El hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, vuelve a recordarnos la tragedia que atraviesa nuestro país. Un sitio que sirvió como centro de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde los rastros de cientos de víctimas fueron reducidos a cenizas, expone no sólo la barbarie del crimen organizado, sino también la indolencia de un Estado ausente.
Este rancho no era un secreto. En septiembre de 2024, las autoridades realizaron una intervención en el mismo sitio, detuvieron a sospechosos y rescataron a dos secuestrados. Incluso se habla de que opera desde 2012. Sin embargo, lo dejaron seguir operando. La pregunta es inevitable: ¿por incompetencia o por complicidad?
La Presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó de "terrible" y el Fiscal Alejandro Gertz Manero mostró su habitual incredulidad ante el fallo de las autoridades locales. Pero hay muchas preguntas en el ámbito de responsabilidades de los diferentes niveles de Gobierno ¿Qué pasó en la intervención de las autoridades el año pasado? ¿Dónde estaban los operativos de inteligencia? ¿Cómo es posible que el Estado -que incluye autoridades locales y federales- no haya detectado este centro de exterminio en pleno funcionamiento?
El caso Teuchitlán es demuestra el abandono sistemático de las víctimas. Desde el sexenio pasado, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender la crisis forense y de desapariciones con nuevas instituciones. Sin embargo, lo que dejó atrás fue un saldo negativo. El Sistema Nacional de Búsqueda fue desmantelado y los esfuerzos alrededor del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana se truncaron. La crisis de derechos humanos se minimizó, y las víctimas fueron tratadas como una estadística incómoda. De hecho, al final del Gobierno de AMLO, se hizo un grosero esfuerzo por maquillar las cifras de personas desaparecidas.
Las cifras son contundentes. Durante el sexenio pasado, se registraron 51 mil desaparecidos más, sumando un total de 120 mil desde el inicio de la “guerra contra la delincuencia organizada” de Felipe Calderón hasta nuestros días. En este contexto, donde el Estado no busca y los familiares tienen que organizarse para hacerlo, 17 personas buscadoras fueron asesinadas y una desapareció. En los primeros meses del nuevo Gobierno, ya se han registrado tres desapariciones más de personas buscadoras. Mientras tanto, más de 72 mil cuerpos siguen sin identificar en morgues y fosas comunes, y las familias de los desaparecidos continúan recibiendo agresiones y criminalización en su incansable lucha por encontrar a los suyos.
El rancho Izaguirre es el reflejo de todo lo que ha fallado. Pero no es el único. En Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos identificó recientemente 14 puntos con restos humanos y objetos personales, sumándose a otros 18 sitios similares descubiertos en la región. Qué decir de los casos extensamente documentados hace 13 años de centros de exterminio manejados por los Zetas en Piedras Negras, Coahuila. Desde ese entonces, en distintos estados del país, han aparecido más centros de muerte donde los cuerpos de las víctimas han sido calcinados, enterrados en fosas clandestinas o simplemente desaparecidos sin dejar rastro. Estos lugares no sólo sirven para deshacerse de los cadáveres, sino también como espacios de tortura y entrenamiento para nuevos sicarios, despojándolos de su humanidad y preparándolos para continuar la cadena de violencia.
Los testimonios de sobrevivientes han comenzado a dibujar un mapa del horror. Casas de seguridad donde los secuestrados son llevados antes de ser ejecutados, ranchos usados como crematorios clandestinos y zonas rurales donde la Ley es dictada por los cárteles, no por el Gobierno. Los cuerpos de las víctimas son objeto de experimentos médicos y se sustraen los órganos para su venta ilegal. Mientras esto ocurre, las autoridades apenas reaccionan cuando los colectivos de búsqueda destapan estos infiernos con sus propias manos, nunca antes.
Ahora, el Gobierno de Claudia Sheinbaum promete reconstruir el diálogo y mejorar las estrategias de búsqueda. Pero la realidad es que las víctimas no figuraron en su discurso de campaña y no lo habían hecho durante su Gobierno, hasta el
macabro hallazgo en Jalisco. La realidad le explotó en la cara a un Gobierno que se sentía más “cómodo” con la agenda de aranceles y la retórica nacionalista. Nadie niega que el reto económico es mayúsculo pero tampoco debe ser motivo para excluir de la agenda la violencia en este país, mucho menos para invisibilizar a las cientos de miles de víctimas.
La interpelación del colectivo “Huellas de la Memoria” a la Presidenta es muy claro: “…si quiere enfrentarse a la realidad [de las víctimas], [la invitamos a que] se encuentre cara a cara con todos los colectivos de familias buscadoras, ellos y ellas le ayudarán y nos ayudarán a buscar la puerta de salida del infierno, ese infierno que usted, señora Presidenta nunca ha pisado”.
Un Estado que sólo reacciona cuando el horror se vuelve innegable es un Estado cómplice. Ahora nos toca como sociedad exigir justicia, verdad y memoria. Sin ello, Teuchitlán no será el último hallazgo macabro que nos sacuda. Será sólo uno
más en la larga lista de lugares que nos remiten a la “industria de la muerte” y que marcan el mapa del olvido en el México contemporáneo.
