El paquete legislativo en materia de agua entregado al Congreso el 9 octubre, al perpetuar el sistema de concesiones y el poder discrecional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no permitirá cumplir con la expectativa de reconocer el agua como derecho humano. Mientras que la derecha ha buscado agitar sus bases en contra del proyecto por su propio beneficio, ha surgido un amplio proceso de coordinación entre comunidades, ciudadanía y legisladores, quienes han organizado Parlamentos Abiertos y Audiencia Públicas para revisar el proyecto, contando últimamente con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El 9 octubre el Ejecutivo envío al Congreso de la Unión una iniciativa de legislación cuya intención anunciada fue establecer la rectoría del Estado sobre el agua, con el fin de reconocerla como un derecho humano y no como mercancía. Sin embargo, al buscar perpetuar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) salinista, deja casi intacto el sistema de concesiones original, y busca aumentar aún más el poder discrecional ejercido por la Conagua. Estos dos elementos estructurales imposibilitarían la nueva etapa en la gestión del agua esperada.
Desde 2003, la única manera de obtener acceso al agua en las 219 cuencas y acuíferos más poblados y económicamente activos del país, ha sido a través de la compra, o “transmisión,” de derechos. Esto es debido a que la Conagua repartió 320 mil concesiones durante los primeros 10 años de la LAN, antes de publicar los primeros estudios de disponibilidad. Este sobreconcesionamiento fue necesario para crear los “mercados del agua” previstos en la Exposición de Motivos de la LAN.
Las transacciones de compra-venta han sido operadas por bufetes-coyote, con el apoyo de la “Gerencia de Bancos del Agua” de la Conagua, cuyo papel fue realizar estudios de mercado para determinar los precios de compra-venta en las cuencas y acuíferos deficitarios. La Conagua también ayudaba a identificar concesiones vulnerables a ser compradas, principalmente de ejidos y pequeños productores campesinos, y cuando convenía, amenazaba a sus titulares con procesos de extinción.
Mientras tanto, debido a la “falta de disponibilidad,” quedaron sin derechos al agua comunidades y pueblos indígenas, sistemas comunitarios, pequeños productores rurales, e, inconstitucionalmente, los ejidos y comunidades con derechos al agua reconocidos en decretos presidenciales.
En este contexto, el paquete legislativo del Ejecutivo propone reemplazar la libre “transmisión” de concesiones por “reasignaciones” autorizadas por la Conagua. Los “Bancos del Agua” serían reemplazados por “Fondos de Reserva del Agua.” Pero la propuesta sufre de fallas graves que no permitirían cumplir con los derechos humanos y colectivos al agua:
- Reconocerían la existencia de sistemas comunitarios indígenas y no indígenas de agua potable en su escueta “Ley General de Aguas”, pero, al no ser mencionados en la LAN, estos sistemas seguirán sin acceso al vital líquido.
- No indican de dónde se obtendrían los volúmenes de agua a ser reasignados. Su propuesta de reducir la ventana para solicitar prórrogas, de cuatro y medio años actualmente a sólo seis meses, pone en riesgo las pequeñas concesiones rurales, que representan el 80 por ciento de todas las concesiones, y sólo 20 por ciento del volumen concesionado. La extinción masiva de estas concesiones ya está en curso en La Laguna, Valles Centrales de Oaxaca y el Estado de México.
- No contiene medidas para reducir el sobreconcesionamiento, el cual pone en riesgo el futuro del agua en las zonas de mayor estrés hídrico del país.
- No exige que las reasignaciones sean utilizadas prioritariamente para reconocer derechos humanos y colectivos; de hecho, la reasignación es considerada un “derecho” del concesionario.
- Propone extender la plaza cubierta por las “cuotas de garantía” de dos años actualmente, a seis años, así favoreciendo dinámicas de especulación.
Además del diseño inadecuado del sistema de concesiones, es preocupante como proponen ejercer la “rectoría del Estado.” Es importante recordar que la Conagua fue creada por Carlos Salinas de Gortari en 1989, y su primera tarea fue la redacción de la LAN, uno de los pilares de la implantación del neoliberalismo en México. Desde sus inicios, la Conagua se ha ubicado demasiado cerca a los poderes económicos y operadores políticos, y demasiado lejos del pueblo de México. Sin cambios estructurales, sin criterios vinculantes ni transparencia, sería riesgoso suponer que la Conagua va a guiarse por el interés público y el bien de la Nación.
El proyecto de la Conagua propone:
- Aumentar la centralización de la Conagua, dado que el paquete legislativo propone que sólo Oficinas Centrales podrá otorgar concesiones y reasignaciones, relegando las oficinas regionales en un papel auxiliar.
- Mantener los criterios discrecionales de la LAN frente a la recaudación, bajo los cuales la Conagua recauda sólo el 20 por ciento de los derechos debidos por los usuarios industriales y de servicios. En 2023, estos usuarios sólo declararon 951 millones metros cúbicos (m3) de los cuatro mil 360 millones de m3 que aparecen en el Registro Público de Derechos al Agua; y sólo pagaron 12 mil millones de los 56 mil millones que debían en derechos, dejando sin cobrar 44 mil millones.
- No permitir intervención legislativa en el diseño de los “Fondos de Reserva del Agua” a través de los cuales se realizarán las reasignaciones; su funcionamiento sería determinado por la Conagua en el reglamento.
- Sólo permitir la “participación ciudadana” a través de los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, ocupados y controlados por los grandes concesionarios.
El proyecto del Ejecutivo ha generado dos tipos de reacción. Por un lado, la derecha, desde el Consejo Nacional Agropecuario y panistas como Mario Mata, está agitando a los productores campesinos, de por sí afectados por los precios de garantía. A través de webinars y videos les “explican” equivocadamente que ya no van a poder heredar ni traspasar sus derechos al agua, que sus concesiones se van a convertir en “permisos” revocables. Los grupos caciquiles que controlan los distritos de riego agitan a los usuarios con estos mismos mitos, para proteger sus propios negocios de venta de volúmenes para otros usos. En ambos casos, las bases han tomado carreteras e instalaciones en varios estados del norte. Piden información, consulta y la intervención de la Presidenta para ser escuchados.
El cuestionamiento más profundo e informado proviene de amplios sectores de la población que buscan poner fin al sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la contaminación, la privatización, el despojo y la impunidad fiscal. La Conagua insistió que había “consultado” a la ciudadanía en una serie de foros unilaterales en enero, e intentó, con el apoyo de operadores poderosos en la Cámara de Diputados, lograr la aprobación inmediata y total de su paquete. A pesar de estas presiones, la ciudadanía, junta con sus legisladores han organizado foros de parlamento abierto en los congresos locales de Jalisco, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro, y en otros espacios públicos en Coahuila, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas.
Los participantes en estos eventos han generado propuestas fundamentadas frente a las problemáticas del agua en sus regiones, que incluyen: la necesidad de contar con Consejos Regionales ampliamente representativos, que elaborarían Programas Hídricos Regionales diseñados para eliminar el sobreconcesionamiento y corregir la marginación hídrica; poner fin a la impunidad fiscal; contar con mecanismos para evaluar el desempeño de los directivos de la Conagua y en su caso recomendar su remoción; tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud; dar protección a los acuíferos kársticos del país y prohibir el fracking así como la extracción de aguas subterráneas de edad geológica, entre otros.
El lunes 17 de noviembre, los resolutivos de los Parlamentos Abiertos serán entregados formalmente a diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Esta Comisión ha convocado Audiencias Públicas a realizarse el 18 al 21 noviembre en donde recibirán propuestas de todo el país.
Los resultados de estos procesos de participación ciudadana serán incorporados al dictamen del paquete sometido por la Conagua.
En reconocimiento de la ola de inquietudes y expectativas que la propuesta legislativa ha generado, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido errores en la propuesta de la Conagua, y en su mañanera del 14 de noviembre afirmó la importancia de los foros de revisión y propuesta.
