada federal panista, Alicia Ricalde Magaña, quien según la columna “Templo Mayor” del diario Reforma, defiende a capa y espada al edil quintanarroense.
Dos años después, en 2008, Ricalde Magaña por fin ganó su primera elección. Fue candidato por la Coalición “Todos Somos Quintana Roo” (PRD-PAN-PT-Convergencia) a la Presidencia Municipal de Benito Juárez. El perredista enfrentó a la priísta Guadalupe Novelo Espadas, y aunque ambos candidatos se declararon ganadores en un principio, Julián Ricalde fue quien se alzó con el triunfo por más de 7 mil votos de diferencia.
El Partido de la Revolución Democrática retuvo así, por segunda ocasión, el poder en Benito Juárez, cinco años que los quintanarroenses no califican como los mejores. El priísta Francisco Antonio Alor Quezada entregó en 2008 el poder a Gregorio Sánchez Martínez; la deuda pública del municipio era entonces de 540 millones de pesos. Ahora, a poco más de un año de que concluya la administración de Ricalde Magaña, Benito Juárez ya es el quinto municipio más endeudado del país –sólo por detrás de Guadalajara, Tijuana, Monterrey y Zapopan–. Y sin embargo, las cuentas siguen creciendo ya que el ayuntamiento espera que en los próximos días el banco HSBC le libere un crédito por 75 millones de pesos, cantidad con la que los pasivos bancarios de la comuna cancunense alcanzarían los mil 440 millones 900 mil pesos.
Y aunque el cabildo autorizó una línea de crédito por 100 millones de pesos, el banco sólo autorizó los 75 millones. Este último crédito será utilizado, según el presidente municipal, para el pago de proveedores y gasto corriente, ante la baja recaudación de los meses recientes. La meta, según la Ley de Ingresos de 2012, era de 751 millones de pesos; sin embargo, los habitantes del municipio sólo pagaron 632 millones. De acuerdo con el alcalde, el fracaso fiscal es culpa de sus colaboradores, pero para dirigentes empresariales y regidores “la gente no paga impuestos porque sabe que irán a parar a los bolsillos de funcionarios venales”.
El fracaso obligó a Ricalde a destituir al director de Ingresos, Herminio Ordaz Guzmán. En junio de este año, Ordaz Guzmán fue acusado de formar parte de una red de funcionarios involucrados en acciones de cohecho, junto con el tesorero Leonel Saury Galué, luego de que Miguel Ángel Larios Alatorre, entonces subdirector de Ingresos, fuera detenido con 113 mil pesos que no ingresó a las arcas municipales. En ese entonces, Larios acusó a Ordaz y a Saury de participar en la red de cobranza de licencias y documentos cuyos ingresos no eran reportados a la Tesorería. El 12 de noviembre, el edil anunció la destitución de Ordaz y el nombramiento de María Argelia González Álvarez como nueva titular de la Dirección de Ingresos.
Ordaz no es el único hombre cercano al presidente municipal que ha estado envuelto en un escándalo. Francisco Ubeda Domínguez, asesor del alcalde, es otro de los personajes incómodos que están cerca de Ricalde. Originario de Orizaba, Veracruz, Ubeda Domínguez es acusado de trata de mujeres y de violación de una menor de la Región 520 de Cancún. Según el diario Tabasco Hoy, el presidente municipal y Francisco Ubeda son socios en una empresa que organiza conciertos y eventos masivos en Cancún. Es, además, el responsable del nombramiento de dos titulares de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez: Armando Álvarez Morales y Jesús Aiza Kaluf, los dos de origen veracruzano.
Aiza Kaluf, actual secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, llegó al cargo en julio de 2011, con una estela de acusaciones detrás, entre ellas corrupción, abuso de autoridad, acoso sexual a mujeres policías y violación de derechos humanos. En 2003, reprobó un examen antidoping y fue separado de su cargo, y seis años después fue acusado por los delitos de robo, allanamiento de morada, abuso de autoridad, lesiones y fabricación de delitos. Y aunque apenas 10 meses después de asumir el cargo presentó su renuncia ante Ricalde Magaña, luego de que elementos a su cargo protagonizaran un escándalo tras robar y amenazar al empresario Julio César Castillo Carreño, el edil perredista lo mantuvo en el cargo.
Según el General Brigadier Diplomado Estado Mayor, Anastasio García Rodríguez, la dependencia que encabeza Jesús Aiza está infiltrada al menos en un 90 por ciento por el narcotráfico. Pero las acusaciones no eran cosa nueva. A partir de dos llamadas anónimas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada decidió investigar a por lo menos 15 funcionarios de la corporación, entre ellos Aiza Kaluf, por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. De inmediato, en tono agresivo y defensivo, el edil calificó la declaración como “chabacana” y dijo: “Lo que se declaró se tiene que probar. Hoy estamos mandando un comunicado a la Secretaría de la Defensa para que nos digan si ese es un diagnóstico, si esa es la persona autorizada para hacer las declaraciones en este sentido y generar esta incertidumbre, este revuelo”.
El general García Rodríguez no es el único con quien Ricalde Magaña ha tenido fuertes enfrentamientos. A pesar de que hace un tiempo trabajaron juntos y fueron grandes amigos, el edil se ha desecho en acusaciones recientemente contra Gregorio Sánchez, a quien responsabiliza por el desvío de 229 millones de pesos. Luego de que el ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo hiciera pública su intención de contender por un lugar en el Senado, Ricalde aseguró que sería “una candidatura de riesgo” y que “existen elementos para inhabilitar” a su antecesor.
Greg Sánchez no se quedó callado y retó al edil a un debate el 12 de diciembre: “Hoy por hoy quiero hacer un reto público a Julián Ricalde que si tiene los pantalones bien puestos que debata conmigo públicamente. Si no acepta es porque, número uno, es ignorante; número dos, es mentiroso; número tres, es cobarde y número cuatro, es traicionero”. Sin embargo, el edil perredista decidió negarse a debatir: “No hay ningún debate, no hay obviedades, ni aunque me cite en su alcoba a las 12 de la noche, digo, es una tontería, que lo aclare en los tribunales, conmigo no tiene nada que declarar, y qué quiere que diga, que si soy ladrón, que si me lo robé, si lo gasté, se le está acusando de transa no de tonto”. Así las cosas, no cabe duda de que el peor enemigo de un perredista es otro perredista.
Twitter: @fhurias1
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