La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto para engrosar las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de investigación contra organizaciones criminales, especialmente en el lavado de dinero.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Sin hacer ruido y mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaun Pardo emitió el pasado lunes 26 de mayo de 2025 un decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual es titular Édgar Abraham Amador Zamora, para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el combate contra la corrupción, el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero.
En el Artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera depende directamente del titular de esa dependencia, Amador Zamora. Y en el decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum Pardo se fortalece la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera que está a cargo de Pablo Gómez Alvarez, con la creación de una Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la cual dependen dos nuevas coordinaciones: la Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas A, y la Operativa en Asuntos de Organizaciones Delictivas B. Esta nueva dirección tendrá entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras, para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
La presidenta Sheinbaum explicó el jueves 13 de febrero del 2025 la relevancia de la colaboración binacional, particularmente entre México y Estados Unidos, para combatir al crimen organizado, sus redes de financiamiento y lavado de dinero.
“Lo que hemos estado planteando es que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría?, ¿quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? El asunto no solamente es que pase droga de México a Estados Unidos, sino ¿quién distribuye en Estados Unidos esa droga para el consumo, particularmente, el fentanilo?, explicó la mandataria mexicana.
De acuerdo con lo que establece el Artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene, entre otras, la atribución de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento, o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento, o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas conductas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para lo cual se allegará de los elementos probatorios del caso.
Por lo tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera debe coadyuvar con las autoridades competentes, en representación de la Secretaría de Hacienda, en los procesos penales relativos a las conductas denunciadas; debe coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas, hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno y atender los requerimientos y resoluciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales, incluyendo al Ministerio Público de la Federación, siempre que no corresponda a otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda.
Y por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene autoridad para requerir información al Banco de México; a las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros; y a las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene entre sus funciones comunicar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita; integrar la lista de las personas cuyas cuentas bancarias hubiesen sido bloqueadas.
La nueva dirección
En el decreto aprobado por la presidenta Sheinbaum se agrega el artículo Artículo 10-N al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda para la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que tiene entre sus atribuciones analizar e integrar reportes de inteligencia sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
Esta nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas debe operar como enlace con autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.
Además, esta nueva dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera debe coordinarse con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y demás instancias competentes, para proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
Nuevas coordinaciones
En el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo se agrega también el Artículo 10-O, que establece cuáles son la atribuciones y funciones de las coordinaciones operativas en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y B. Entre otras, las siguientes:
I.- Elaborar e integrar los análisis de los reportes, avisos y declaraciones relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
II.- Fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera, previo acuerdo de su superior jerárquico, en grupos de trabajo con autoridades nacionales, extranjeras o internacionales, así como en mecanismos de coordinación de similar naturaleza, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
III.- Proponer, para aprobación superior, acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.
IV.- Proporcionar, requerir e intercambiar […] información, documentación y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, demás instancias competentes.
Caso ejemplar
Uno de los éxitos más reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera fue dado a conocer por Pablo Gómez Álvarez el pasado jueves 22 de mayo del 2025. La Corte del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida, dictó una sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, derivado de la demanda civil que presentó México en septiembre de 2021, en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero, que abarcó decenas de contratos.
Nuestro diario digital SinEmbargo.mx reseñó que una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar dos mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.
La Jueza Lisa Walsh emitió la sentencia contra los acusados, días después de que el Gobierno de México le solicitara declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante para responder a un proceso iniciado en 2021. De acuerdo con el fallo, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere que la Unidad de Inteligencia Financiera vaya más lejos y por eso le amplió la estructura, particularmente para el combate y la detección del uso de dinero de procedencia ilícita y lavado de dinero, asuntos que no sólo podría involucrar a las bandas del crimen organizado, sino también a políticos y empresarios corruptos que hayan realizado o realicen negocios con dinero público de manera indebida.
