La renuncia solicitada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) ha vuelto a poner en el centro del debate la ineficacia y el uso político de fiscalías de los estados en México. Este análisis examina el caso de Gertz Manero y el de otros fiscales "transexenales" controversiales —como Irving Barrios Mojica, Jorge Winckler y Carlos Zamarripa— que han evidenciado cómo la autonomía constitucional ha sido pervertida para mantener el control político, blindar a funcionarios y generar fallas profundas en el sistema de procuración de justicia, llevando a cuestionar si el modelo de autonomía fracasó en su objetivo de independizar a la procuración de justicia.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La salida de Alejandro Gertz Manero ha vuelto a poner en el centro de la atención no solo las fallas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), sino la inoperancia del sistema de procuración de justicia en algunos estados del país a cargo de fiscales polémicos y de fiscalías “autónomas” que han operado, en los hechos, bajo una lógica política marcada por excesos transexenales y fallas profundas.
“Antes de que existiera esta figura (de fiscalías autónomas), las fiscalías o procuradurías eran parte del gabinete, por lo que se decía que eran ‘controladas’. Entonces, dijeron, vamos a cambiarlo y que ya ahora tengan la autonomía constitucional, un presupuesto asegurado que sea una garantía presupuestal que sea un porcentaje del presupuesto de cada estado y que solamente rinda cuentas al Congreso mediante mecanismos reforzados. Entonces, los gobernadores, lo que hicieron fue seguir controlando mediante el nombramiento”, detalló en entrevista con SinEmbargo Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor de derechos humanos.
Un caso emblemático sobre esto se dio en Tamaulipas con Irving Barrios Mojica, quien ya finalizó su gestión y es conocido por orquestar el “michoacanazo”, por sus ligas con el grupo político de Felipe Calderón, pero particularmente con el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien lo nombró su Procurador General de Justicia del Estado en 2016, y a quien no investigó cuando eran públicos sus señalamientos de corrupción.
Fue en diciembre de 2018, cuando el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, lo designó Fiscal por siete años, hasta 2025. En junio de 2021 ese mismo Congreso aprobó ampliarle el periodo hasta 2027 y le otorgó poder para proponer fiscales especializados, decisión que dejó fuera al nuevo Gobernador, el morenista Américo Villarreal.
Esa reforma fue impugnada y finalmente invalidada, cuando en agosto de 2022, el Tribunal Electoral de Tamaulipas anuló las modificaciones aprobadas por el PAN y el PRI, incluyendo la extensión del periodo de Barrios. Así, en diciembre concluyó su encargo.
Con un Congreso ya de mayoría morenista, se nombró como Fiscal a Jesús Eduardo Govea Orozco, cercano al Gobernador Américo Villarreal. Govea tenía un año como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y había sido representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral y asesor del Gobierno estatal. Fue apenas el pasado martes 2 de diciembre de 2025 que rindió protesta.
Con un cambio en la Fiscalía estatal, se espera que esa institución ahora sí actúe e investigue también al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia. Y es que, aunque la FGR lo indaga por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada y a que incluso ya tiene una ficha de búsqueda de la Interpol, la Fiscalía de Tamaulipas, encabezada hasta hace poco por Irving Barrios, nunca hizo nada al respecto, ni lo investigó.
La acusación federal —basada en informes de la UIF y del Departamento de Justicia de Estados Unidos– lo vinculan con una presunta red de triangulación de más de 100 millones de pesos mediante empresas inmobiliarias y constructoras, donde también habrían participado familiares. Esto motivó una orden de aprehensión y la emisión de una ficha roja de Interpol desde 2021.
En febrero de 2025, el exgobernador aseguró que su ficha roja había sido anulada, lo que fue desmentido por la FGR, al precisar que la suspensión era solo temporal por un amparo. Además, en agosto de 2025, el Gobierno de Tamaulipas, dirigido por Américo Villarreal, presentó 70 denuncias contra la administración anterior, incluidas 14 penales, por un nuevo desvío de recursos públicos que supera los 343 millones de pesos.
¿Son las fiscalías autónomas?
“Tienes autonomía de jure (en la Ley), pero no tenías autonomía de facto (en los hechos). Las personas que nombraban seguían siendo de alguna manera supeditadas a la presidencia. Y eso pasaba en lo nacional y pasa de todas maneras en las locales”, señaló al respecto Luis Daniel Vázquez, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Por su parte, el abogado Luis Tapia, al igual que Vázquez, destacó que la raíz del problema viene de décadas atrás, cuando las procuradurías funcionaban como herramientas políticas y recordó el viejo adagio atribuido a Benito Juárez: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”, que resume la forma en que históricamente se ha utilizado la procuración de justicia en México.
Tapia detalló que la autonomía constitucional fue impulsada como un mecanismo para desarraigar ese viejo modelo, pues se aspiraba a que las fiscalías fueran independientes e imparciales y que sus decisiones se basaran en pruebas y no en motivaciones políticas.
El especialista ejemplificó el problema con Gertz Manero, recordando cuando fue nombrado Fiscal e “inmediatamente impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para quitarse controles de encima”. Según explicó, Gertz eliminó herramientas de vigilancia ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas porque quería operar sin controles externos. “Se volvió opaco y sin ningún tipo de control”, afirmó.
Además, los gobiernos han usado la autonomía para deslindarse de la responsabilidad por los malos resultados.
En Veracruz se ha vivido una situación que muestra esto. Ahí tuvo lugar uno de los casos más ilustrativos sobre cómo los cambios de fiscales no fueron para mejorar la seguridad pública. Jorge Winckler fue elegido Fiscal General en 2016 por un Congreso panista y priista para un periodo de nueve años, aún bajo el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Su nombramiento fue criticado por considerarlo una imposición para proteger al entonces mandatario.
En mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó actos de tortura cometidos por Winckler y el Fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel, en contra de una persona inocente. En 2019, ya en campaña, el morenista Cuitláhuac García lo señaló por supuestos vínculos con el crimen organizado y parcialidad en el ejercicio del cargo.
El contexto de violencia en Veracruz, agravado tras la matanza de 30 personas en un bar de Coatzacoalcos, marcó su gestión. En marzo de 2020 fue separado del cargo por incumplir con funciones constitucionales. Tras permanecer prófugo más de tres años, Winckler fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca.
El 3 de septiembre del 2019, en sesión de la Diputación Permanente, la fracción de Morena en el Congreso, con el apoyo del PRI, removió de la titularidad de la Fiscalía General del Estado a Jorge “N” , por no acreditar el examen de control y confianza.
Esta semana presentó su renuncia la actual Fiscal estatal Verónica Hernández Giadáns, designada durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez tras la remoción de Jorge Winckler.
La renuncia se dio después de una reforma que permite a la Gobernadora Rocío Nahle remover y designar a la titular de la FGE, es decir, que le devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de nombrarla. Además, otro cambio importante es que redujo el periodo en el cargo: pasa de nueve a cuatro años, con posibilidad de una ratificación.
En Guanajuato, el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre es otro de los ejemplos más señalados. Fue Procurador desde 2009, ratificado por Miguel Márquez Márquez con el argumento de sus supuestos buenos resultados y calificaciones ante agencias como el FBI y la DEA.
En 2018 y 2019 fue nuevamente ratificado y designado como primer Fiscal General con un periodo de nueve años, hasta 2028, pese a protestas por la crisis de violencia que convirtió al estado en uno de los más letales del país.
La nueva Gobernadora panista, Libia García Muñoz Ledo, cumplió su promesa de campaña y no lo mantuvo en el cargo; Zamarripa dejó la Fiscalía en diciembre de 2024. Antes de irse, modificó el reglamento interno de la FGE para aumentar su pensión en 33 por ciento sin consultar al Congreso. También se aseguró prestaciones adicionales como seguros médicos, gastos funerarios, escoltas y un arma de fuego.
Los fiscales transexenales
El estado de Chiapas es uno de los que tuvo a los primeros fiscales transexenales, un proceso que terminó en polémica e incluso en prisión. Se trata de Mariano Francisco Herrán Salvatti, conocido como el “Zar antidrogas” del gobierno de Ernesto Zedillo. Fue Procurador de Justicia de Chiapas durante el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía y posteriormente Fiscal General, cargo que mantuvo hasta el 31 de octubre de 2007, ya en el gobierno de Juan Sabines Guerrero.
Herrán Salvatti fue detenido en 2009 por asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público. Permaneció tres años en prisión y desapareció de la vida pública hasta 2017, cuando se supo que trabajaba como abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Ese mismo año, el 6 de julio de 2017, falleció.
Tapia explicó que cuando las procuradurías formaban parte del gabinete se criticaba que estaban bajo el control del Ejecutivo; por ello se crearon fiscalías autónomas con presupuestos garantizados y mecanismos reforzados de rendición de cuentas ante el Congreso. Pero los gobernadores “siguieron controlando mediante el nombramiento y luego se escudaron en que eran autónomos”.
Luis Daniel Vázquez también recordó el origen histórico de la impunidad, explicando que en el régimen priista se construyó un pacto de impunidad que garantizaba a presidentes, gobernadores y alcaldes que podrían actuar sin rendir cuentas porque quienes los sustituían —miembros del mismo partido— los protegerían.
Para que ese pacto funcionara, las fiscalías debían estar directamente controladas por el presidente o los gobernadores. Esa lógica, dijo, no ha cambiado. Hoy sigue sin haber criterios transparentes sobre qué se investiga, a quién, con qué prioridad y qué patrones criminales se pretenden desmantelar. En cambio, las investigaciones se priorizan según las necesidades políticas del momento. Para demostrarlo, recordó la forma en que se manejó Ayotzinapa incluso durante el gobierno de López Obrador.
En esa misma entidad, Jorge Luis Lláven Abarca —quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello— fue electo en diciembre de 2018 como Fiscal General. Su designación ocurrió a propuesta del gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas y por un periodo de nueve años. Sin embargo, en diciembre de 2020 renunció oficialmente al cargo, ya que en las elecciones de 2021 ganó la diputación federal por el Distrito 6 de Chiapas, la cual concluyó en 2024. Ganó la elección con la coalición Sigamos Haciendo Historia ( Morena,PT, PVEM y partidos locales). Primero se integró al grupo parlamentario de Morena, pero en el año 2022 se cambió primero al PT y posteriormente al Verde Ecologista.
Tras la salida de Luis Lláven, Olaf Gómez Hernández fue nombrado Fiscal General, también por un periodo de nueve años. No obstante, renunció el 19 de noviembre de 2024 para asumir el cargo de Notario Público número 73 de la entidad. En ese mismo mes de noviembre de 2024, Jorge Luis Lláven Abarca –quien era diputado local con licencia– fue electo nuevamente por el Congreso de Chiapas como Fiscal General, otra vez por un periodo de nueve años.
Los abusos desde la Fiscalía
Morelos vivió otro caso marcado por el conflicto político. El Fiscal Uriel Carmona Gándara fue nombrado por nueve años en 2018 por el Congreso local durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, señalado por imponerlo para cubrir su administración. Desde la llegada de Cuauhtémoc Blanco al Gobierno estatal, Carmona fue acusado de vínculos con el crimen organizado, señalamientos incluidos en reportes de inteligencia naval filtrados por el grupo “Guacamaya”, además de críticas por casos como el asesinato de Samir Flores.
Su gestión se vio marcada también por el manejo del feminicidio de Ariadna Fernanda López. El Gobernador Blanco pidió su destitución, pero en 2022 el Congreso la rechazó por considerar que los señalamientos carecían de pruebas. En 2018 el Congreso ya había intentado removerlo sin éxito y en 2020 la FGR solicitó separarlo del cargo por no cumplir con exámenes de control de confianza. También fue acusado de nombrar al Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez sin cumplir ese requisito.
El caso llegó a la Suprema Corte, que en marzo de 2022 concedió la suspensión para evitar acciones penales en su contra mientras resolvía si tenía fuero federal.
Finalmente, el 6 de febrero de 2025, ya en el gobierno de Margarita González Sarabia, el Congreso de Morelos aprobó su “separación definitiva” con 16 votos a favor y cuatro en contra, un día después de que Carmona solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal.
Otros fiscales transexenales incluyen a Nicolás Bautista Ovando en Tabasco y a Gilberto Higuera Bernal en Puebla. En Puebla, Higuera fue ratificado en febrero de 2020 para permanecer hasta 2027, tras haber asumido la Fiscalía en 2018 cuando Víctor Carrancá renunció. Su nombramiento ocurrió mientras estudiantes de la BUAP y la UPAEP protestaban por el homicidio de tres estudiantes de Medicina y un chofer de Uber.
El 13 de diciembre de 2024 renunció para contender por un cargo como ministro de la Suprema Corte. El 20 de diciembre, el Congreso designó a Idamis Pastor Betancourt como Fiscal hasta 2031, exmagistrada y expresidenta del Tribunal Electoral local, cercana al Gobernador Alejandro Armenta.
En Tabasco, el Congreso designó en febrero de 2021 a Nicolás Bautista como Fiscal para el periodo 2019-2028. Sin embargo, en septiembre de 2024 renunció por motivos personales, en un contexto de repunte de violencia y presencia de células del CJNG y del Cártel del Noreste.
El Coronel José Barajas Mejía fue designado Fiscal en octubre de 2024. Solo duró unos meses en el cargo, tiempo en el que investigó masacres y coordinó acciones con la federación que llevaron a capturas de integrantes de La Barredora y el CJNG. También recibió amenazas mediante mantas y cartulinas. El 31 de marzo de 2025 renunció para continuar su carrera militar, según informó el Gobernador Javier May.
El 10 de abril de 2025, el Congreso de Tabasco designó como nuevo Fiscal a Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, exfiscal de investigación de la delegación Gustavo A. Madero y cercano al Secretario federal Omar García Harfuch.
