La propuesta, presentada por los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg Karakowsky y Leonardo Antonio Valdés Zurita, así como el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello pretendería ser una contrapropuesta a la reforma electoral que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum que en un principio se pronuncia por la desaparición de los legisladores plurinominales.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- Frente a la crisis terminal de una oposición moribunda, desprestigiada y ajena al interés y la simpatía de la mayoría de los mexicanos, tres expresidentes del máximo órgano electoral del país y una amplia cofradía de académicos abajofirmantes, proponen fortalecer y ampliar la figura de la Representación Proporcional en el Congreso de la Unión, lo que le daría vida artificial a organizaciones políticas en franco declive, como PRI y PAN. El documento pretenderían ser una contrapropuesta a la reforma electoral que ha anunciado la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, que en un principio se pronuncia por la desaparición de los legisladores plurinominales.
Firman el documento los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg Karakowsky y Leonardo Antonio Valdés Zurita, así como el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, secundados por una amplia lista de académicos abajo firmantes.
Una de las primeras argumentaciones de la organización que se identifica como Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.), es que “la presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza. Sobre esa doble anomalía, se ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política”.
El 22 de agosto del 2024 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos el acuerdo correspondiente a la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional (RP) y, por unanimidad, el acuerdo para la asignación de senadurías plurinominales a los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.
La Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que en este proceso de asignación y en la aplicación de la fórmula contenida en la Constitución no existe un dilema: “La Constitución es contundente y precisa, no hay dilema, las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera, es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución”, enfatizó.
En la misma sesión del 22 de agosto del 2024 el consejero electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona -presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos-, afirmó que “la fórmula de asignación de la representación proporcional, su interpretación gramatical y funcional, pero muy especialmente en su interpretación sistemática, histórica y teleológica es inequívoca: donde la Constitución dice que el tope de sobrerrepresentación será de 8 por ciento para cada partido, debe leerse que este tope es para cada partido y no para cada coalición”, como pretendía la oposición que se pusiera un límite a la suma de legisladores de la alianza Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo para que no alcanzara la mayoría calificada de 344 diputados federales.
El consejero Espadas Ancona recalcó que el Instituto Nacional Electoral defiende la República arbitrando, no siendo parte de la disputa. “No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular, independientemente de que ese resultado sea considerado adecuado o no por funcionarios o jueces electorales”.
Los pactos facciosos
“En primer lugar, dicen los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, creemos que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular”.
Sin embargo, habría que recordar que el 30 de julio del 2013, en un comunicado oficial, la Secretaría de Gobernación, de la administración del priista Enique Peña Niero, anunció que “después de concluido el proceso electoral del 7 de julio, los integrantes del Pacto por México hemos tenido una serie de reuniones de trabajo para analizar la situación y las próximas actividades y acuerdos relacionados, tanto de los 95 acuerdos del Pacto por México, como de los 11 del adéndum”.
Ese Pacto por México que firmaron con el gobierno de Peña Nieto PAN, PRI y PRD, les comprometió a abropar las reformas constitucionales para privatizar la industria petrolera, a cambio de permitirles adueñarse del nuevo Instituco Nacional Electoral, en el cual se repartieron por el sistema de cuates y cuotas las 11 posiciones de consejeros electorales -entre ellos la presidencia del INE para Lorenzo Córdoba-, así como la aprobación de la reelección de dipurtados federales, senadores, presidentes municipales uy legisladores estatales.
Los pluris
Abogan los integrantes del llamado Instituto de Estudios para la Transición Democrática que la Representación Proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México con su introducción en el año de 1977 y muy especialmente, una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda. “En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de Representación Proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de Mayoría Relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional”, señalan.
La propuesta sólo favorecería a una oposición que tiene el rechazo mayoritario de la población. Recordemos que en los comicios de junio del 2024 Morena y sus aliados ganaron 60 de 64 senadurías de Mayoría Relativa, en 30 de los 32 estados del país, para un porcentaje del 93.75 por ciento. De la misma manera, Morena y sus aliados ganaron 256 de 300 diputados de Mayoría Relativa en 30 de 31 estados del país, para un porcentaje del 85.33 por ciento.
“Proponemos -explican los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática- que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor”.
Hasta el momento, la propuesta expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que se elijan sólo Senadores de Mayoría Relativa y de Primera Minoría, lo cual representaría que la Cámara Alta tendría solo 96 legisladores. Con un esquema de esta naturaleza, Morena y sus aliados ganaron 65 senadores en los comicios de junio del 2024: 60 de Mayoría elativa y 5 de Primera Minoría. La oposición de PAN, PRI, PRD sólo ganó cuatro senadores de Matoría Relativa y 25 de Primera Minoría.
El organo electoral
Los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática proponen que para ganatizar la autonomía de las autoridades electorales:
a).- Que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara de Diputados, dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados.
b).- Que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una votación calificada de las tres cuartas partes de los miembros presentes en la Cámara Alta.
En la iniciativa de reforma constitucional que presentó a la Cámara de Diputados del Ciongreso de la Unión el lunes 5 de febrero del 2024, el entonces presidente López Obrador, se advierte que “a partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal, se propone que el voto popular decida la integración del Consejo General de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultad”. Esta iniciativa seguramente será retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De cuates y cuotas
La historia del reparto de los consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral pactada por los partidos políticos con el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue documentada, en su momento, por diversos medios de comunicación, entre ellos el periódico Reforma, que el 4 de abril del 2014 publicó una nota firmada por Claudia Salazar y Leslie Gómez que señala: “La Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas, PRI, PAN yPRD, avalaron a Lorenzo Córdova -propuesto por el PRD- en la presidencia del organismo y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional”.
Agrega la nota de Reforma: “Tras acordarse que ninguna bancada vetaría las candidaturas de las demás, PRI, PAN y PRD se repartieron las quintetas por periodo de ejercicio. Para ocupar el cargo nueve años se eligió a Adriana Margarita Favela (apoyada por el PRI), José Roberto Ruiz (PAN) y Ciro Murayama (PRD). Para seis años, el PRI se quedó con dos propuestas: Marco Antonio Baños y Enrique Andrade. La elección del PAN fue Benito Nacif Hernández y del PRD Alejandra Pamela San Martín. Para tres años el PRI colocó a Beatriz Eugenia Galindo. Arturo Sánchez se confirmó como la propuesta panista y Javier Santiago Castillo completó la lista de los perredistas”.
