A partir de dos reformas judiciales, en los gobiernos de Zedillo y luego de López Obrador, la Suprema Corte ha atravesado cambios en el perfil de los ministros, su cercanía con el poder político-económico y en la prioridad de asuntos por resolver.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– En los últimos 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pasado por dos reformas judiciales: la del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1995) en medio del debilitamiento del partido hegemónico, y la de Andrés Manuel López Obrador (2024), que redujo el pleno de 11 a nueve ministros y estableció plazos para resolver asuntos (incluyendo adeudos fiscales), en el marco de señalamientos desde Palacio Nacional de tener una cúpula dorada con una postura neoliberal cercana al poder económico.
"Hay una gran opacidad, excesos, dispendios, que la verdad tenían razón las personas en sentirse agraviadas con esos grandes privilegios", dijo el Ministro Irving Espinosa en entrevista con Los Periodistas la semana en que inició la nueva Corte electa. "Era inexplicable que los asuntos durmieran el sueño de los injustos, tenemos plazos de seis meses para resolverlos. Hay que atender los asuntos que ya estaban en la Corte y que, por causas inexplicables, no se resolvían. No resolvía los asuntos en los tribunales, sino en las comidas familiares".
El Ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó durante su informe de primeros 100 días de labores que recibió una "Corte lenta, anquilosada, ensimismada y… hasta soberbia”, un órgano que, dijo, se había distanciado de la ciudadanía y de sus obligaciones de rendición de cuentas. Por ello, aprovechó para enviar un mensaje en el que se desmarcó que los viejos poderes políticos, empresariales, de las presiones políticas mediáticas y, en suma, de cualquier agenda ajena a la Constitución de México.
Del 27 de enero de 1995, cuando entró en funciones la Corte de Zedillo, hasta la salida de la Ministra presidenta Norma Piña en agosto de este año, los perfiles de los ministros han variado entre técnicos, litigantes, académicos y exfuncionarios públicos.
Entre ellos destaca el Ministro presidente de la Corte (2003-2006), Mariano Azuela Güitrón, que Zedillo mantuvo después de la reforma del 95 y quien coparticipó, junto con la Procuraduría General y el Poder Legislativo, en el intento de desafuero de López Obrador, entre presiones del panista Vicente Fox rumbo a las elecciones presidenciales de 2006. En 2007, además, mostró su postura conservadora al ser de los que votó en contra de declarar inconstitucional cualquier código penal que criminalice el aborto.
"Acuso al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Acuso también a Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos encargos de la Constitución a las meras consignas políticas", afirmó López Obrador en abril de 2005, en pleno proceso de desafuero.
En 2009, cuando se retiró como Ministro, Azuela declaró al diario La Jornada que se reunió en 2004 con el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel, y con el Procurador Rafael Macedo de la Concha para abordar la validez del desafuero contra López Obrador, a quien acusaban de haber desacatado una orden judicial para, como Jefe de Gobierno del DF, construir un camino a un hospital pese a un amparo de por medio. Además, su voto como Ministro presidente (con la mayoría de 6-5) a favor de desechar la controversia constitucional presentada por la Asamblea Legislativa del DF eliminó la última vía legal para que la entonces oposición detuviera el proceso.
En otras palabras, participó en la validación inicial de la estrategia de persecución penal del Presidente Fox contra su principal adversario político.
“Me buscaron, los recibí y ahí fue cuando me enteré del problema", declaró el Ministro en retiro que falleció este mayo de 2025. "Al Secretario de Gobernación (Creel) le repetí que la Constitución dice que, si no se acata la sentencia, el asunto se mandaría a la Corte, y ahí, tiene la facultad de separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de distrito por desacato a una sentencia de amparo". También se reunió con Fox, a quien en su informe de 2005 le reclamó no haber continuado con el proceso penal "pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión, y lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias".
O bien, el Ministro José Ramón Cossío, propuesto por Fox y que –bajo la extinta facultad de la Corte de investigación– abordó el caso del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y la represión policial y tortura sexual de 11 mujeres en Atenco sin que se definiera la responsabilidad institucional de la familia de la exprimera dama, Margarita Zavala, ni la responsabilidad del exgobernador Peña Nieto, respectivamente. Como Ministro en retiro además fue vocero de la marea rosa, impulsada por el PRI y el PAN.
El Ministro Cossío votó a favor de señalar a empleados del IMSS y de reconocer el desorden del IMSS en la administración de la guardería subrogada, pero en sus reservas se pronunció en contra de señalar directamente a funcionarios de alto rango político y administrativo, incluyendo al Gobernador y al Secretario de Hacienda de Sonora, así como al director de la Guardería ABC y el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo. A partir de ello, se quitó a la Corte la facultad de investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos.
En agosto de 2025, más de 16 años después, una de las copropietarias de la guardería, Sandra Téllez, fue detenida en EU y deportada a México, donde fue detenida por presunto abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia.
Los asuntos fiscales
En las últimas tres décadas de la Corte también se han dado puertas giratorias como en el caso del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Trabajó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue administrador general jurídico (2003-2007) y administrador general de Grandes Contribuyentes (2007-2008). Ya como titular de 2008 a 2012, durante el Gobierno de Calderón, condonó el pago de impuestos por casi 400 mil millones de pesos a nueve mil grandes contribuyentes, entre ellos, la aerolínea TAESA y Textiles Sanfor, informó la revista Contralínea. También trabajó en el sector privado en firmas de abogados nacionales e internacionales, entre ellas, una firma fiscal.
Los últimos Ministros no electos no sólo acudían a fiestas o bodas de la élite política-económica como Salinas de Gortari o de la hija del litigante Juan Collado, la mayoría del pleno priorizaba, entre los cientos de asuntos por resolver, los relacionados con temas fiscales de estos personajes.
En noviembre de 2022 —aún bajo la presidencia de Arturo Zaldívar—, el pleno invalidó como delito grave la defraudación fiscal con el argumento de ser una violación a los derechos humanos.
Con su especialización en juicio de amparo, otro Ministro que avaló la defraudación fiscal, particularmente de Elektra (Grupo Salinas), fue el Ministro Luis María Aguilar Morales. Durante su presidencia en la Corte, de 2015 a 2019, se vendieron exámenes para acceder a cargos federales, de acuerdo con una investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal.
Finalmente, durante los dos años de presidencia del máximo tribunal, de 2023 a 2025, la Ministra presidenta Norma Piña Hernández fue cuestionada por su falta de cooperación con el Poder Ejecutivo al intentar mostrar una independencia del Poder Judicial, que terminó en entredicho por la reunión privada que organizó el 12 de diciembre de 2023 en casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como informó Milenio.
En esa cena, convocada un día después de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, estuvieron presentes los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, además fueron invitados el dirigente del PRI, Alito Moreno, y Santiago Creel (éste último no fue), entonces jefe de campaña de la candidata presidencial del PRI-PAN, Xóchitl Gálvez.
El director de SinEmbargo Alejandro Páez reveló que esa solo fue una de diversas reuniones. Un grupo selecto de líderes de las élites mexicanas se encontraba cada semana con la Ministra presidenta Norma Piña en la casa de Federico Jesús Reyes-Heroles González-Garza para definir la operación política de la Suprema Corte contra el Gobierno de López Obrador.
A las reuniones de 2023 asistieron regularmente el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el director de la revista Nexos Héctor Aguilar Camín, y el propio Reyes-Heroles. No es coincidencia la sede: Natalia Reyes-Heroles Scharrer, hija del exfuncionario público de presidentes priistas, tenía el cargo de secretaria general de la Presidencia de la Corte.
La reforma judicial de Zedillo
La Suprema Corte es un tribunal federal que, como última instancia y como garante de la Constitución, revisa acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, de decisiones gubernamentales y juicios de amparo contra, por ejemplo, actos arbitrarios del Estado.
Desde la reforma de 1994-95, ha predominado en la Corte una tradición ortodoxa con base en la Constitución y defensa de derechos humanos establecidos en tratados internacionales como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y el consumo lúdico de la mariguana, pero, como en el resto del mundo, no está exenta de la política.
Se estableció que la duración del periodo de los ministros fuera de 15 años para buscar evitar que fueran nombrados solo por un Presidente y le pudiera dar línea al nombrado (ahora son elegidos por voto ciudadano). La Ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Juan Silva Meza fueron los que más tiempo estuvieron y llegaron hasta Peña Nieto.
"Hay una diferencia muy importante en cuanto a la calidad de las personas que llegaron porque antes de (la reforma de) Zedillo eran como premios políticos o un lugar a donde ya se iba de salida un funcionario que no había funcionado del todo en algún lugar; era como un lugar a donde iban a parar quienes habían hecho algo que ameritaba que lo sacaran de la jugada en el ámbito del Poder Ejecutivo e iban al Poder Judicial", dijo en entrevista la abogada Leticia Bonifaz, quien en su momento se consideró para formar la terna para ministros del expresidente López Obrador.
"En 1995 se toma la decisión de que esta Corte va a fortalecer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son posibles que se presenten porque ya hay más municipios o estados que están en manos de la oposición y también un Congreso que ya no es totalmente del PRI, sino que ya da la posibilidad de que un 33 por ciento presente acciones de inconstitucionalidad".
En la reforma de derechos humanos de 2011, bajo la presidencia del Ministro Juan N. Silva Meza, se reconocen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales como derechos protegidos por la Constitución mexicana. Previamente en 2007 la Corte había declarado inconstitucional cualquier norma y código penal que criminalice el aborto.
Leticia Bonifaz, quien fue Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte, dijo en entrevista que: "Vuelvo al 95, donde claramente teníamos tres ministros conservadores que en el 2007 votaron en contra del aborto, eran los ministros Azuela, Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano. Allí claramente ellos pusieron, cuando se discutió la reforma del aborto de la Ciudad de México, sus creencias personales. Pero ya en la siguiente Corte –que tuvo muchos cambios hasta llegar a la presidencia de Norma Piña–, yo creo que tuvimos una mayoría clara de ministros progresistas que dieron un precedente muy importante en interrupción del embarazo, en matrimonio igualitario, en uso lúdico de la mariguana y en muchos otros aspectos".
