El Contralmirante es uno de los señalados por encabezar la red de "huachicol fiscal" junto con su hermano: ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina en el sexenio de AMLO.
Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– La audiencia ante las autoridades de Fernando Farías Laguna, Contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) señalado por el Gobierno federal de participar en una red de "huachicol" fiscal, ha sido pospuesta hasta el próximo lunes 20 de octubre.
Por lo tanto, el Juez Mario Elizondo Martínez otorgó el aplazamiento de la audiencia a la defensa de Farías Laguna, por lo que la comparecencia –programada para hoy– se realizará en dos semanas en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Los abogados del Contralmirante solicitaron el cambio de fecha señalando a la Fiscalía General de la República (FGR), pues afirmaron que las autoridades les entregaron la copia de la carpeta de investigación en su contra muy tarde y de forma incompleta, pues se trata de un documento de unas 19 mil fojas.
Fernando Farías Laguna ya había obtenido hace dos semanas de un Juez una suspensión que frena temporalmente su captura, por lo que no está preso, como otros de los señalados por esta red de corrupción en los puertos mexicanos.
"La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído", dice el documento.
José Alberto Rodríguez Rivera, Secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la medida luego de que el Contralmirante denunciara que la orden de captura y ejecución la libró un Juez de control. También acusó que las autoridades le negaron acceso a la carpeta de investigación.
Farías Laguna también debió pagar una garantía de 49 mil pesos para que la suspensión siga vigente. El marino, del cual se desconoce su paradero, ha solicitado comparecer de forma virtual, y no presencial, pero se desconoce cómo será su audiencia del próximo 20 de octubre.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de Claudia Sheinbaum, señala a Farías Laguna como uno de los investigado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, pues encabezaría una red de corrupción relacionada con "huachicol fiscal".
Hace un par de semanas, un Juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas –incluido el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando– por su presunta participación en el desembarque irregular de 31 buques con combustible ilegal que evade impuestos, clasificado como "huachicol fiscal", en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.
Tras una audiencia de más de 17 horas, todos los imputados recibieron prisión preventiva. Los hombres fueron enviados al penal del Altiplano y dos mujeres a la cárcel federal femenil de Morelos. Una tercera mujer, con 12 semanas de embarazo, permanecería en arraigo domiciliario con brazalete electrónico.
En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, recordó aquella semana que “en el año de 2024, el entonces Secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.
El funcionario federal añadió que desde entonces las investigaciones sobre el "huachicol fiscal" se realizaron bajo control judicial y con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Hacienda.
Los Farías Laguna son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la audiencia, uno de los marinos denunció amenazas dentro del penal y solicitó su traslado a una prisión militar, pero el Juez rechazó la petición, indicando que antes debe evaluarse si ese tipo de centro cumple con las condiciones procesales necesarias.
La FGR les imputó el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos. Según la investigación, los implicados habrían facilitado el ingreso de combustible ilegal mediante simulación de trámites y manipulación de documentos, en una operación sostenida durante dos años.
Entre los procesados se encuentran mandos de la Marina adscritos a regiones clave, exjefes de departamento y verificadores de mercancías, todos con funciones importantes en el control de recintos fiscales.
