Un Juez Federal dictaminó el viernes que los deportados primero deben tener una “oportunidad significativa” de buscar protección humanitaria en Estados Unidos.
Los Ángeles, 29 de marzo (LaOpinión).- Un Juez Federal impidió que la Administración del Presidente Donald Trump deporte a migrantes a países con los que no tienen relación previa, sin darles la oportunidad de alegar que enfrentarían persecución o tortura si fueran enviados allí, según The Washington Post.
El Juez Federal de Distrito Brian Murphy en Boston emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional que impide que la Administración Trump envíe a cualquier persona con una orden de deportación final a un país del que no es ciudadano sin darle primero una “oportunidad significativa” de buscar protección humanitaria en Estados Unidos.
Mientras la Administración Trump lucha por llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos, la decisión del Juez Federal de Distrito Brian E. Murphy, emitida el viernes, marca la tercera vez en menos de dos semanas que un tribunal bloquea o ralentiza estos esfuerzos.
La decisión se dio a conocer tras las amenazas de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dijo esta semana que cualquier persona que se encuentre irregularmente en Estados Unidos podría ser trasladada a El Salvador y encarcelada en una de las extensas cárceles del país.
Murphy escribió en una decisión de dos páginas que las autoridades no pueden deportar a nadie a un supuesto tercer país “a menos que y hasta que” notifiquen por escrito al deportado y a su abogado el país al que serán enviados.
Luego, el Juez indicó que las autoridades deben permitirles solicitar ante un tribunal de migración protección para permanecer en Estados Unidos bajo la Convención contra la Tortura, ratificada por el Congreso en 1994 para prohibir al gobierno enviar migrantes a un país donde puedan ser torturados.
Después de eso, dijo el Juez, la agencia debe esperar una decisión final de un Juez de migración antes de enviar a alguien a otro país.
Si bien los solicitantes podrían ser deportados a países donde no son ciudadanos, el proceso descrito en la decisión de Murphy podría retrasar su deportación y garantizar que tengan una audiencia completa y, potencialmente, acceso a asesoría legal a su propio costo.
Aproximadamente 3.7 millones de casos están pendientes en los tribunales de migración, que están saturados, y la resolución de estos casos suele tardar meses o años.
La decisión del Juez Murphy no afecta a los presuntos pandilleros deportados este mes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sin una audiencia, pero podría proteger a otros migrantes que corren el riesgo de ser deportados a El Salvador u otros países bajo procedimientos de deportación regulares.
La orden de Murphy permanecerá vigente hasta que el Juez pueda resolver sobre la solicitud de los demandantes de una medida cautelar de mayor duración. Escuchará los argumentos sobre dicha solicitud el 10 de abril.
